Migración en Chile: derecho legítimo no resguardado

66 personas de nacionalidad siria llegaron a Chile hace una semana. Luego de haber sido seleccionadas tras una postulación, patrocinada por el mismo Estado, 14 familias tuvieron la oportunidad de rehacer su vida y escapar de la terrible guerra civil que azota su país. Por lo mismo, y para su total apoyo, el gobierno facilitó viviendas, clases de español y todos los procesos necesarios para que puedan acceder a aquellos servicios sociales indispensables para llevar una vida digna.

Una medida excelente. Un gesto que refleja, al menos en este caso, el compromiso por parte del Estado de respetar los derechos humanos; algo esencial y, por sobre todo, básico en una sociedad. Sin embargo, no es más que una cortina de humo que pobremente tapa nuestro escenario actual en temas de migración, algo que como país nos está sobrepasando, haciendo evidente la necesidad de repensar ciertas políticas añejas.

Por ejemplo, la ley de extranjería que hoy nos rige fue hecha y promulgada en dictadura. Data de 1975, manteniéndose activa por más de 40 años. Evidentemente nuestro país ha cambiado bastante, por lo que esto necesita de una actualización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14 se expresa de forma clara que la migración es un derecho que les compete a todos los individuos. Es inaceptable que la única ley que resguarda esto sea una hecha bajo una administración que violó sistemáticamente los derechos humanos.

A esto se le suma una serie de eventos que han sido puestos a la luz pública y que dejan en evidencia las fallas que estamos teniendo como sociedad. Primero, el inaceptable caso de la muerte de Joane Florvil, inmigrante haitiana acusada injustamente de haber abandonado a su hija de dos meses.

Resulta que aquella mujer, mientras visitaba  la Oficina de Protección de Derechos (ODP) de la comuna de Lo Prado, fue sorpresivamente víctima de un asalto. En el instante en el que se estaba defendiendo, dejó por algunos minutos a la menor sola, algo que fue interpretado por algunas personas como un abandono.

Bajo dichos cargos, carabineros decidió detener a Florvil. Al mismo tiempo, se alejó al bebé de la mujer, haciendo que esta, mientras se encontraba detenida y totalmente frustrada, golpeara su cabeza repetidamente contra la pared. Dicho sea de paso, ella no manejaba el idioma, por lo que poco y nada podía hacer para defenderse ante una acusación de ese tipo.

Dentro de un contexto similar, se han destapado una serie de casos de abusos laborales en contra de trabajadores extranjeros, quienes han recibido pagas menores al sueldo mínimo prestablecido por la ley. Además, muchos de ellos viven hacinados en sus hogares bajo condiciones de salud bastante precarias y pagando una renta elevada en relación a la calidad del inmueble ofrecido.

Cerca de 500 mil extranjeros viven en nuestro país, cifra que según las proyecciones ofrecidas por datos preliminares del censo 2017 seguiría aumentando. Es de suma necesidad una nueva ley migratoria que propicie las bases elementales para que cualquier inmigrante pueda integrarse, convivir y ser un aporte para Chile. Bajo esos parámetros, se deben resguardar sus derechos como seres humano, siendo el Estado un ente que acompañe a aquellos individuos que recién se están integrando, propiciando todos los sistemas de ayuda necesarios y asegurándose de proteger su integridad.

No hay que tomar a este grupo de personas como algo separado de nuestra sociedad, sino como parte de la misma. En ese sentido, debemos afrontar unidos las problemáticas sociales y aportar a un crecimiento conjunto y acorde a lo que los ciudadanos demandan.

Por Isabel Espinoza