Medio año de gobierno mileísta

Los datos económicos y sociales del medio año del gobierno de LLA son brutales y dramáticos. Millones de seres humanos padecen alguna forma de insuficiencia alimentaria, y otros muchos millones están hundidos en la pobreza. Millones de trabajadores han visto disminuidos sus ingresos.

Medio año de gobierno mileísta

Autor: Rolando Astarita

En esta nota pasamos revista a algunos de los principales datos referidos a la situación de la economía argentina en estos siete primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Comenzamos destacando la profundidad de la crisis.

La economía, al fondo y estancada

El primer trimestre de 2024 fue el peor desde la crisis de la salida de la convertibilidad en 2002. El PBI cayó 5,1% en términos interanuales; el consumo privado cayó 6,7%; la formación bruta de capital fijo (comprende construcciones, maquinaria y equipo, equipo de transporte) se derrumbó 23,4% (INDEC, también para lo que sigue). En el primer trimestre, en términos interanuales, la Construcción varió -19,7%; la Industria manufacturera -13,7%; la Intermediación financiera -13%, Comercio mayorista, minorista y reparaciones -8,7%. La contrapartida fue el crecimiento de Agricultura, ganadería y silvicultura (+ 10,2%).

En el segundo trimestre la economía se estacionó en esas profundidades. El Estimador mensual de actividad económica en abril cayó 0,1% con respecto a marzo, y bajó 1,7% en comparación interanual. El índice de producción industrial manufacturero en mayo cayó 14,8% interanual. En el acumulado de enero a mayo fue negativo 15,2% interanual. El indicador de la actividad de la construcción en mayo cayó, interanual, 32%.

Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) la caída interanual acumulada del Índice de consumo, entre enero y mayo, fue del 4,3%; la caída de mayo, en términos reales, interanual, fue del 7,7%. El consumo comporta el 70% del PBI. Algunos rubros fueron particularmente afectados. El consumo de Indumentaria y calzado tuvo una caída, en mayo, del 27% interanual; Transporte y vehículos cayó 11,3%; Recreación y cultura se desplomó 42,6%.

Los datos que se conocen de junio no son alentadores. Según ADEBA, la producción de automóviles ese mes fue de 32.929 unidades, 16,7% menos que en mayo, y 40,2% menos que junio de 2023 (aunque estas cifras están en discusión porque en junio hubo seis días hábiles menos que en mayo). Más concluyente son los despachos de cemento: en junio cayeron 32,8% en términos interanuales, y disminuyeron 3% con respecto a mayo. En siderurgia las empresas (Acindar en primer lugar) siguen reduciendo turnos de producción, suspendiendo o despidiendo trabajadores. Las ventas de maquinaria agrícola – tractores, cosechadoras, pulverizadoras, cayeron en junio 36% con respecto a mayo, y 33,3% en el interanual (División Agrícola de ACARA).

Según CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en junio las ventas minoristas experimentaron un rebote de 1,2% con respecto a mayo. Pero caen 21,9% interanual; y acumulan una caída de 17,2% en el semestre. En términos interanuales, las ventas de alimentos y bebidas cayeron 26,6%; las de calzado y marroquinería el 20,7%; perfumería 42%; farmacia 32,8%, siempre en términos interanuales. Por otro lado, el movimiento turístico durante el feriado largo del 17 de junio fue un 64,3% inferior al del mismo período en 2023. La baja demanda hizo que muchos hoteles estuvieran cerrados durante el feriado (CAME).

Según la encuesta de expectativas realizada por el INDEC, el 53% de las empresas de la industria prevé que la demanda de su producción disminuirá entre julio y agosto; el 35,6% cree que no variará y solo un 10,7% piensa que la demanda se recuperará. El Índice de Confianza del consumidor de junio que elabora la Universidad Di Tella disminuyó 2,8% con respecto a mayo.

Caída de las jubilaciones y salarios, y desocupación

El deterioro de los ingresos y condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo en general es profundo. Es un factor importante en la desaceleración de la inflación desde el 25% mensual de diciembre pasado. La “licuación” de ingresos por vía inflacionaria es la clave del superávit financiero – 0,4% del PBI- del primer semestre. Los jubilados están entre los más afectados. El poder de compra del ingreso previsional promedio cayó 31% en términos reales con respecto al primer semestre de 2023. En el caso de las jubilaciones mínimas que cobran el bono, la caída fue del 19%. En lo que respecta a los trabajadores estatales, entre enero y mayo sus salarios aumentaron 53% contra una inflación acumulada del 71,5%. Es una pérdida del poder adquisitivo del 18,5%.

Otro dato: el salario mínimo, vital y móvil, que no se actualiza desde mayo, tiene un poder de compra 32,1% menor que el que tenía en noviembre de 2023 (dato CIFRA CTA, 16/07/2024). “Esta pérdida se suma a las importantes reducciones que tuvieron lugar en años previos, que superaron el 10% anual en los años 2018, 2019 y 2020” (ibídem).

