No es novedad que la inserción al país del virus Covid-19 se debe a personas que viven condiciones de mayores privilegios, mientras quienes tienen menos probabilidades de sobrevivir a esta pandemia, por las precarias condiciones del Sistema Público de Salud de este país son, justamente, las personas más pobres. De igual forma sucede con el agua, pues quienes sobreexplotan y contaminan el elemento vital, ocasionando una inexorable escasez hídrica en los territorios donde se emplazan, son los dueños de los capitales extractivos, que a su vez son miembros de la casta político-empresarial chilena. No obstante, quienes padecen la escasez son las comunidades empobrecidas que no poseen el capital financiero para construir megapozos profundos ni mega-embalses “a medida” para acceder al agua, prerrogativas exclusivas del agronegociado chileno. Comunidades excluidas humanas, pero también no humanas, como los demás seres vivos oprimidos por las relaciones de dominación. Para ejemplificar esta situación de desigualdad hídrica, basta nombrar que son más de 90 mil los animales caprinos muertos agónicamente por no tener agua ni pasto que comer en estos territorios devastados.
Por otro lado, el escenario sanitario es aún peor en estos territorios, pues la población humana que habita en ellos ni siquiera tiene la posibilidad de tomar medidas de precaución para el contagio del virus tan “básicas” como lavarse constantemente las manos con jabón, porque el uso del agua se encuentra racionado. En Petorca, por ejemplo, no existe la cantidad de agua suficiente para mantener grados de sanidad apropiadas, y, por lo mismo, las comunidades se encuentran enfrentadas a la situación de no tener agua por no tener dinero, lo que a su vez redunda en no tener acceso a salud digna, por no tener agua ni dinero.
Sin duda, la agudización de la pandemia nos recuerda a la agudización de la escasez hídrica en los territorios en Chile. En efecto, durante el último año se emitieron 17 decretos de escasez hídrica por el MOP, sumando un total de 136 comunas en el país. Mientras, el presidente Sebastián Piñera sigue fomentando la exportación de agua, con la idea de que Chile “se convierta en una potencia agroalimentaria”. Pero lo peor es que ha permitido el reemplazo del bosque nativo por monocultivos; ha defendido la “certeza jurídica” de los dueños del agua, y ha promovido “soluciones” de mercado como las carreteras hídricas y los mega embalses que sólo profundizan la privatización y mercantilización del elemento vital.
Por estas razones no nos cansaremos de decirlo, la situación que se vive en los territorios ¡no es sequía, es saqueo! Saqueo construido por un marco regulatorio, expresado en un Código de Aguas y en una Constitución impuestas por la fuerza en dictadura, que no establece prioridades de uso del agua para los seres vivos, los ecosistemas y al consumo humano domiciliario. Esto redunda en que quienes poseen el capital financiero son quienes tienen más acceso al agua y de la mejor calidad. Este es el mismo marco regulatorio productivista, hecho a medida, que le otorgó a la casta política la propiedad privada de los “derechos de aprovechamiento” que pesan sobre las aguas.
Liberar el agua
Ya se cumplen siete años desde que el Movimiento por el agua y los Territorios, que articula organizaciones ligadas a la defensa ambiental desde Arica hasta Magallanes, viene denunciado el saqueo territorial todos los 22 de marzo, por ser el Día Mundial del Agua. Este año no es la excepción, pues más que nunca se hace necesario hablar de medioambiente, derechos de la naturaleza y derechos del agua, dadas las condiciones de crisis estructural social, ecológica y sanitaria que estamos viviendo. Los territorios se cansaron de esperar y desde la organización, los cabildos (más de 50 cabildos por el agua realizados que impulsó el movimiento en diversos territorios), la autonomía y la soberanía, nos hemos propuesto la movilización como la vía para desprivatizar y liberar el agua en nuestro país.
Son tiempos de exigir la asamblea constituyente plurinacional y feminista que queremos, la derogación de un Código de Aguas que no vela por el agua, la declaración del agua como un Bien Común inapropiable en la nueva Constitución, el acceso al agua como un Derecho Humano, pero también, el agua como un Derecho de la Naturaleza básico, en tanto sujeta de derechos en sí misma, como el de restauración, respeto integral de su existencia y al mantenimiento de sus ciclos.
Como movimiento hacemos un llamado a salir del paradigma de “nacionalizar el recurso” cuando hablamos del agua o las aguas. Para nosotras, nosotros y nosotres la idea de nacionalización, además de implicar un negacionismo de otros pueblos/naciones que no son parte del Estado de Chile, representa una fórmula que ha permitido sostenidamente la privatización mediante el uso exclusivo de privados de los “bienes nacionales de uso público” por la vía de dudosas concesiones, que muchas veces responden a los intereses de los gobiernos de turno. A su vez, la idea de “recurso” responde a una lógica cosificante, colonial y antropocéntrica del agua, que la mira como una “cosa” de la cual nos “adueñamos”, para luego posicionarla en el mercado de bienes y servicios.
Los territorios estamos dispuestos a visibilizar las alternativas al desarrollo y estamos trabajando en ello. Confiamos en una apuesta agroecológica para el campo y la ciudad, en la defensa y recuperación de las semillas, y en las economías territoriales, solidarias y circulares, como vías de salida a este modelo de monocultivo, plaguicidas, consumismo, egoísmo y destrucción. Así como también hemos posicionado incansablemente la gestión integral y comunitaria del agua por cuenca hidrográfica, donde localmente las comunidades de las 101 cuencas existentes definan por asambleas representativas la gestión del elemento común, respetando la primera prioridad de uso para los seres vivos y ecosistemas. Situamos así el fortalecimiento de la autonomía y organización territorial como la salida a esta crisis hídrica y ecológica que atraviesan los territorios, ecosistemas, animales y pueblos que habitan Chile, y hoy lo hacemos con más fuerza que ayer, pues a raíz de este despertar social confiamos en que otras formas de relacionarnos con la Naturaleza son posibles.
Finalmente, y al igual que la crisis sanitaria, es patente que la crisis hídrica amerita medidas urgentes que impidan el avance del saqueo hídrico extractivista en los territorios. Por lo mismo, no podemos permitir ni un bosque nativo menos, ni un humedal menos, ni un glaciar menos en nuestro país. El avance agroexportador y minero deben detenerse de inmediato, al igual que el TPP-11, las nuevas políticas pro-extractivistas de Piñera (como la agenda pro inversión y la privatización de Parques Nacionales) y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, el llamado es a seguir movilizándonos este domingo 22 de marzo contra este modelo de privatización, saqueo y abuso del agua y la Naturaleza en su conjunto, desde nuestros territorios. Siendo el primero de ellos, nuestras cuerpas y cuerpos, compuestos en un 70% de agua que hoy más que nunca debemos cuidar. Porque desde nuestras casas, comunidades y entornos habitables también pueden fluir distintas expresiones de resistencia y movilización, como lo es el llamado a cacerolazo a las 21:00 horas, que nos permitirán alcanzar, todas juntas, juntos y juntes, ¡la desprivatización y liberación del agua y los territorios!
Por Camila Zárate Zárate
Vocera Movimiento por el Agua y los Territorios – Zona Centro