Panorama de América Latina hoy

I) Antecedentes del mundo de hoy.

1.- Lo sustantivo del actual momento histórico de América Latina es el tránsito desde la hegemonía estadounidense resultante del fin de la Guerra Fría, a un mundo bipolar entre USA y China, más algunos países con peso económico y geopolítico. Se suma la pérdida de influencia de la Unión Europea. USA y la UE (esto es OTAN) y sus alianzas político-militares no aceptan que emerja una gran potencia que cuestione el orden unipolar instaurado tras la caída de la URSS y la disolución del Pacto de Varsovia.

2.- Su efecto ha sido el resurgimiento de la Doctrina Monroe (de 1823) que, en su origen, significó una advertencia de USA a las potencias europeas sobre su “patrio trasero”. Se está dando una nueva expresión del “destino manifiesto”, término inventado por el periodista John O”Sullivan en 1845 para justificar la anexión de México y el imperialismo de USA, por ser el Pueblo Elegido. Es así como USA ha legitimado la expansión territorial y económica: sería la voluntad de Dios. Se trataría de un destino divino que habría configurado la política de buscar nuevos territorios y mayor poder. Sería el pueblo predestinado a ser el Eje del Bien.

Aquello explica que después de los atentados del 11-9-2001, Bush haya impuesto la Guerra Preventiva en reemplazo de la Guerra Fría. Entonces dijo: “La libertad y la democracia han sido atacadas (…) La guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. (…) O se está con nosotros o con el terrorismo. (…) Dios está con nosotros (…) Dios bendiga a América”.

3.- Ya en 1997 se había formulado el “Proyecto para el nuevo siglo de USA, para una nueva política de fortaleza militar y rearme moral”:

a) USA define quién es terrorista: aquella organización o Estado que atente contra los intereses de USA en cualquier lugar del mundo o ponga en peligro el suministro de materias primas esenciales como petróleo, gas, uranio y agua.

b) USA tiene el armamento más poderoso del mundo. Es el único país con derecho a tenerlo. Un país que pretenda equipararse será considerado terrorista.

c) USA se someterá a las decisiones de los organismos internacionales cuando estime que dichas decisiones están de acuerdo con sus intereses.

d) USA tiene el derecho de juzgar a los otros países, no según los hechos, sino según sus presuntas intenciones. Su actuación será en legítima defensa, aunque no haya habido ataque previo.

Estos planteamientos continúan hasta hoy. Trump lo expresó en el lema “América será grande otra vez”. Biden no ha trepidado en mantenerlos en la guerra de Ucrania.

4.- En este plano, pareciera no ser posible alcanzar un justo equilibrio, pues los medios de comunicación alimentan las neurosis colectivas. Es válido afirmar, por tanto, que estamos viviendo un “golpe de Estado” mundial. El poder económico ha cooptado al poder político. Y en el presente modelo económico no cuentan las personas. Por tanto, no hay democracia. La gran conquista del capitalismo ha sido la conquista del poder económico y del poder político con sus imaginarios y la forma de ver el mundo.

Pareciera, en consecuencia, imposible una democracia en medio del actual neoliberalismo y la presencia hegemónica de la economía especulativa, además de la concentración del poder económico y político. El capitalismo ha logrado convencer de que la idea de progreso, de bienestar, de riqueza, de libertad, tiene que ver con la satisfacción de los deseos naturales individuales. La acumulación productiva y el lucro como lógicas sistémicas llevan a la depredación del medio, la explotación de una clase por otra y a la rivalidad y jerarquización entre los pueblos. Los gobiernos y las transnacionales aplican estas lógicas mediante la regulación del mercado fiscal, la imposición penal, la defensa de la propiedad privada de los medios productivos y la libertad de movimiento de los capitales, la competitividad mercantil y la explotación laboral.

