Otro mundo será posible solo cuando quienes acuerparon la revuelta y las demandas de los pueblos estén libres

Hace una semana la Fiscalía Oriente, Ministerio del Interior y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. presentaron un recurso de nulidad, el cual fue rectificado por la undécima sala de la Corte de Apelaciones, ante el juicio oral que absolvía a Daniel Morales y su sobrino por el incendio que afectó a la estación Pedrero, del Metro de Santiago, durante la revuelta.

Este hecho se enmarca dentro de una política sistemática de este gobierno, y de anteriores, de criminalización de la protesta social.

El metro fue uno de los íconos del estallido de octubre de 2019, mediante el llamado de estudiantes secundarios a saltar los torniquetes producto del alza de precio en 30 pesos de este medio de transporte, uno de los más caros de América Latina. Pero luego el malestar y la rabia se fue generalizando, y ya no sólo estudiantes sino diversos sectores populares saltaron no sólo este sino varios torniquetes (reales y simbólicos), y las calles se fueron llenando de multitudes que exigían la renuncia de Piñera, una vida digna, el fin de las políticas neoliberales, y luego posicionándose con fuerza la necesidad de una asamblea constituyente para sepultar la Constitución del 80, de la dictadura cívico-militar.

Las calles fueron tomando vida propia, las asambleas territoriales se fueron multiplicando, las movilizaciones eran diarias y masivas, y al mismo tiempo la violencia por parte de las fuerzas represivas se fue acrecentando. Fueron miles las detenciones, centenares las mutilaciones, decenas de muertes, casos de tortura y de violencia político-sexual, pero al mismo tiempo la solidaridad, el cuidado y las brigadas de salud se convirtieron en los ejes desde donde resistir.

Las plazas fueron renombradas, como es el caso de Plaza Italia en Santiago, hoy Plaza Dignidad, o de Plaza Baquedano en Antofagasta, apodada Plaza de la Revolución. Se derrumbaron estatuas que representaban una memoria oficial anclada en el poder de las castas, colocándose los propios íconos de los pueblos a través de un gesto de justicia simbólica restaurativa de las memorias históricamente silenciadas. Se fueron creando primeras líneas en los diversos territorios, personas que de manera espontánea y luego de forma organizada posibilitaban que las movilizaciones pudiesen realizarse.

Hoy nos toca seguir luchando por el fin a la impunidad en torno a la violación de los derechos humanos tanto en el marco de la revuelta como desde la dictadura, exigiendo justicia, verdad pero también reparación.

En plena pandemia debemos seguir organizando y sosteniendo la vida y nuestras demandas desde el apoyo mutuo y la solidaridad entre pueblos. Es por ello que la libertad de los y las presas por luchar se torna en un elemento central sobre el cual pensar procesos de transformación estructural.

Si bien vivimos tiempos de un proceso constituyente desde los territorios, y a su vez diversos movimientos sociales buscamos incidir en el proceso constitucional, teniendo la absoluta claridad de los amarres y las barreras impuestas por quienes quieren perpetuar sus privilegios, debemos exigir la libertad de quienes posibilitaron subvertir décadas de injusticia y precarización de nuestras vidas.

Otro mundo será posible cuando quienes acuerparon la revuelta y las demandas de los pueblos estén libres.

Por Francisca Fernández Droguett

Antropóloga, Magíster en Psicología Social y Doctora en Estudios Americanos

Integrante Grupo de Trabajo Clacso Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia

Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10 en la Lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes