Los impasses de los gobiernos progresistas en América Latina

Predominan en América Latina, hoy, a mediados de la segunda década de este siglo XXI, los gobiernos democráticos populares. La mayoría fue electa por fuerzas de izquierda. De los jefes de Estado, cinco actuaron como guerrilleros bajo dictaduras: Dilma Rousseff, de Brasil; Raúl Castro, de Cuba; José Mujica, de Uruguay; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Salvador Sánchez, de El Salvador.

Ahora, ser de izquierda no es un problema emocional o una mera adhesión a los conceptos formulados por Marx, Lenin o Trotsky. Es una opción ética, con fundamento racional. Opción que tiene como objetivo favorecer, en primer lugar, a los marginados y excluidos. Así que nadie es de izquierda por declararse como tal o por llenarse la boca de clichés ideológicos, sino por la praxis que ejercen en relación con los segmentos más pobres de la población.

En América Latina, los llamados gobiernos democrático-populares reflejan varias concepciones, y persiguen, en teoría, proyectos de sociedades alternativas al capitalismo. Transitan contradictoriamente entre políticas públicas dirigidas a segmentos de bajos ingresos y el sistema capitalista global, regido por la «mano invisible» del mercado.

Los gobiernos democrático-populares han provocado, de hecho, importantes cambios para mejorar la calidad de vida de amplios sectores sociales. Hoy en día, el 54% de la población latinoamericana vive en países regidos por gobiernos progresistas. Es un hecho inédito en la historia del continente. El otro 46%, unos 259 millones de personas, vive bajo gobiernos de derecha aliados a Estados Unidos e indiferentes a la agudización de la desigualdad social y la violencia.

Según Bernt Aasen, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, entre 2003 y 2011, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en el continente; la tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo en un 69% entre 1990 y 2013; la desnutrición crónica entre niños de 6 meses a 5 años disminuyó de 12,5 millones en 1990 a 6,3 millones de niños en 2011, la matrícula en la educación primaria aumentó de 87,6%, en 1991, al 95,3% en el año 2011.

Sin embargo, agrega, «nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo, donde 82 millones de personas viven con menos de $ 2.50 por día; 21,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela o están en riesgo de abandonarla; 4 millones no fueron registrados al nacer y, por tanto, no existen oficialmente (…); y 564 niños menores de 5 años mueren cada día por causas evitables» (Cfr O Globo, 05.10.2014, p. 19).

Limitaciones

Desde un punto de vista histórico, es la primera vez que tantos gobiernos del continente se mantienen alejados de los dictados de la Casa Blanca. Y también es la primera vez que se crean articulaciones continentales y regionales (ALBA, CELAC, UNASUR, etc.) sin la presencia de Estados Unidos. Esto constituye una reducción de la influencia imperialista en América Latina, entendida como predominio de un Estado sobre otro.

Sin embargo, otra forma de imperialismo prevalece en América Latina: la dominación del capital financiero, centrado en la reproducción y concentración del gran capital, que se basa en el poder de sus países de origen para promover, desde los países de acogida, la exportación de capitales, bienes y tecnologías, y apropiarse de las riquezas naturales y el valor agregado.

Hubo un deslizamiento de la sumisión política a la sumisión económica. La fuerza de penetración y obtención de ganancias del gran capital no se redujo con los gobiernos progresistas, a pesar de las medidas regulatorias y cobro de impuestos adoptados en algunos de esos países. Si, de un lado, se avanza en la implementación de políticas públicas favorables a los más pobres, por otro, no se reduce el poder de expansión del gran capital.

Otra diferencia entre los gobiernos democrático-populares es que unos se atreven a promover cambios constitucionales, mientras que otros permanecen en los marcos institucionales y constitucionales de los gobiernos neoliberales que los precedieron, mientras se empeñan en conquistas sociales significativas, como la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Las fuerzas de izquierda de América Latina siguen centrando su atención en la ocupación del aparato del Estado. Luchan para que los sectores marginados y excluidos se incorporen a los marcos regulatorios de la ciudadanía (indígenas, sin tierra, sin techo, mujeres, recolectores de materiales reciclables, etc.). Los gobiernos y movimientos sociales se unen, especialmente durante los períodos electorales, para frenar las violentas reacciones de la clase dominante alejada del aparato estatal.