5.- El neoliberalismo ha significado el paso de la Guerra Fría al predominio de una sola potencia y ha sido la edad de oro de la expansión del capital, que ha pasado a un ciclo recesivo, así como de un relativo bienestar social a una economía de mercado. Para América Latina, las consecuencias han sido la crisis de la deuda desde fines de los “70 a inicios de los “80, lo que dio paso a las dictaduras militares que abrieron el camino a gobiernos neoliberales. La socialdemocracia ha adherido al neoliberalismo; desaparecieron los partidos comunistas; y la derecha ha impuesto la imposibilidad de conciliación entre crecimiento económico, distribución del ingreso y control de la inflación.

6.- El modelo de producción y consumo que orienta la economía altera el medioambiente, extinguiendo las especies y degradando los territorios. Las corporaciones privadas globales se apropian de materias primas esenciales, destacándose la industria alimentaria mundial. Las grandes potencias están adquiriendo a gran escala zonas ricas en materias primas, tierras fértiles, zonas abastecidas de agua, privatizando bienes comunes y socavando la soberanía alimentaria.

Los Estados han sido convertidos en herramientas al servicio del capital transnacional. No obstante, la democracia, para ser tal, necesita incorporar la participación directa, porque un Estado democrático es regido por el poder popular y su fundamento ético mínimo de la sociedad democrática deben ser los derechos humanos.

7.- Es así como desde el fin del mundo bipolar, USA ha utilizado a la OTAN para expandirse por todo el planeta. Muestra de ello son el Tratado AUKUS (entre Australia, Reino Unido y USA); el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (entre Australia, India, Japón y USA); la Alianza de Inteligencia de los Cinco Ojos (entre Reino Unido, Canadá, Nueva Zelandia, Australia y USA). Todos son instrumentos de expansión militar de OTAN en Asia y Oceanía. Se suma la viceministra de Defensa británica, quien ha anunciado (21-3-23), el envío de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Son éstas armas nucleares, de alta toxicidad y radiación, ya usadas en Yugoeslavia e Irak. Con anterioridad, violando el Derecho Internacional Humanitario y propiciándose la extensión del conflicto, han sido enviados a Ucrania un escuadrón de tanques Challenger 2, tanques Leopard alemanes y tanques Abrams de USA.

8.- En este contexto, la jefa del Comando Sur del Ejército de USA ha señalado su atención hacia América Latina por su riqueza en agua, litio, petróleo y otras riquezas naturales. Esto ha sido ratificado por el representante republicano Carlos Giménez, al afirmar que “durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de USA, hagan grandes inversiones en nuestra región”.

Coincidentemente, el Pentágono ha publicado su plan presupuestario para el año fiscal 2024: US$ 842.000 millones, lo que podría indicar la intención de futuros conflictos bélicos bajo la doctrina de ganancias para el complejo militar-industrial. El alto presupuesto ha sido considerado crucial para “hacer frente al desafío de China, a la grave amenaza de la agresión rusa en Europa, o disuadir la amenaza de Irán, Corea del Norte y las organizaciones terroristas de Europa”. Así se entiende que USA y Corea del Sur realicen ejercicios militares para mantener la tensión con Corea del Norte como aliado de China. Hacia allí apunta la estrategia del poder económico capitalista occidental, al verse en dificultades en medio de la guerra de Ucrania, que ya ha cumplido un año.

9.- De manera sintética, se podría afirmar que hoy América Latina está viviendo con gobiernos progresistas por un lado y, al mismo tiempo, padece una arremetida de la derecha internacional. La incursión de China ha aparecido como socio comercial que sustituiría el poderío hegemónico de USA. Sin embargo, son motivo de preocupación las actividades empresariales de China en América Latina y cuyas obligaciones extraterritoriales en relación a derechos humanos no son respetadas. Es así como el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinos, Derechos Humanos y Ambiente ha presentado 14 casos de empresas de la República Popular China ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) por transgresiones a los derechos humanos y ambientales en causas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile (en la Central Hidroeléctrica Rucalma), Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

II Algunos aspectos sobre la realidad de América Latina.

