Como ocurre desde el año 1993, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, el que fue establecido en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada el año anterior en la ciudad de Río de Janeiro.
El propósito del 22 de marzo es llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de su gestión de manera sostenible.
Como sostengo hace muchos años, el agua es un bien común indispensable, un derecho humano esencial e irrenunciable, condición primera para el cumplimiento de todos los demás derechos. Sin embargo, y por largos 36 años (1981), Chile sigue siendo el único país del mundo que tiene privatizadas y mercantilizadas sus fuentes de agua, y desde el año 1997 en adelante privatizada la gestión de las aguas, o sea empresas sanitarias, responsables de la provisión de agua potable a la población, en manos de empresas transnacionales, e incluso de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá (ESVAL).
Video de www.secos.tv
De forma adelantada, el gobierno de Bachelet (18/03/17), a través del “impoluto” ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, convocó a la población a cuidar el agua, a evitar el despilfarro, a no dejar la “llave abierta”; el montaje fue de color azul, acompañado de coquetas gotitas de agua, nada de fondo, todo cosmético.
Previo al jolgorio con que el “mal gobierno” nos llamó a cuidar el agua, los días 6, 7 y 8 de marzo del año 2017, y accediendo a una invitación extendida por el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra, y la Protección del Medio Ambiente, MODATIMA, visitó la provincia de Petorca, en la Quinta Región, el Obispo y Vicario de Aysén, Luis Infanti della Mora, conocido defensor de los bienes naturales comunes.
Con Infanti recorrimos durante 3 días las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca. In situ observó los ríos secos, devastados por el extractivismo agroexportador, supo de los efectos provocados por el robo de aguas, por la plantación de cultivos de exportación en suelos sin aptitud de cultivo -es decir, suelos de cerro-, conversó con comunidades que llevan 10 años abastecidas de agua a través de camiones aljibes, escuchó de las autoridades locales los esfuerzos que realizan para suministrar de agua a la población rural, cuando el Estado jibarizado se desentiende de su función pública, es decir, de garantizar el bien común.
En la comuna de Petorca sus autoridades le representaron los efectos provocados por la resolución adoptada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien condicionó la entrega de agua sólo a aquellas comunas donde no llueve, fijando como norma de entrega 50 litros de agua por persona, pero previa encuesta.
“Mucha gente está crucificada por la falta de agua, y sus crucificadores deben ser identificados con nombre y apellido”. Estas fueron las primeras declaraciones del obispo Infanti para referirse a lo observado en la provincia de Petorca, lo que da cuenta y soporte a todo lo que por años hemos denunciado. En Chile la impunidad para lucrar con el agua es total y la institucionalidad hídrica es cómplice y responsable del modelo de usura que existe con el agua en todo el territorio, pero particularmente en la provincia de Petorca.
A renglón seguido asistimos el día 14 de marzo del año 2017 a la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación del Senado, invitados para dar criterio en torno a la reforma al Código de Aguas. Previo a hacer uso de la palabra, escuchamos al Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien en su diatriba resaltó la necesidad de continuar con la privatización del agua, ya que los empresarios necesitan certeza jurídica para continuar invirtiendo y generando empleo en el sector. En su alegoría señaló que la gran agricultura es uno de los motores del desarrollo y que usa de manera responsable los “recursos naturales”.
A nuestro turno expusimos los efectos que ha provocado en las comunidades el “modelo” agroexportador, la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, la privatización del agua puesta al servicio del gran empresariado agrícola, apelando una vez más al sentido común, explicando por enésima vez la necesidad de derogar la norma jurídica contenida en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución política fraguada en dictadura, y que transformó al agua en un bien de capital.
Y los sinsentidos suman y siguen. A propósito del negocio del agua, en ese espacio -y me refiero una vez más al Senado-, denunciamos que el Estado de Chile, vía Oficina Nacional de Emergencia, el año 2015 gastó por concepto de compra de agua y arriendo de camiones aljibes la suma de $34.085.308.922, y el año 2016 $28.061.265.957.
O sea, el Estado de Chile gastó más de 62 mil millones de pesos en comprar agua y en arriendo de camiones aljibes para abastecer a la población privada… “de agua”. En tanto, el agua dulce privatizada y mercantilizada continúa al servicio de la megaminería, del modelo agroexportador, hidroeléctricas y forestales; y también al servicio del lucro de las empresas sanitarias. Parece demencial, ¿no?
Nos volverán a interpelar para cuidar el agua, se recitará como mantra el compromiso del Gobierno, pero claro, no se explicitará que el compromiso tiene que ver con continuar con el agua como “negocio”. Otras y otros preocupados de la coyuntura seguirán ideando tácticas para llegar a las papeletas. Los cupos de diputados, senadores y del Presidente están en juego, sin embargo, el pueblo pobre no puede esperar, recuperar el agua para las comunidades y territorios es a estas alturas un imperativo ético y moral.
Sería “saludable” que este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, quienes dicen querer representar los intereses de las mayorías, explicitaran su compromiso con el agua como bien común y derecho humano; explicitaran la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes como principio rector de la soberanía popular. Nada más ni nada menos, mestizos e indígenas privados de agua lo exigimos.
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