Otro indicador es el RIPTE, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (fueron declarados de forma continua en los últimos 13 meses, sean privados o estatales) que publica la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En los últimos 13 meses los trabajadores del sector privado y del Estado recibieron, en promedio, $730.000 netos. Equivale al 85,7% de la canasta básica total (define la línea de pobreza) de un hogar conformado por dos adultos y dos menores. Desde 1° de diciembre 2023 a fin de abril 2024 los precios al consumidor aumentaron 107%; los salarios RIPTE en ese período aumentaron solo 83%. En promedio, los salarios en lo que va de 2024 (hasta mayo) resultan 19,4% menores a los salarios de 2023.

A su vez, aumenta el desempleo. “A partir de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) junto a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se determinó que, de un universo de 61.000 empresas vinculadas a la construcción, textiles, petróleo, metalmecánica, molineros, entre otros, el 80% tuvo que despedir empleados como consecuencia de la caída en la actividad durante los primeros meses de gestión mileísta, mientras que otro porcentaje similar tuvo que recurrir a los retiros voluntarios” (El Destape). Según la Asociación de Empresarios, en el primer semestre de 2024 cerraron unas 10.000 Pymes. Leonardo Bilanski, presidente de la entidad, dice que antes de alcanzar el objetivo de bajar la inflación “lo que vamos a ver es una destrucción masiva de empleo y destrucción de Pymes” (Perfil).

Otro dato significativo es que de enero a abril se cerraran 340.000 cuentas sueldo. La cifra encaja con el aumento de la tasa de desempleo del 5,7% en el cuarto trimestre de 2023 al 7,7% en el primero de 2024. Representa unos 415.000 desocupados más. El desempleo es particularmente elevado en la construcción: según las cámaras empresarias y el sindicato, se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Por otro lado, a miles de trabajadores estatales no les renovaron los contratos; a fines de junio hubo una nueva ola de despidos.

Pobreza y hambre

Según el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica, en el primer trimestre de 2024 el índice de pobreza alcanzó al 55,5% de la población (publicado por Infobae). Significa que casi 25 millones de personas reciben ingresos por debajo de la Canasta Básica Total. En el tercer trimestre 2023 el porcentaje de pobres era 44,7% de la población. Según la Universidad Di Tella entre enero y marzo de este año hubo 3,2 millones de nuevos pobres. También según ODS-UCA, el 32,5% de los trabajadores ocupados reside en hogares en situación de pobreza. Al considerar la población económicamente activa, el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.

La indigencia aumentó del 9,6% al 17,5% de la población. La inseguridad alimentaria afecta al 24,7% de las personas; al 29,4% de los hogares; al 32% de los niños y adolescentes. Sufren inseguridad alimentaria severa el 9,9% de las personas; el 12,7% de los hogares; y el 16,5% de los niños y adolescentes. También en el informe del ODS-UCA: “… el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales; el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria; el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria” (Infobae 3/06/2024).

Consumo y gasto

Según cualquier curso elemental de Macroeconomía, los componentes de la demanda son el consumo, la inversión, el gasto público y el neto comercial (exportaciones – importaciones).  Dada la caída de jubilaciones y salarios, el consumo masivo no puede ser activador de la demanda. En cuanto al consumo de bienes durables –automóviles en primer lugar- por parte de la clase media adinerada, rentistas, capitalistas, por ahora solo se ven rebotes débiles.  

En cuanto al gasto fiscal, además de la reducción de salarios estatales y jubilaciones, se ha reducido dramáticamente la inversión pública: cayó un 83% en el semestre. Las obras viales cayeron 93%. Las transferencias a comedores escolares en el primer semestre se redujeron, interanual, 19,5%. Los recursos para las políticas alimentarias cayeron 17%. En el primer semestre las partidas para las universidades disminuyeron, en términos reales, 30,8%. El argumento del gobierno es que “no hay plata” (aunque, por Decreto de Necesidad y Urgencia mediante, acaba de duplicar el presupuesto destinado a Seguridad y Defensa).

La caída del gasto profundiza la recesión, con lo cual disminuye la recaudación fiscal. En junio la recaudación de IVA y Ganancias cayó, en términos reales, un 20%, interanual. En términos interanuales, en el primer semestre los ingresos fiscales experimentaron una reducción, en términos reales, de 15%. Lo que lleva a nuevas reducciones del gasto, que a su vez reducen la recaudación.

Inversión

La inversión no da signos de mejorar, y la capacidad ociosa es elevada: según el INDEC, en abril 2024 la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 56,6%, un nivel inferior al 68,9% que había en abril de 2023. Además, muchas empresas en 2023 se sobre-stockearon, aprovechando el dólar oficial barato (y participando del “curro” de los permisos de importación). No hay, pues, terreno para mucha inversión en equipos o ampliar instalaciones.

