El rol de la Corte Penal Internacional (CPI), también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI), debería ser el de un tribunal internacional permanente e independiente, cuya misión es el enjuiciamiento de graves crímenes internacionales, como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional.
La Corte Penal Internacional sólo investiga a individuos, y sólo actúa si una persona es sospechosa de ser responsable de uno de los cuatro crímenes establecidos: genocidio, crímenes de guerra graves, crímenes contra la humanidad o una guerra de agresión. De hecho, la CPI ha estado investigando presuntos crímenes de guerra contra los posibles responsables de Israel desde el año 2021.
Hace poco más de un mes, la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza. Ellos han sido imputados de esos cargos, y bien vale recordar que desde hace varios años el Primer Ministro Israelí es acusado de fraude, soborno y abuso de confianza en ese país. El proceso, que comenzó el año 2020, se había suspendido desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, pero fue reanudado en diciembre de 2023, a cargo del Tribunal del Distrito de Jerusalén.
En tanto, en unas vergonzosas palabras de respaldo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, calificó de escandalosa la orden de detención contra Netanyahu emitida por la Corte Penal Internacional. Además, declaró que lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio y dio todo su apoyo a Israel, un apoyo lamentable, cuando siguen atacando impunemente al pueblo palestino, destruyendo escuelas, hospitales e infraestructura básica para la subsistencia de la población.
Contradicciones desde el imperio
Llama la atención la evidente contradicción del mundo occidental, con una balanza siempre inclinada hacia un lado y casi nunca equilibrada. Mientras desde el país del norte las voces que aplaudían y justificaban la decisión de la CPI de perseguir con órdenes de arresto al Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y a la comisionada presidencial para los Derechos de los Niños, María Lvova-Belova, esas mismas voces hoy susurran afónicamente y prefieren el silencio frente a la orden de arresto del Primer Ministro Israelí y su ministro de Defensa.
El crimen del que se acusó a las autoridades rusas fue grave, gravísimo: el traslado forzoso de niños. Hoy, algunos meses después de iniciada la caza de brujas, la acusación parece caerse a pedazos. Según informa EFE, durante la reunión que sostuvieron en abril en Catar representantes de Moscú y Kiev, para debatir la devolución de menores separados de sus familias por el conflicto entre esos países, la delegada rusa se refirió a la situación de 29 niños residentes en Rusia y 11 en Ucrania, que esperan reunirse con sus familiares. Claramente las cifras de niños deportados de las que se habló no corresponden a la realidad.
Aún más, según la portavoz de Exteriores, María Zajárova, Kiev y Occidente están utilizando con fines políticos el destino de los niños ucranianos: “Todo esto es falso, son maquinaciones e intrigas políticas, un montaje más (…) Tras toda estas pseudo iniciativas dirigidas en realidad a conseguir sus propios intereses egoístas, se pierden los problemas reales de los niños. A nadie en Occidente ni Ucrania le interesa el destino real de estos niños”. Y afirmó que “los ciudadanos ucranianos que perdieron la esperanza de recuperar a sus hijos, literalmente perdidos en la UE, solicitan ayuda a las instituciones diplomáticas rusas, ya que las embajadas de Ucrania les niegan apoyo”, y agregó que en Alemania fueron hallados 161 niños ucranianos que, según Ucrania, habían sido deportados a Rusia.
Y surge claramente una nueva pregunta, ¿el mundo occidental y la CPI levantará su voz e iniciarán acciones concretas frente a los crímenes de Israel? ¿O continuarán guardando un silencio cómplice?, lo que es aún más grave si consideramos que, como señala el investigador jurídico y abogado internacional Ahmed Abofoul, “la CPI tiene el mandato no sólo de investigar crímenes, sino también de emitir declaraciones preventivas”, lo que no está haciendo de manera reiterada y con acciones comunicacionales ofensivas, como lo hizo contra Vladimir Putin en 2023.
Según vociferaba Estados Unidos y los gobiernos europeos, Moscú estaba llevando a cabo un plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, a menudo a una red de campos de reeducación política. Usaron abiertamente fakes como una estrategia comunicacional, lo que ya ha sido desmentido, ya que esos niños fueron protegidos de los bombardeos y llevados a lugares donde estuvieron a salvo, para posteriormente ser devueltos a sus familias, y eso es lo que no está haciendo Israel, que, a pesar de los miles de llamados al cese al fuego, continúa atacando a la población civil indefensa e intentando destruir los cimientos de un pueblo que sí tiene derecho a existir.
Las críticas que se han alzado a lo largo del planeta contra la CPI no es por su función, es por el doble estándar que utiliza en su actuar cuando se trata de tomar decisiones, sobre todo hacia aquellos sindicados como enemigos de Occidente.
De esta forma, Netanyahu continúa actuando en completa impunidad, desde que decidió bombardear Palestina y hacer una de las guerras más espantosas que hemos vivido en los últimos años, con miles de niñas y niños muertos y heridos. La CPI dice muy poco y nada al respecto. Nos avergonzamos al escuchar a Joe Biden en su declaración de apoyo a Netanyahu, ya que ni siquiera toma en cuenta las denuncias hechas ante la CPI por parte de organismos internacionales que exponen claramente los crímenes de guerra y lesa humanidad ejecutados por Israel.
Mientras, nosotros nos quedamos con datos de la Unicef, en que denuncian que los niños que huyen de la guerra de Ucrania corren un mayor riesgo de ser víctimas de trata y explotación, y llama a los gobiernos a endurecer las medidas de protección para los niños y niñas que cruzan las fronteras desde Ucrania a otros países. Esto pareciera no importar a Volodomir Zelenski y sus aliados, ya que no hemos escuchado nada al respecto. Pero, podemos imaginarnos que si cruzaran la frontera hacia Rusia, ya estarían denunciando a la comunidad internacional al presidente Vladimir Putin de secuestro. Cuesta imaginarnos también que la CPI presentará algunos cargos judiciales al Presidente de Ucrania por el desamparo en que quedan estos niñas y niños que cruzan las fronteras.
Por Félix Madariaga Leiva
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