2.1.- Ecuador

Ha vivido un estallido social gatillado por la inflación que no permite satisfacer la canasta básica, sin existir respuesta del gobierno y la extensión de la explotación usuraria de los Bancos hacia los agricultores.

Debe agregarse la endémica falta de trabajo y su secuela de desigualdades. El gobierno de Lasso reintegró al país al Ciadi y se ha sometido a los dictámenes del FMI. La consecuencia ha sido la ausencia de inversión social.

La paralización de junio 2022 convocada por la Conaie fue opacada por la prensa. Mientras, el movimiento social sufrió una fuerte represión. La prensa popular logró romper el cerco informativo y el gobierno se vio obligado a aceptar el diálogo con el movimiento social.

El levantamiento contra el gobierno ha continuado debido a su ineptitud ante los problemas sociales y económicos por los que ha seguido atravesando el país. Los movimientos sociales arguyen la búsqueda del respeto a los derechos humanos, respecto de los cuales el pueblo se encuentra en la indefensión.

Es el mismo gobierno el que genera inestabilidad, dada la ausencia de inversiones sociales y por hacer caer sobre el pueblo el peso de la crisis económica, política y de seguridad.

Se ha producido una fuerte crítica ante la militarización de las calles y la petición sustantiva se refiere a la salida de Lasso.

Posteriormente, se ha conformado una Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en empresas públicas y que ha aprobado un informe recomendando un juicio político en contra de Lasso. Se trata de una instancia no vinculante del Pleno del Parlamento y que ha acusado a Lasso de haber incurrido en delitos que afectan a la administración pública y a la seguridad del Estado. Uno de las acusaciones se dirige hacia Danilo Carrera, cuñado de Lasso y quien no ejerce cargos en el gobierno. No obstante, él maneja las empresas públicas y decide qué firmas privadas puedan entrar en negocios con el Estado, además de “presunta conexión con el narcotráfico”. Esto, a cambio de coimas.

Con anterioridad, la ciudadanía había rechazado las preguntas de un referéndum constitucional y se había inclinado por candidatos progresistas para las prefecturas provinciales como para las alcaldías.

El malestar popular se ha extendido hacia el ex Presidente Lenin Moreno, protagonista del Caso Sinohydro o “Ina Papers”: Moreno y otras 36 personas han sido acusados por la fiscalía del delito de cohecho en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Los acusados habrían recibido 76 millones de dólares en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, constructora de la obra.

Tras la acusación, Moreno y los demás han sido castigados con arresto domiciliario. Pero Moreno se encuentra “radicado” en Paraguay, desempeñándose como comisionado del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Este último ha llamado a los actores políticos y sociales de Ecuador “a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”, adoptando una postura distinta a la que ha manifestado con Castillo en Perú, con Morales en Bolivia, con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

2.2.- Perú

El ascenso de Castillo a la Presidencia de la República fue precedido de una oposición violenta, racista, clasista y mentirosa. El hostigamiento de parte del Congreso ha continuado y ha mantenido al país en la ingobernabilidad. Se han sucedido cinco gabinetes, los cuales no han estado libres de personas ineptas.

El mismo Castillo se encuentra bajo cinco investigaciones penales. Las investigaciones se han extendido a su cuñada y a su esposa. El Congreso, en su pretensión de aislar internacionalmente a Castillo, ha negado la autorización para que éste asistiera al cambio de mando de la Presidencia en Colombia. No obstante, Castillo ha recibido el apoyo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia, Chile, Ecuador y México, lo que a la postre ha aumentado el desprestigio del Congreso.

Castillo decretó la disolución del Congreso y de otras instituciones del Estado que le impedían gobernar. Pero no contó con el apoyo del resto de las instituciones estatales ni de las Fuerzas Armadas. Fue acusado de haber pretendido dar un golpe de Estado, siendo apresado por su propia guardia de seguridad mientras se dirigía a buscar asilo en la embajada de México. El Congreso ha dejado como sustituta a la Vicepresidenta Dina Boluarte.