Pero un factor más “estructural” es la desconfianza en la dinámica de la macroeconomía (deuda creciente; apreciación del tipo de cambio inconsistente con la productividad de la economía, y otras variables). O, más en general, la ausencia de lo que algunos marxistas han llamado una “estructura social de acumulación”. La idea central es que los capitalistas invierten de acuerdo a sus perspectivas de ganancia, y estas “se basan no solo en variables sobre las cuales los capitalistas tienen influencia directa, sino también sobre un complejo de relaciones sociales en general que individualmente no pueden transformar. Estas condiciones ambientales incluyen no sólo factores económicos, como la disponibilidad de crédito y el nivel de demanda esperada, sino también sociales y políticos, como la confiabilidad de la fuerza de trabajo potencial, la estabilidad de los gobiernos de los países en los que invierten sus capitales, y el apoyo de la política gubernamental a la acumulación en general” (véase aquí).

La situación de la lucha de clases, la capacidad de resistencia de la clase obrera, la estructura del Estado, el régimen cambiario o monetario, son factores que inciden en las decisiones de inversión. En este respecto, y refiriéndose al gobierno de LLA, hace poco The Economist se preguntaba qué inversor hundiría su capital en una economía en la que no hay la menor previsión sobre cuál será su régimen monetario y cambiario.

En el mismo sentido, genera preguntas el hecho de que al frente del Ejecutivo haya una persona que dice estar a favor de destruir al Estado. Y que se ha peleado con las cabezas de gobierno de, por lo menos, Colombia, España, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay. Si bien los factores psicológicos –como es el caso de un desequilibrado ultraderechista puesto a Presidente- no son lo decisivo, aportan lo suyo a la coyuntura. Todo esto ubicado en la perspectiva más larga de un país cuyo producto por habitante ha caído, desde 2013, aproximadamente, 15%; que desde 1950 tuvo una recesión en uno de cada tres años (Banco Mundial); que atravesó por varias hiperinflaciones y defaults de deuda; cuya moneda en 55 años perdió 13 ceros; y experimenta repetidas y violentas fluctuaciones del tipo de cambio real. El economista senior del Banco Mundial para Argentina, dice: “Esa dinámica afecta las decisiones de los agentes económicos, cuando uno piensa en temas de inversión, que es algo fundamental como motor de desarrollo y de crecimiento económico: cuando el ciclo es tan volátil, es complicado tomar decisiones de largo plazo” (La Nación, 14 junio 2024).  La misma clase dominante criolla mantiene el equivalente a un producto bruto en inversiones en el extranjero (inmobiliarias, plazos fijos, fondos de inversión, paraísos fiscales).

Salvo algunos casos aislados, no hay visos de un aumento significativo de la inversión neta en medios de producción. La inversión directa extranjera no repunta: el acumulado en los cinco primeros meses es de apenas US$371 millones (INDEC). Milei recibe palmaditas de aliento de Musk; de dueños de empresas tecnológicas; y de referentes de la ultraderecha internacional, pero no por eso repuntan las inversiones. Incluso los fondos de inversión especulativos toman distancia; la inversión de portafolio de no residentes entre enero y mayo fue de apenas US$18 millones. Y prometen que en tanto continúe el cepo cambiario, el asunto seguirá más o menos así. ¿Recuerdan cuando el candidato Javier Milei aseguraba que tenía agendados fondos dispuestos a traer al país US$30.000 millones, con los que dolarizaría la economía? El riesgo país por arriba en 1.600 puntos (al 15 de julio 2024) también es un indicador del nivel de desconfianza.

RIGI, chantaje de inversiones y Petronas-YPF

En términos generales, la superación de las crisis capitalistas ocurre por vía, entre otros factores, de profundas redistribuciones de los ingresos desde los salarios a los beneficios. A este fin, la amenaza de la desocupación es clave para obligar a los trabajadores a aceptar peores condiciones laborales y reducciones de salarios, o ingresos indirectos (como los relacionados con la salud y la educación). El mensaje del capital es “si no aceptas trabajar por tal salario, no te contrato”; o “vas a la calle”; “hay muchos dispuestos a ocupar tu lugar”, y similares. Es el poder de la propiedad privada de los medios de producción sobre los que solo disponen de su fuerza de trabajo. “Aunque eres libre de elegir no trabajar y morir de hambre”. La libertad ante todo, por supuesto. Como se encargan de recordarlo a cada rato Milei y los suyos. 

Es la relación básica entre el capital y el trabajo. Pero en un sentido más amplio, esa amenaza se plasma en el chantaje de la huelga de inversiones. “Si los trabajadores no aceptan tales y cuales condiciones; si los gobiernos no brindan tales y cuales beneficios impositivos, cambiarios; si no garantizan tal “seguridad jurídica”; si no se ponen tales y cuales límites a la acción sindical; si no se suprimen tales y cuales reglamentaciones ambientales, etcétera, llevamos nuestros capitales a otro lado”.