Sin embargo, es esta clase dominante la que mantiene el poder económico. Y por más que los inquilinos del poder político implementen medidas favorables para los más pobres, hay un escollo insalvable en el camino: todo modelo económico requiere de un modelo político coincidente con sus intereses. La autonomía de la esfera política en relación con la económica es siempre limitada.

Esta limitación impone a los gobiernos democrático-populares un arco de alianzas políticas, a menudo espurias, y con los sectores que, dentro del país, representan al gran capital nacional e internacional, lo que erosiona los principios y objetivos de las fuerzas de izquierda en el poder. Y lo que es más grave: esa izquierda no logra reducir la hegemonía ideológica de la derecha, que ejerce un amplio control sobre los medios de comunicación y el sistema simbólico de la cultura dominante.

Mientras que los gobiernos democrático-populares se sienten permanentemente acorralados por las ofensivas desestabilizadoras de la derecha, acusándola de intentar un golpe de Estado, ésta se siente segura al estar respaldada por los grandes medios de comunicación nacionales y globales, y por la incapacidad de la izquierda para crear medios alternativos suficientemente atractivos para conquistar los corazones y las mentes de la opinión pública.

El modelo neodesarrollista

El modelo económico imperante, gestionado por el gran capital y adoptado por los gobiernos progresistas, se orienta a aprovechar las ventajas de la «globalización» para exportar commodities y recursos naturales con el fin de recaudar dinero para financiar, a través de políticas públicas, el consumo de los sectores excluidos por la deuda social.

Aunque adopten una retórica progresista, los gobiernos democrático-populares no logran prescindir del capital transnacional que les asegura apoyo financiero, nuevas tecnologías y acceso a los mercados. Y para eso, el Estado debe participar como fuerte inversor de los intereses del capital privado, ya sea facilitando el crédito, mediante la exención de impuestos y la adopción de asociaciones público-privadas. Este es el modelo de desarrollo post-neoliberal predominante hoy en América Latina.

Este proceso exportador-extorsivo incluye recursos energéticos, hídricos, minerales y agrícolas, con la destrucción progresiva de la biodiversidad y del medio ambiente, y la entrega de tierras a los monocultivos anabolizados por agrotóxicos y transgénicos. El Estado invierte en la construcción de grandes obras de infraestructura para promover el flujo de bienes naturales mercantilizados, cuya facturación en divisas extranjeras rara vez regresa al país. Una gran parte de esta fortuna se aloja en los paraísos fiscales.

Esta es la contradicción que el modelo neodesarrollista, la verdad sea dicha, anula las diferencias estructurales entre los gobiernos de izquierda y derecha. Pues adoptar tal modelo es aceptar tácitamente la hegemonía capitalista, aunque sea con el pretexto de cambios «graduales», «realismo» o «humanización» del capitalismo. De hecho, es mera retórica de quien se rinde al modelo capitalista.

Si los gobiernos democrático-populares quieren reducir el poder del gran capital, no les queda otra vía que la intensa movilización de los movimientos sociales, ya que, en esta coyuntura, la vía revolucionaria está descartada, y, de hecho, sólo interesaría a dos sectores: a la extrema derecha y a los fabricantes de armas.

Sin embargo, si lo que se pretende es garantizar los intereses del gran capital, los gobiernos progresistas tendrán que adecuarse para, cada vez más, cooptar, controlar o criminalizar y reprimir a los movimientos sociales. Todo intento de equilibrio entre los dos polos es, de hecho, contraer nupcias con el capital y, al mismo tiempo, coquetear con los movimientos sociales en un intento de simplemente seducirlos y neutralizarlos.