Tras varios meses de protestas populares masivas desplegadas en el sur andino del país, los peruanos que votaron por Castillo han salido a las calles y han copado Lima exigiendo su liberación y restitución en el cargo de Presidente de la República, la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar el Estado, con la secuela de decenas de muertos y miles de heridos graves, habitantes del “Perú profundo”.

El gobierno de Boluarte ha recibido la condena internacional por violaciones de derechos humanos y ha tensionado las relaciones con Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y especialmente con México. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) han señalado que la vacancia de Castillo se dio en contra del mandato popular y se concretó en un golpe de Estado parlamentario.

El Congreso ha recibido un 94% de desaprobación de la ciudadanía, puesto que no ha viabilizado la superación del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000, sino que ha desembocado en tres décadas de neoliberalismo y en una debacle política e institucional con una seguidilla de gobernantes acusados de corrupción (uno de ellos se suicidó al momento antes de su detención).

En este momento, Dina Boluarte es la expresión de la ausencia del Estado de Derecho, el cual ha desaparecido desde el 7 de diciembre de 2022. Van 1.301 heridos y 77 asesinados por las fuerzas de seguridad. Por su parte, Castillo ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga su libertad y su reposición como Jefe de Estado.

2.3.- Guatemala

De acuerdo al censo nacional del año 2018, el 44% de la población es indígena. Los campesinos e indígenas buscan la conformación de un Estado Plurinacional y el Buen Vivir para asumir como “ciudadanos plenos”.

En este contexto, en vista de cercanas elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y concejales, en 2016 los indígenas crearon una organización política para participar en las elecciones y, de esta manera, podrían llegar a ser gobierno para realizar “cambios estructurales en el país racista”.

En 2018 inscribieron el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. En 2019 participaron en elecciones generales, alcanzando el cuarto lugar. No obstante, el tribunal eleccionario (TSE), arbitrariamente, se negó a la inscripción de la fórmula presidencial del partido indígena. Sólo permitió una diputación popular. Esta situación de racismo ha acrecentado la conflictividad social y política.

Una muestra del acontecer crítico de este país es la extensión de la tala de árboles, lo que ha redundado en la sequía de ríos y de pozos. La deforestación la realizan empresas madereras, mineras, hidroeléctricas, tanto nacionales como transnacionales. Actúan en forma ilegal sin recibir sanciones. La sequía provocada por estos procesos obligan a los campesinos a comprar el agua para el uso doméstico, lo que se ha transformado en un negocio lateral de las mismas empresas depredadoras.

Los Acuerdos de Paz tras la cruenta guerra civil, habían establecido la dignificación de las víctimas mediante exhumaciones; inhumaciones; medidas de verdad y de memoria; el resarcimiento cultural; la reparación sicosocial; la restitución de viviendas, de tierras, de certeza jurídica e inversión productiva. Sin embargo, la Institucionalidad de la Paz ha sido cerrada. El Presidente Alejandro Giammattei, acusado de corrupción, ha criminalizado a los magistrados y a funcionarios del Poder Judicial del Area Corrupción. Como secuela, los periodistas denunciantes de la corrupción han ido siendo encarcelados.

Los campesinos e indígenas insisten en la defensa de los recursos naturales, teniendo como plataforma “la defensa del agua, la tierra y el territorio”. Exigen al Estado que se haga responsable de la protección de la persona humana y de la familia, que garantice la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Como pueblos, se ven “dañados por la contaminación de agrocontaminantes que son esparcidos a través del aire y del  agua envenenando los mantos acuíferos de nuestro territorio”, afirman. Y agregan que la constante deforestación significa la destrucción de ecosistemas, de la biodiversidad y de la vida humana. Exigen que el Estado defienda a su pueblo de las transnacionales y de los ingenios, los que no tienen derecho de apropiarse de los ríos.