Es el contenido del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), aprobado en la Ley de Bases. Es una serie de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros, además de estabilidad impositiva, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años, para inversiones en determinados sectores y sean de por lo menos US$200 millones. Dejando de lado el hecho de que es imposible encajar el RIGI en el discurso “a lo Hayek” (¿el Estado discriminando las condiciones de inversión?), lo que importa destacar es su contenido social y político. Es el “no invertimos hasta no asegurar las mejores condiciones para la explotación del trabajo y la realización de las ganancias”.

El tema cobra actualidad a raíz de la inversión que realizarían Petronas (empresa estatal malaya) e YPF para construir una planta de licuefacción de gas natural.  Implicaría una inversión de US$30.000 millones, o más. Hasta hace poco se contemplaba construir la planta en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Pero ahora el gobierno de Río Negro está ofreciendo Puerto Colorado. Y Horacio Marín, presidente de YPF, puso como condición para realizar la inversión en Bahía Blanca que Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires adhieran al RIGI. “Sin RIGI no hay GNL”. La Legislatura rionegrina se apresuró entonces a firmar la adhesión al RIGI. En respuesta, legisladores bonaerenses del PRO, e intendentes presionan por adherir al RIGI. Kicillof dijo que era una extorsión, pero eso no es obstáculo para que ofrezca un “RIGI paralelo”: también habrá beneficios tributarios para Petronas e YPF si se deciden por Bahía Blanca.

La reacción de este referente del “campo nacional” no debería llamar la atención. Cuando estuvo al frente del ministerio de Economía, aplicó el “criterio RIGI” al firmar un acuerdo con Chevron, que contenía garantías impositivas y legales, para la exploración y explotación de Vaca Muerta (véase aquí). Pero, además, también el gobierno de Alberto Fernández promovió su RIGI. Por caso, la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que aseguraba estabilidad fiscal, tributaria y normativa por 20 años e incentivos y tratamientos diferenciales para los capitales invertidos en gas y petróleo. Como puede verse, todas variantes del RIGI.

La balanza comercial y las reservas

Entre enero y mayo de 2024 la balanza comercial tuvo un saldo positivo acumulado de US$8.813 millones. Las exportaciones fueron favorecidas por el aumento del tipo de cambio real –devaluación del 118% en diciembre- y sumaron US$31.556 millones. Es un incremento del 12,5% con respecto a 2023, año muy afectado por la sequía. En tanto, las importaciones se derrumbaron, en parte porque el Gobierno las pisó, pero más importante, por la profunda recesión. En el primer trimestre cayeron, en términos reales, 24%, interanual. En abril fueron 23,6% inferior a abril de 2023; y en mayo un 32,8% por debajo de igual mes de 2023. También en mayo, en el interanual, las importaciones de maquinaria y equipo, bienes intermedios y combustibles, tuvieron caídas del 33,2%, 26,4% y 61,5% respectivamente. Es un reflejo del derrumbe de la inversión.

La mejora de la balanza comercial permitió que la cuenta corriente tenga un acumulado positivo de US$23.861 millones en los cinco primeros meses de 2023. Las reservas brutas pasaron de US$21.900 millones en diciembre de 2023 a US$29.400 millones en junio de 2024. Las netas pasaron de deficitarias por unos US$10.000 millones a neutras. Sin embargo, en junio el BCRA no acumuló reservas por compras en el mercado cambiario. De hecho, hubo una venta neta por US$ 50 millones, a pesar de ser un mes en el que tradicionalmente ingresan dólares por las exportaciones agrarias. La suba de las reservas en mayo por US$358 millones se debió a un desembolso del FMI de US$790,6 millones. El mismo es la contrapartida de una amortización, en julio, de US$ 640 millones. Si se agregan otros vencimientos de deuda, resulta que las reservas vuelven a estar en rojo. Incluso Bausili, presidente del BCRA, prevé que en el tercer trimestre caerán reservas por US$ 3.000 millones.

Hay, pues, una presión creciente de los exportadores (también del FMI y sectores del establishment) para que el Gobierno devalúe. Se calcula que hasta ahora –mediados de julio- solo se comercializó la mitad de la cosecha de soja; esto es, más de 26 millones de toneladas están sin vender. El tema de la devaluación está en el centro de muchas discusiones y tensiones al interior de la clase dominante. Es que el tipo de cambio se apreció, por la combinación de la suba de los precios internos y la devaluación del 15% del real. El 14 de diciembre el índice del TCR Multilateral elaborado por el BCRA saltó a 162 cuando se produjo la devaluación. A fines de junio estaba en 87,6. Se agrega una fuerte caída del precio de la soja (a principios de julio cayó por debajo de los US$400 la tonelada).

