Magallanes y el Gas: que su fiesta se acabe

El país ha sido testigo durante estos días del férreo rechazo de los magallánicos a las  medidas adoptadas por Enap relacionadas al gas que implicará una carestía generalizada al costo de la vida en la región.

El directorio de Enap, presidido por el ministro de Energía Ricardo Raineri y que tiene como director al ministro de Minería Lawrence Golborne, adoptó dos decisiones de gran trascendencia. Por un lado, decidió aumentar el valor del precio del gas que vende a Gasco Magallanes, única empresa privada a cargo de la distribución domiciliaria, comercial e industrial en la región, en un 16,8%. Esto implicará que desde el 1 de febrero Gasco Magallanes, fiel a la lógica de la rentabilidad privada, recargará a las cuentas de los magallánicos tal aumento.

Por otro lado, decidió bajar considerablemente el subsidio estatal existente para el consumo de gas en Magallanes, que actualmente se aplica para un techo de 25.000 cm cúbicos mensuales, a un máximo 1.000 cm cúbicos mensuales. Una familia magallánica promedio mensualmente consume alrededor de 800 a 1.000 cm cúbicos de gas, por ello el Gobierno ha dicho “que el subsidio seguirá aplicándose para las familias magallánicas”.

Sin embargo, las consecuencias de esta decisión son muy graves para la totalidad de la región la cual ocupa el gas como su oxígeno vital.

La principal (y única) fuente energética en Magallanes es el gas, manteniendo así una total prescindencia y autonomía respecto al resto del país. El funcionamiento de su economía menor y mayor depende de este recurso, por ejemplo: una panadería que en promedio tiene un consumo mensual muy superior al nuevo máximo del subsidio, deberá pagar una suma extremadamente más alta a la de hoy. Otro tanto pasará con el transporte público el cual en su totalidad ocupa gas como su combustible.

Detrás de todas estas medidas no hay nada nuevo bajo el sol, ya que forman parte de un vigoroso plan de profundización de la privatización de la exploración y explotación de este recurso energético.

En efecto, con la reducción del subsidio lo que se busca es abrir espacio atractivo a nuevos capitales, particularmente extranjeros, para que inviertan en las tareas de exploración y explotación de los pozos de gas de la región (que podrían cubrir hasta el 50% del consumo energético nacional), tareas que tiene a su cargo casi exclusivamente Enap. Así, el subsidio existente es un molesto escollo y un poderoso desincentivo para hacer rentable, convertir en una “verdadera fiesta” -parafraseando al ministro Raineri que dijo que la fiesta del consumo de gas de los magallánicos debía terminar-, el negocio del gas.

Pero, la decisión también es combatida desde la perspectiva del centralismo político. Es decir, aquellos que tomaron esta decisión son principalmente gente del norte que no tienen idea qué significa vivir en un clima adverso los 365 días del año ni mucho menos en un lugar donde el coste de la vida es 3 veces superior al del resto del país.

Esta decisión tomada por los del norte, que para el resto de los chilenos son los de siempre, nos muestra la continuidad de las políticas privatizadoras para todos nuestros recursos y servicios estratégicos concebidas por la dictadura, ejecutadas magistralmente por la Concertación y maduradas por el Gobierno.

Estos hechos han generado que los magallánicos en masa se hayan volcado a las calles, en un movimiento ascendente que hasta ahora se encuentra circunscrito a un petitorio más reivindicativo-económico que político-estratégico. Sin lugar a dudas, será un gran logro revertir la decisión, pero el real avance político de masas estará puesto en la instalación en el consciente colectivo de un ideario de profundo cuestionamiento a la manera en que se ha manejado en los últimos 30 años este recurso que pertenece a todos los chilenos, lo que consecuencialmente permitirá poner sobre la mesa demandas como  la nacionalización del gas o la creación de una empresa regional de energía estatal, con participación de la comunidad, que se encargue del desarrollo energético de la región, que  permitan poner fin definitivo a “su fiesta”.

Por Jorge Sharp