2.4.- Honduras

Al igual que en los otros países de América Latina, en Honduras los pueblos indígenas también denuncian el corte ilegal del bosque, así como el no reconocimiento de los títulos ancestrales. Los campesinos carecen de acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la educación. Los proyectos extractivos generan violencia, destrucción y contaminación. Las mineras se apropian de las aguas de los ríos y la mayor parte de las fuentes de agua se han secado.

Como ejemplo de lo señalado: el grupo económico Emco Holding ha sido acusado de robar agua. Este grupo económico es el concesionario del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Al mismo tiempo, está construyendo nuevas instalaciones de la Academia Militar de Aviación ubicadas en la base Soto Cano (base militar compartida con el ejército de USA).

Honduras es uno de los países más pobres y desiguales del continente. Se requiere mejorar la gobernabilidad y la calidad de las instituciones, así como avanzar en la independencia del Poder Judicial, además de incrementar la capacidad del pueblo para exigir responsabilidad de parte de las autoridades así como de los funcionarios públicos y de los electos. Ello en vista de la necesaria prevención de la violencia y la aplicación de la ley para reducir la delincuencia.

Los conflictos de tierras entre campesinos y terratenientes son permanentes, habiendo aumentado los crímenes sufridos por los más pobres que se ven obligados a abandonar su país para deambular como migrantes. La migración es la secuela del otro problema grave de Honduras: la violencia y el crimen organizado. A modo de ejemplo: en 2021 unas comunidades de campesinos pusieron en práctica un proceso de recuperación de tierras y de producción de las mismas. El Estado inició un  requerimiento fiscal contra los campesinos, quienes fueron sobreseídos por el Juzgado de Letras. No obstante, la fiscalía y el empresariado apelaron contra este fallo porque no les favorecía, alegando que las tierras pertenecerían a la Empresa Exportadora del Atlántico, en circunstancias de que los campesinos poseían los correspondientes títulos de dominio. Esta y otras múltiples pugnas de similares características han desembocado en encarcelaciones y asesinatos de campesinos e indígenas. De allí los espectáculos dramáticos de oleadas de migrantes hacia la frontera de USA, imaginando una vida propia de seres humanos y que difícilmente se realiza.

2.5.- Haití

Unicef ha señalado que en Cité Soleil uno de cada veinte niños se encuentra en riesgo de vida por desnutrición aguda grave y el 20% de los menores de cinco años padece desnutrición grave, modesta o moderada. El recrudecimiento de la violencia desde julio de 2022 ha restringido aún más el acceso a servicios sanitarios básicos. La inflación ha aumentado los precios de los alimentos.

Según ONU, entre el 8 y el 17 de julio de 2022, más de 471 personas han perdido la vida de manera violenta, han resultado heridas o se encuentran desaparecidas. Por la misma situación, tres mil personas han dejado sus hogares para huir de la violencia, siendo muchos de ellos niños no acompañados.

El objetivo de la violencia es crear caos y desencadenamiento de una guerra civil. Desde marzo de 2021, más de 100 policías han sido asesinados. De estos, 20 lo han sido sólo en enero de 2023. Los policías nacionales han huido ante los ataques de las bandas de delincuentes. Mientras, el gobierno de facto ha permanecido indiferente ante la situación de inseguridad y miseria en un país que reúne las condiciones para un estallido de guerra civil. El gobierno ha llamado a la población a defenderse de los bandidos armados que intentan a la fuerza ingresar a las viviendas.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado la complicidad de la policía con algunas de las bandas criminales, dado el elevado nivel de impunidad existente. Por de pronto, ocho agentes de policía han sido acusados de participación en el asesinato del Presidente Jovenel Möise, en julio de 2021. Además, 20 gendarmes ya se encuentran detenidos por la misma causa.