Las variaciones del tipo de cambio en perspectiva

Se produce una situación que se repite en la economía argentina: dado el atraso tecnológico –la falta de inversión es clave- se busca ganar en competitividad vía devaluación de la moneda. Lo que significa, entre otras cosas, bajar los salarios en términos de dólar. De esta manera mejora la situación de la cuenta corriente. Pero la contrapartida es que genera presiones inflacionarias: producida la devaluación, suben los precios de los bienes transables; y luego los precios de los no transables, y los salarios, que intentan recuperar terreno perdido. El resultado es que se aprecia el tipo de cambio, y vuelven encenderse luces rojas en la cuenta corriente. Si el Gobierno mantiene el atraso cambiario, empeora la balanza de la cuenta corriente. Si el déficit de la cuenta corriente es financiado con entrada de capitales especulativos – como ocurrió entre 2016 y principios de 2018 – se mantiene la apreciación del tipo de cambio, se agrava el déficit de la cuenta corriente, y se desemboca en la fuga de capitales, con su secuela de crisis cambiaria y eventualmente crisis bancaria. Si en cambio el Gobierno responde a la apreciación del tipo de cambio real con nuevas devaluaciones, empujará a que se acelere la inflación. En el límite, se desemboca en una elevada inflación, e incluso en hiperinflaciones.

De ahí entonces el fracaso del repetido recurso al ancla cambiario para frenar la inflación. Es lo que hicieron en su momento Martínez de Hoz y Cavallo cuando estuvieron al frente de Economía. También bajo los gobiernos K hubo períodos en que se buscó frenar la inflación retrasando el tipo de cambio. Por ejemplo, luego de la devaluación de 2014 el gobierno de Cristina Kirchner procuró fijar el tipo de cambio, en un contexto de aceleración de la suba de precios. En consecuencia, en pocos meses se había anulado el efecto devaluación, y comenzó a crecer el déficit en cuenta corriente. Nada indica que en 2024 la cosa vaya a ser muy diferente.

Apuntemos, por otra parte, que esta historia desmiente el discurso que dice que todas las variables macroeconómicas se pueden ordenar con la simple medida de equilibrar las cuentas fiscales a como dé lugar. No hay tal cosa.

Operaciones de esterilización, pasivos del Central y el monetarismo

El 28 de junio el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dieron una conferencia de prensa en la que además de asegurar que seguirán con las devaluaciones mensuales del 2%, se iniciaba una nueva etapa, uno de cuyos ejes pasará por eliminar los pasivos remunerados del BCRA. Los mismos pasarían a engrosar la deuda del Tesoro. El objetivo declarado es eliminar una fuente de emisión monetaria –por el pago de los intereses de esos pasivos- y bajar la tasa de interés.

A fin de desarrollar la crítica, es conveniente analizar la lógica que subyace a la emisión de títulos por parte del Banco Central, antes las Lebac, después las Leliq, luego los pases pasivos. La excusa que se esgrime es que es necesario absorber “los pesos sobrantes” en la economía. El trasfondo teórico es el tradicional enfoque monetarista, o sea, la teoría cuantitativa. Esta afirma, en esencia, que el aumento de la cantidad de dinero por encima de lo que crece el producto termina en el aumento de los precios. Por lo tanto, sigue el razonamiento, si el Banco Central compra dólares a los exportadores, y emite pesos (supongamos que desea mantener el tipo de cambio), debe “esterilizar el sobrante de pesos” (sobrante en el sentido de que su crecimiento excede lo que crece el producto), vendiendo títulos a las entidades financieras y otros inversores. De esta manera el Central impide que haya traslado del “sobrante” a los precios; o sea, la operación es para mantener baja la inflación. El mismo razonamiento se aplica si el Banco Central emite dinero para financiar al Tesoro; luego de entregar el dinero debe retirarlo, ahora vendiendo títulos.

Esta política es defendida por los monetaristas, pero también por muchos “heterodoxos progresistas”. Por eso, la receta ha sido aplicada por gobiernos que se declararon enemigos del monetarismo (como ocurrió en el gobierno de Cristina Kirchner). En cualquier caso, enfatizamos: el argumento monetarista dice que así se controlan y disminuyen presiones inflacionarias. A esterilizar pues “esos pesos que andan dando vueltas” (sic, expresión habitual de economistas y expertos en finanzas). La receta es asumida como efectiva y eficiente por el establishment empresarial y aparece avalada por los “economistas serios y responsables”.

Pero la realidad es que el planteo es contradictorio. La razón es sencilla: los títulos que vende el Central rinden intereses; y estos hay que pagarlos. Con lo que surge la pregunta de con qué ingresos, surgidos de dónde, se pagan esos intereses. Y aquí aparece el problema. Para verlo de manera sencilla: cuando un banco, o un inversor dinerario, prestan dinero a un capitalista, este lo invierte en medios de producción y fuerza de trabajo para generar valor y plusvalor; y una parte de esta plusvalía paga los intereses del préstamo (además, una parte del valor realizado permite devolver el principal). Esto es “lo normal”, y el origen del dinero que cubre el interés es claro: es parte del valor agregado por el trabajo productivo.

