Más de 30 años tejiendo un acuerdo de paz para la vida

Por Mónica Delgado

El Acuerdo de Paz de la Habana entre las FARC-EP y el Estado colombiano, cumple el 24 de noviembre apenas 5 años de ser rubricado por las partes; sin embargo, se viene tejiendo desde hace más de treinta años y es resultado de un pulso político y militar en el que no sólo participaron las FARC EP sino millares de colombianos y colombianas.

En 1982 las Farc ep, plantearon luego de 18 años de confrontación bélica con el Estado, la necesidad de buscar la solución negociada al conflicto armado, para avanzar en un proceso de inclusión política y social y evitar más derramamiento de sangre causado por la aplicación de la doctrina del enemigo interno.  

En el 84, con el presidente Belisario Betancourtfirman los Acuerdos de la Uribe, que contenían una reforma agraria, un movimiento amplio de participación democrática y el silenciamiento paulatino de los fusiles. Pero, el partido surgido del dialogo, la Unión Patriótica fue atacado y miles de dirigentes asesinados.

Las guerrillas que crecían por la represión estatal, se articularon en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, para avanzar unificadas en conversaciones de paz, pero, el poder las abordó en conversaciones aisladas, derivando en la desmovilización del M19, el EPL y un sector del ELN en el contexto del derrumbe del socialismo real en la Europa Oriental.

En el 90 César Gaviria introduce la política neoliberal, al tiempo que, el movimiento popular y guerrillero impulsaban un proceso Constituyente que expide la Constitución del 1991; Gaviria retoma las conversaciones de paz en Venezuela y México con las fuerzas restantes de la Coordinadora Guerrillera, pero, prontamente rompe los diálogos y decreta la “guerra integral” en la que el Ejército oficial recibirá los golpes más grandes de su historia.

El Estado conforma grupos paramilitares, la palabra masacre se naturaliza; Colombia se convierte en el escenario del horror. Empeñadas en plantear las vías menos dolorosas, las Farc establecen en la Octava Conferencia, una plataforma para la reconstrucción y la reconciliación nacional como insumo para conversar; la solución política al conflicto armado se tornó en la bandera del movimiento democrático y popular, que clamó por paz con justicia social.

Con la promesa de buscar una salida negociada con las Farc, Andrés Pastrana llega a la presidencia en 1998; acepta desmilitarizar una región del sur del país, el Caguán, que será el escenario de un multitudinario ejercicio nacional de diálogo político sin precedentes. Pero, Pastrana, no estaba interesado en el debate ni en la paz, ganaba tiempo, para impulsar el Plan Colombia, dotar, modernizar y duplicar a las fuerzas armadas. En el 2002 rompe los diálogos e inicia la más grande ofensiva contra las FARC y otras expresiones organizativas del del pueblo.

Con dinero de Estados Unidos, y asesoría norteamericana, británica e israelí, Álvaro Uribe Vélez incendia el país y decreta el Plan Patriota y otras operaciones militares a gran escala. Se aplican bombardeos indiscriminados, se paramilitariza el parlamento y otras instituciones; se consolida el Estado mafioso; miles de jóvenes de clase baja, son asesinados y pasados por positivos, que son muertos en combate; se persigue, se judicializa, se asesina a la oposición impunemente; la gran prensa es cómplice.

Hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre 24 de 2016, se vivieron en Colombia escenas de guerra nunca vistas, la población civil se encontraba profundamente afectada de una y otra manera por las acciones de uno y otro bando; el número de víctimas se tornó insoportable. Colombia, estaba desgastada por una cruenta guerra que no vislumbraba solución militar a corto plazo. El ejército no logró la derrota de las farc y la lucha armada se acercaba a medio siglo de lucha, sin alcanzar los sueños y los planes de insurrección popular.

El clamor por la paz cobró más fuerza que nunca a partir del año 2010; la paz vuelve como consigna a las calles de grandes ciudades Se configura un contexto latinoamericano de gobiernos progresistas y democráticos apto para la paz; La CELAC y UNASUR se unen al coro por la paz en Colombia; en estados Unidos ganan los demócratas; con Barack Obama en el poder, el presidente Juan Manuel Santos plantea un acuerdo para poner fin a la confrontación, las FARC aceptarían si y sólo si lo acordado atendía las causas que originaron el conflicto.

Tras casi cinco años de discusiones, las delegaciones del gobierno nacional y las FARC, con la garantía de Cuba y Noruega y el acompañamiento de Chile y Venezuela, (que con Chávez más que acompañamiento fue impulso vital); con el visto bueno del delegado de Obama en la Mesa y el apoyo de la Unión Europea y las Naciones Unidas, concretaron un Acuerdo Final de Paz para la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Proporcionando soluciones a las causas que generaron el conflicto, el Acuerdo de la Habana establece que en el curso de 15 años debe implementarse la reforma rural integral, la democratización de la vida nacional, la solución al problema de las drogas y las garantías para la vida, integridad y libertad de todos y todas las ciudadanas de Colombia, todas medidas que afectan de una u otra forma los intereses del sector de la oligarquía que se lucro con y a partir de la guerra.

Es por eso que ese sector representado en el actual gobierno ha atacado el acuerdo con sevicia, mientras simula ante la comunidad internacional su implementación; pero, se acercan elecciones presidenciales y parlamentarias y un proceso de amplia convergencia política, llamado el Pacto Histórico, impulsado en buena medida por las posibilidades abiertas por el Acuerdo de paz, amenaza la hegemonía de la extrema derecha.

Luego de 50 años de confrontación armada y de un proceso colectivo de 30 años de consecución de un Acuerdo de paz que aborda las causas del conflicto, el pueblo colombiano enfrenta el desafío de elegir un gobierno que apueste a la implementación integral del Acuerdo, que reestablezca la mesa de diálogo con el ELN; y de apertura al proceso de inclusión social y política que vienen pujando los hijos e hijas de Colombia durante varias generaciones.