Valores

¿Cómo tratan los gobiernos democráticos-populares los segmentos de la población beneficiados por las políticas sociales? Es innegable que los niveles de exclusión y miseria provocados por el neoliberalismo requieren de medidas urgentes, que no se limiten al mero asistencialismo. Porque tal asistencialismo se restringe al acceso a beneficios personales (bonos financieros, escuelas, atención médica, crédito preferente, subsidios a productos básicos, etc.), sin que esto se complemente con procesos pedagógicos de formación y organización políticas. De este modo, se crean reductos electorales, sin adhesión a un proyecto político alternativo al capitalismo. Se dan beneficios sin suscitar esperanza. Se promueve el acceso al consumo sin propiciar el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. Y lo que es más grave: sin darse cuenta de que, en medio del actual sistema consumista, cuyas mercancías reciclables están impregnadas de fetichismo que valoran al consumidor y no al ciudadano, el capitalismo post-neoliberal introduce «valores» –como la competitividad y la mercantilización de todos los aspectos de la vida y la naturaleza– que refuerzan el individualismo y el conservadurismo.

El símbolo de esta modalidad post-neoliberal de consumismo es el teléfono celular. Este trae consigo la falsa idea de la democratización por medio del consumo y de incorporación a la clase media. De esta manera, segmentos excluidos se sienten menos amenazados cuando consideran que está a su alcance, más fácilmente, actualizar el modelo de celular que conseguir saneamiento donde habitan. El celular es símbolo para sentirse incluidos en el mercado… Y todos sabemos que las formas de existencia social condicionan el nivel de conciencia. O, en otras palabras, la cabeza piensa donde los pies pisan (o imaginan que pisan).

Nuestros gobiernos progresistas, en sus múltiples contradicciones, critican el capitalismo financiero y, al mismo tiempo, promueven la bancarización de los segmentos más pobres, a través de tarjetas de acceso a los beneficios monetarios, a pensiones y salarios y a las facilidades de crédito, a pesar de la dificultad de cargar con los intereses y el pago de las deudas.

En resumen, el modelo neodesarrollista seguido por la izquierda se empeña en hacer de América Latina un oasis de estabilidad del capitalismo en crisis. Y no se puede escapar de la ecuación que asocia calidad de vida y crecimiento económico, según la lógica del capital. En tanto no se socializa culturalmente la propuesta indígena del buen vivir, para la gran mayoría vivir bien será siempre sinónimo de vivir mejor en términos materiales.

El gran peligro en todo esto es fortalecer, en el imaginario social, la idea de que el capitalismo es perenne («La historia ha terminado», proclamó Francis Fukuyama), y que sin él no puede haber un verdadero proceso democrático y civilizatorio. Lo que significa demonizar y excluir, incluso por la fuerza, a todos aquellos que no aceptan esta «obviedad», quienes pueden ser considerados terroristas, enemigos de la democracia, subversivos o fundamentalistas.

Esta lógica se ve reforzada cuando, en las campañas electorales, los candidatos de izquierda se congratulan, enfáticamente, de la confianza del mercado, de la atracción de las inversiones extranjeras, de la garantía de que los empresarios y banqueros tendrán mayores ganancias, etc.

Durante un siglo, la lógica de la izquierda latinoamericana jamás se encontró con la idea de superar el capitalismo por etapas. Este es un dato nuevo, que requiere mucho análisis para poner en práctica políticas que impidan que los actuales procesos democrático-populares sean revertidos por el gran capital y por sus representantes políticos de derecha.

Este desafío no puede depender solo de los gobiernos. Este se extiende a los movimientos sociales y partidos progresistas que, cuanto antes, necesitan actuar como «intelectuales orgánicos», socializando el debate sobre los avances y contradicciones, dificultades y propuestas, a fin de ensanchar cada vez más el imaginario centrado en la liberación del pueblo y en la conquista de un modelo de sociedad post-capitalista verdaderamente emancipatorio.

Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No.500 de diciembre de 2014, que trata sobre el tema «América Latina: Cuestiones de fondo».