Sin embargo, no es lo que ocurre con el dinero que los bancos le dan al Central a cambio de las letras y bonos que emite el Central para “esterilizar”. Es que en este caso no hay generación de valor y plusvalor. En este respecto, estamos ante un capital ficticio de pies a cabeza. Se puede decir que es “más ficticio” incluso que un título de deuda del Estado, que es el caso típico de Marx de capital ficticio. Es que los intereses de este último, en el ejemplo de Marx, son plusvalía captada por el Estado a través de los impuestos. En el caso de las letras del Banco Central que estamos considerando, ni siquiera eso. A la hora de pagar los intereses que corresponden a esos títulos habrá creación monetaria “de la nada”, es pura emisión. Y a medida que aumenta el stock de títulos en manos de los bancos, aumenta la emisión. ¿Pero no era que el aumento de la cantidad de dinero incrementa el “sobrante” de pesos, y eso genera más inflación? Sí, es así, pero eso no mueve un ápice la política de “esterilización”. Se esteriliza para evitar el aumento del dinero circulante, y para esterilizar hay que emitir cada vez más “dinero circulante”. ¿Incongruente? Por supuesto, pero no hay que pedir congruencia a los desaguisados monetaristas.

Sucesión de emisiones de pasivos del Central

Pasemos ahora breve revista a las “bolas de letras” que se han ido sucediendo en la historia reciente. Empezamos con las Lebac (Letras del Banco Central; véase aquí). Estas letras comenzaron en el gobierno de Duhalde, pero su emisión se potenció bajo el gobierno de Macri, con Federico Sturzenegger de presidente del BCRA entre 2015 y 2018.

La idea era que había que esterilizar los pesos emitidos por el Central (fueran generados por la liquidación de exportaciones; la toma de créditos por parte del Tesoro; el financiamiento monetario del déficit fiscal), y mantener elevadas las tasas de interés, a fin de que los depositantes en los bancos no se pasaran al dólar. Lo cual dio lugar a que fondos de inversión y capitales monetarios de todo tipo hicieron un buen negocio con el carry trade (una operatoria de tomar créditos en dólares, pasarse a pesos, colocarlos en Lebac o plazos fijos, y hecha la diferencia, volver al dólar para cancelar el crédito). Por otra parte, los bancos también hacían su negocio: captaban depósitos pagando una cierta tasa de interés; y con ese dinero compraban al Central los títulos, por los que recibían una tasa de interés más elevada. Nula generación de valor.

El resultado de estas ingenierías fue que la cantidad de Lebac aumentó vertiginosamente entre 2016 y 2018. Al momento en que Sturzenegger dejó el Central (en 2018), el stock llegaba a $1,28 billones, y la emisión para pagar los intereses era creciente (Milei considera que la gestión de Sturzenegger al frente del BCRA fue genial).

A partir de 2018 el BCRA comenzó a reemplazar las Lebac por las Leliq (Letras de liquidez). Solo las podían adquirir y operar los bancos, y el Central. De nuevo, una bola de nieve que creció sin parar: a fines de 2018 su stock fue de $760.185 millones; en diciembre de 2019 alcanzó $1,63 billones; en diciembre de 2022 fueron $6,83 billones; y en octubre de 2023 superó los $14 billones. Al asumir la presidencia Milei, dijo que había que resolver “el problema de las Leliq”, dada la enorme emisión monetaria que demandaba el pago de los intereses. En consecuencia, el BCRA dejó de colocar las Leliq; en enero de 2024 el stock pasó a cero. El dinero de los bancos se trasladó a los pases pasivos del BCRA. 

[Aclaración: los pases en esencia son préstamos –con el dinero de los ahorristas- a muy corto plazo, que los bancos hacen al Banco Central y tienen como garantía de pago un título que el Central entrega a los bancos. Pasados de uno a siete días, el Central “recompra” el título devolviendo el dinero con intereses que se pagan con emisión monetaria; si el pase es activo la operación es inversa, es el Central el que presta al banco].

De manera que ahora creció la nueva bola de nieve, los pases pasivos. En junio de 2023 el stock fue $3,66 billones. En diciembre de 2023 había subido a $20,47 billones; en abril de 2024 alcanzó los $32,66 billones. Esto es, en apenas cinco meses el gobierno Milei aumentó los pases en un 85%. Llegado a ese punto, nuevo viraje: hay que reducir los pases y orientar el dinero de los bancos de los pasivos del BCRA hacia los bonos del Tesoro. En junio el stock de pases había bajado a $17,79 billones y el Gobierno ha anunciado que desde el 22 de julio pasará a cero.

Bonos con puts

En este punto entran en juego los bonos asegurados con puts. Una operatoria que comenzó con el gobierno de Alberto Fernández, y fue promovida por Sergio Massa, su ministro de Economía.

[Los puts son opciones de venta de un activo, en este caso los bonos, a determinado precio. Esto significa que, si bajan los precios de los bonos, los bancos están cubiertos por el put. Los bancos ejercen los puts y en ese caso el Central debe comprar los bonos al precio de ejercicio de la opción].