En aparente búsqueda de solución de la situación crítica, el 21 de diciembre de 2022 se conformó el “Consenso Nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes”, pero que es considerada como medida demagógica, puesto que deja de lado problemas graves como la migración masiva: sólo durante febrero de 2023, desde República Dominicana fueron repatriados 13.090 haitianos. Es sabido que las repatriaciones masivas y las prácticas de trata y tráfico de migrantes haitianos que se registran en la frontera, se efectúan con la complicidad de militares dominicanos que ejecutan robos, violaciones, abusos sexuales y maltrato físico contra los migrantes.

2.6- Colombia

La elección de Gustavo Petro como Presidente y de Francia Márquez como Vice Presidenta marca un hito sin precedentes. Petro fue senador, fue alcalde de Bogotá, es ex integrante del grupo guerrillero M-19, es uno de los firmantes de la paz en 1991.

Francia Márquez es afrodescendiente y representa a los sectores siempre marginados. Uribe y Duque, con el Centro Democrático, cayeron ante el Pacto Histórico que logró unir a fuerzas políticas democráticas antes separadas.

El ex Presidente Duque, heredero de Uribe, dejó al país quebrado por un modelo económico que incrementó la pobreza; perpetró innumerables asesinatos; destruyó el Acuerdo de Paz; dejó al país inviable por la corrupción y la fuga de capitales. Máxima expresión del descalabro ha sido el paro armado de los paramilitares del Clan del Golfo, en mayo de 2022.

De acuerdo a información de Indepaz dada en agosto de 2022, el gobierno de Duque ha dejado como una de sus herencias a 957 líderes asesinados; 220 desaparecidos; 313 masacres; 555 secuestros; 545 eventos de desplazamientos forzados. El mismo organismo, al 15 de marzo de 2023 ha indicado que desde inicio del presente año ha habido 22 masacres perpetradas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Lo anterior, sin contar con los más de 6.000 “falsos positivos”. Petro también ha buscado dialogar con el Clan del Golfo, con otras bandas de narcotraficantes y con la Segunda Marquetalia (que es la fracción de disidentes que firmaron la paz y luego abandonaron el proceso). No obstante los esfuerzos por alcanzar la paz, diariamente se producen nuevas masacres, a tal punto que, recientemente, Petro ha decretado el fin del Acuerdo de Paz con el Clan del Golfo y ha ordenado a las fuerzas de orden combatir a ese grupo paramilitar que ataca a campesinos indefensos.

En torno a los Acuerdos de Paz, el Instituto Kroc ha señalado que, al 2022, la reforma rural ha avanzado sólo 4%; el 37% de las disposiciones de los Acuerdos de Paz se encuentra en estado mínimo y el 15% aún no ha iniciado su implementación; 261 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

Por otra parte, el déficit fiscal asciende a $83 billones adeudados a los programas sociales. El Programa de Ingreso Solidario por Pandemia destinado a cuatro millones de hogares, carece de financiamiento. La Fundación para la Libertad de Prensa ha confirmado que en el  año 2022 ha habido 776 periodistas amenazados, cinco asesinados y 441 agredidos por la fuerza pública durante el ejercicio de su profesión.

En el 2021, un 39% de la población se encontraba en pobreza y se contabilizaron seis millones cien mil personas en extrema pobreza. Según la FAO, siete millones doscientos mil colombianos se encuentran con déficit de alimentos. El desempleo alcanza al 12,1%. Mientras, cuarenta y seis mil millones de pesos fueron destinados a contratos de imagen de Duque. Su equipo de comunicaciones se elevó de 15 integrantes a 54, para lo cual fueron usados dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Al mismo tiempo se ha implementado el fracking. Este se implica con la devastación de 700.000 hectáreas de selvas deforestadas.

Lo anterior decantó en el “estallido social”, incrementado por una reforma tributaria que ha afectado a la clase media y a los pobres. De allí la relevancia del Pacto Histórico que está centrado en la paz duradera, la que se haría perdurar a través de políticas de distribución y un categórico no al extractivismo, lo que se hace con la compatibilización entre el desarrollo de las empresas y el respeto al medioambiente.

