Nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Hace unos días, un sonriente Rodrigo Hinzpeter anunció a Piñera la promulgación de la ley que crea el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Uno pudiese pensar que se trata de otra medida puramente comunicacional, de esas que levantan polvo pero no se diferencian en nada de lo de siempre. Sin embargo esta noticia posee una importancia mayor que la reflejada en los medios.

Junto a la decisión de hacer controlar los gastos de las FFAA por el Ministerio de Hacienda, la recuperación para el poder civil de Carabineros y la PDI tiene una significación histórica mayor. En parte porque muestra que el servilismo de los gobiernos de la Concertación hacia los militares fue voluntario, porque pudiera abrirle las puertas a una política de seguridad en Chile, una acorde al siglo XXI.

En nuestra sociedad el miedo y la incertidumbre aumentan en modo directamente proporcional al crecimiento de la población penal. En las encuestas, la delincuencia aparece como la mayor preocupación de los chilenos, superando con creces la inquietud por el estado de la salud, de la educación o de sus salarios. Ese es el orden invariable que entregan las encuestas del CEP con relación a la orientación que debiese tener el accionar del Gobierno. Tal vez por esa razón el tratamiento de la criminalidad reposa exclusivamente en la represión y la cárcel, gracias a lo cual la criminalidad no hace sino aumentar, aunque se supone que eso es precisamente lo que se trata de evitar.

Si una política de seguridad democrática debe apuntar al castigo de quienes quebrantan las leyes, incluyendo los criminales de cuello y corbata, no debe ni puede ignorar la prevención y la rehabilitación. Pero esos conceptos, que debiesen ser fundamentales, le ceden el paso a la construcción de cárceles concebidas como negocio: Chile tiene 318 reclusos por cada cien mil habitantes, mientras que Portugal tiene solo 139, España 114, Francia 90, Italia 89. ¿Quién tiene mejor seguridad ciudadana? En este continente solo los Estados Unidos tienen más reclusos que Chile. ¿Acaso los EEUU gozan de más seguridad que los europeos?

En los países con menor criminalidad la respuesta penal es un elemento entre otros. Se utiliza cuando es indispensable para frenar la violencia que genera el delito. Parece de Perogrullo, pero el éxito de una política anti delictual democrática exige tener fuerzas de seguridad que sean democráticas. ¿Cómo, si no, pasar de un modelo de represión policial y castigo carcelario a un modelo de prevención para el cual el respeto de la ley proviene, antes que nada, de la gestación democrática de la ley? La policía de proximidad, integrada en y con la comunidad, fue un gran éxito en Europa hasta que el integrismo represivo la eliminara desatando una ola de criminalidad. La policía no puede vivir contra la población sino con ella. La población debe percibir a la policía como suya, y no como un ente externo, tan o más peligroso que los delincuentes.

Debemos entender que el delito no es una mera relación entre víctima y victimario, sino el producto de un conflicto social no resuelto. Las políticas de Gobierno sólo serán eficaces cuando se hagan cargo de los problemas sociales que nutren el delito. Las políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana no pueden nacer y morir en el delito. Deben apuntar a eliminar las causas que lo generan, causas que suelen estar ligadas a las condiciones generales de vida de los ciudadanos, en particular a la miseria y a la explotación.

Todo eso sin olvidar que la peor criminalidad, la de cuello y corbata, no intenta ir a robar en los condominios: Vive en ellos. La primera y más general de las medidas de seguridad de un gobierno democrático reside en asegurarse de que las leyes sean el producto de una amplia participación ciudadana, gracias a lo cual su cumplimiento es obligación de todos y no solo la tarea de la policía.

¿Quién quiere obedecer una ley impuesta en dictadura? De ahí que se hace imperioso reformar este injusto modelo de sociedad que genera el nivel de delincuencia que vivimos. Luchar por la calidad de una educación pública, laica y gratuita, luchar contra el desempleo, la desigualdad, la explotación, la miseria, el abuso patronal, la peligrosidad en el trabajo. En suma, luchar por la seguridad ciudadana tendrá efectos directos en la disminución de los delitos.

Con la actual política represiva, que hace del delincuente una oportunidad de negocio, no vamos a ninguna parte. Con esta política y con este Ministro del Interior que ha dado vastas muestras de radicalizarla, los chilenos estamos menos seguros que nunca…

Por Salvador Muñoz

Cientista Político y Presidente del Partido de Izquierda (Paiz)

Polítika, primera semana marzo 2011

El Ciudadano Nº97