A fin de incentivar a los bancos a que invirtieran en bonos, el Central les ofreció puts sobre esos bonos. Iniciada la operatoria con el gobierno de AF, como señalamos, la venta de puts a los bancos aumentó fuertemente en los primeros meses de 2024. En marzo cubrieron títulos por un valor de $17 billones. De ese total, el 75% son lo que se conoce como puts de “estilo americano”. Significa que se pueden ejercer en cualquier momento (los de “estilo europeo” se ejercen una vez al mes, el día de ejercicio). La mayoría de los títulos asociados a esos puts vencen en 2026 o 2027, y tienen poca liquidez. Si los bancos ejercieran los puts, -por caso, porque necesitan liquidez, o desconfían del valor de los bonos- el Banco Central debería emitir enormes cantidades de dinero. De hecho, en las últimas semanas algunos bancos (el Macro en primer lugar, señalado por Milei) ejercieron puts por $2 billones. Después de haber alentado la colocación de puts, el gobierno trata de desarmar esta nueva bola. Entre las alternativas que se barajan una es que el BCRA los recompre. Pero eso demandaría una emisión de unos $200.000 millones. Además, los bancos se resisten a desprenderse de los puts. Otra alternativa que se contempla es cambiar los títulos que hoy tienen los bancos por otros de corto plazo, y de mayor liquidez (Letra fiscal de liquidez, Lefi; Letra de capitalización, Lecap). Por ahora sigue siendo una bomba de tiempo que alimentó el mismo gobierno.

Maniobras financieras y especulación

Los expertos en “mercados” se presentan ante la opinión pública como una suerte de magos capaces de solucionar los problemas y dificultades de la economía en base a complicadas ingenierías financieras. La realidad es que no tienen ese poder. La razón de fondo es que las piruetas monetarias y financiaras, y la especulación que las acompaña, no pueden sustituir la falta de creación de valor a través del trabajo productivo. Lo hemos adelantado en relación al significado de las operaciones de “esterilización”, y lo planteamos con respecto a otros pases de manos de papeles, deudas y acreencias, y similares.

Por ejemplo, el caso de los puts que adquirieron los bancos. Se los describe como instrumentos aptos para reducir el riesgo. Lo cual puede ser cierto para quien ha comprado el put, pero no para el sistema financiero, o monetario, de conjunto. Con la compra del put no desaparece el riesgo, sino se lo traslada del comprador al vendedor del mismo. Si los bancos decidieran masivamente –supongamos, porque prevén una caída de los precios de los bonos – ejercer los puts, el sistema de conjunto entraría en crisis. ¿O qué otra cosa sería un Banco Central debiendo responder al ejercicio de puts por billones de pesos, que son los activos subyacentes? La desvalorización de los “papeles” sería gigantesca. Dado que los bancos compraron títulos con dinero de sus depositantes, solo podrían responder a los retiros de depósitos con pesos completamente devaluados. En otros términos, es imposible proteger a la economía de una desvalorización generalizada de activos colocando puts.   

Otro ejemplo de maniobras en el aire y fetichismo es la creencia de que el traslado del dinero que está, o estaba, colocado en pases a bonos del Tesoro arregle algo. Si antes había $80 de deuda del Tesoro y $20 de deuda del Central, ahora habrá $100 de deuda del Tesoro. De ahí la caída de los precios de los bonos y la suba del riesgo país que se registra al momento de escribir estas líneas.

El último conejo de la galera

El gobierno de la LLA ahora sacó otro conejo de la galera: el Central va a intervenir en el mercado vendiendo dólares. La intención sería sacar aproximadamente $2,5 billones. El argumento es que la emisión monetaria contra dólares también es inflacionaria, y hay que bajar la brecha cambiaria. Dado, además, que el Banco Central mantiene el cepo –y por lo tanto hay muchos precios del dólar- se considera hacer negocio comprando dólares al precio oficial, y vendiéndolos luego al dólar financiero o blue.

Para explicarlo con un ejemplo sencillo, supongamos que un exportador liquida US$100 y el tipo de cambio oficial es $900/US$. El Central absorbe US$100 y emite $90.000. Supongamos que el dólar financiero, o el blue, están en $1.400/US$. Entonces el Central compra en el mercado los $90.000 vendiendo US$64,3. En ese caso se queda con US$35,7 de los US$100 que habían liquidado el exportador. Sería el truco para acumular dólares sin aumentar la emisión. Pasando en limpio, toda la ciencia pasa por comprar barato y vender caro en un mercado dominado por el Central. Por eso, si aumenta la brecha, el Central capta más dólares. Por ejemplo, si el dólar financiero o el blue aumentan a $1.500/US$, y el oficial sigue en $900/US$, el Banco Central se quedará con US$60. Si la brecha desaparece, la operación no tiene sentido. 

Estamos ante otra maniobra que no arregla nada, o incluso empeora las cosas. Por empezar, porque disminuye la posibilidad del Central de hacerse de dólares, estando hoy el balance en rojo. En segundo lugar, no hay manera de mantener una brecha del 50%, o más, sin que se intensifique la fuga de capitales, principalmente vía subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Esto acompañado, como ocurre siempre, de estafas y chanchullos por parte de funcionarios estatales, exportadores e importadores, agentes aduaneros, financieros y similares. En tercer término, es equivocado sostener que la emisión de pesos contra dólares (o euros, yenes, oro) deprecia al peso y por lo tanto es inflacionaria. Es una situación cualitativamente distinta de la que existe cuando se emiten pesos contra “papel pintado” (tipo “Letras intransferibles”, “Adelantos transitorios”, etcétera, que pueblan el activo del Central). Si se emiten $100.000 contra respaldo de US$100 (tipo de cambio $1.000/US$), esos pesos no tienen por qué desvalorizarse a causa de esa emisión. El valor de los $100.000 se determina por su relación con los dólares.

Deuda creciente

En diciembre de 2023 el stock de deuda de la Administración Central (excluye provincias y municipalidades; organismos descentralizados y empresas estatales) bajó significativamente con respecto a noviembre: pasó de US$425.294 millones a US$370.664 millones. Esa caída se debió principalmente a una cuestión contable: con la devaluación de diciembre de casi el 120%, se licuó la parte de la deuda nominada en pesos, en su equivalente en dólares.

[Lo explicamos con un ejemplo: supongamos un título de $1.000; con el tipo de cambio en $366/US$, ese título vale US$27,3. Se produce entonces la devaluación y el tipo de cambio pasa a $820/US$; ahora el título vale US$12,2].

Sin embargo, de diciembre a junio la deuda aumentó en US$71.841 millones. Una suba del 19,4%. Una parte importante de la misma se debe a variaciones en la valuación contable (por ejemplo, por las actualizaciones de los bonos indexados por inflación o tipo de cambio), pero al margen de estas variaciones la deuda sigue subiendo. No hay manera de que no lo haga si el Tesoro absorbe los pasivos del BCRA. La caída de los precios de los bonos, que se ha producido por estos días, parece tener esta raíz.

A lo que hay que sumar el bono que se ha entregado a los importadores, el Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que continúa figurando en el pasivo del BCRA. Son emitidos por el Central en dólares para importadores que tienen obligaciones pendientes de pago por operaciones anteriores al 12 de diciembre de 2023. En junio el stock de estos bonos era de $9 billones.

A modo de conclusión

Los datos económicos y sociales del medio año del gobierno de LLA son brutales y dramáticos. Millones de seres humanos padecen alguna forma de insuficiencia alimentaria, y otros muchos millones están hundidos en la pobreza. Millones de trabajadores han visto disminuidos sus ingresos. La recuperación “en V” no asoma por ningún lado. Pero incluso si en algún momento comienza una recuperación –no hay crisis capitalistas sin salida– será a costa de increíbles sufrimientos de las masas explotadas y oprimidas. Teniendo en cuenta, además, que un rebote no es sinónimo de desarrollo sostenido de las fuerzas productivas. En la última década hubo varios “rebotes” de la economía –variaciones del producto tienen forma de serrucho– sin que nada cambiara de fondo.

Frente a este panorama, hubo resistencia por parte de la clase obrera y los sectores populares. Dos paros generales, manifestaciones –entre ellas, la de masiva concurrencia en defensa de las universidades- y otras expresiones de rechazo a medidas del gobierno de la LLA. Pero estas acciones no han detenido la ofensiva sobre el pueblo trabajador. Por encima de cuestionamientos y tensiones, la mayoría de las fuerzas burguesas coinciden en la orientación más general del gobierno de Milei. Medidas como la reducción –por no decir eliminación- del derecho de huelga; la restricción de la libertad de manifestación; la flexibilización o anulación de reglamentaciones que ponen freno a las patronales en los lugares de trabajo; la baja de salarios; el ataque a organizaciones sociales, y similares – gozan de consenso de la mayoría de los partidos burgueses, las cámaras empresarias y los medios.

Algo de esto se expresa en la concurrencia al acto de convergencia con el gobierno, llamado Pacto de Mayo, el 8 de julio en Tucumán. Lo respaldaron cuatro gobernadores peronistas (incluimos a Zamora, de Santiago del Estero, hasta ayer mismo kirchnerista); cinco de partidos provinciales (incluimos a Vidal, de Santa Cruz); cinco de la UCR y cinco de PRO. Por el lado de los empresarios, manifestaron su acuerdo con “la reforma tributaria y la reforma laboral”, la Asociación de Bancos; la Bolsa de Comercio; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Cámara Argentina de la Construcción; la Sociedad Rural; la Unión Industrial. La Asociación Empresaria Argentina también adhirió, al tiempo que pidió, entre otras demandas, avanzar en la reforma laboral que contemplaba el DNU 70/2023, por ahora frenado en la Justicia.

El enfrentamiento está planteado claramente en términos de las dos grandes clases sociales, el capital y el trabajo. El nacionalismo burgués reformista no ofrece una alternativa superadora para la clase obrera y las masas populares. Es necesario avanzar hacia la organización de los explotados, independiente del Estado y de los partidos defensores del capital.

Por Rolando Astarita

Texto publicado originalmente el 17 de julio de 2024 en el blog del autor.

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