El núcleo del planteamiento de Petro radica en el respeto a los Acuerdos de Paz, los que se abren a acuerdos con el ELN. Esta última organización ha pedido a Petro la entrega de los restos del cura guerrillero Camilo Torres. En su discurso de 14 de febrero de 2023, Petro estableció que el cambio que propicia es sinónimo de movilización popular. Ha aseverado que la doctrina de la guerra contra las drogas implementada por Nixon en la década de 1970 ha fracasado y la situación es hoy peor que antes. Esto tiene como consecuencia la eliminación de la noción de “enemigo interno”; la detención del fracking; la decisión de convertir a Colombia en potencia del medioambiente; la valoración de los pueblos indígenas y afrodescendientes, dado que son los protectores de la tierra y los defensores del agua. Ellos son los cuidadores de la vida. Petro también quiere disminuir la violencia a través del control de las armas y el control del mercado de la cocaína. Esto, porque ya en 2017 había cinco millones de armas en posesión de civiles y cuatro millones de ellas serían armas sin registrar. Como consecuencia, resulta indispensable un diálogo con México, porque la cocaína enviada a USA se devuelve en armas hacia Colombia vía México.

También el gobierno ha anunciado negociaciones con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las FARC en 2016.  Son 2.000 combatientes que aún se mantienen en armas. Para continuar el proceso de paz, la fiscalía ha levantado las órdenes de captura contra 19 dirigentes que serán los negociadores.

A modo de síntesis sobre las expectativas en torno a Petro: el nuevo gobierno ha delineado una agenda de paz y, paralelamente, una agenda de medioambiente. Su viabilidad depende de su inclinación hacia los sectores populares o el riesgo de su inclinación hacia las élites. De allí la relevancia de Francia Márquez: la Vice Presidenta representa el vínculo con el pueblo, a fin de que el gobierno no se desvíe hacia el centro. Hasta ahora, Petro ha mostrado firmeza y coherencia. Por de pronto, ha suspendido el alto al fuego bilateral que mantenía con el Clan del Golfo, grupo paramilitar que ha continuado masacrando campesinos. Y ha ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares en defensa del pueblo.

Para el desarrollo de las reformas que ha promovido, Petro ha manifestado la necesidad de apoyarse en las organizaciones populares. Sin embargo, dado el contexto de caminar al lado del abismo, la congresista Piedad Córdoba ha hecho públicos los movimientos de la derecha por desestabilizar al gobierno a través de un nuevo golpe blanco como los efectuados en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

2.7.- Brasil

El triunfo de Lula en la elección presidencial era necesario para el pueblo. Bolsonaro no reconoció el eventual triunfo de Lula y, presintiendo un enjuiciamiento por su gestión, afirmaba que se defendería “con pistola en mano”. La represión ha sido una característica de Brasil y, particularmente en el gobierno de Bolsonaro han proliferado las masacres en las favelas y en los campos.

Recientemente, 340 familias han sido desalojadas de una comuna del MST en Río do Fogo, en la costa de Río Grande del Norte. Sin duda que uno de los aspectos de mayor gravedad es la destrucción de la Amazonía: sólo desde 2019 han sido destruidos más de 10 mil km2, con el apoyo de Bolsonaro y las ya sabidas secuelas para la humanidad. Brasil es el país con mayor cantidad de hectáreas deforestadas para la agricultura y para pastizales. Uno de los Informes de Green Peace para América Latina indica que sólo en América del Sur se han perdido 55 millones de hectáreas de bosques en las últimas dos décadas.

El acceso de Lula a la Presidencia de la República ha marcado un hito decisivo en la correlación de fuerzas inclinadas hacia el ala progresista del continente.

Marcando una nueva línea de la dirección del país, el Presidente Inacio “Lula” da Silva y varios de sus ministros han acompañado al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra y al Grupo Gestor del Arroz Orgánico, organizaciones surgidas a fines de la década de 1990 del siglo pasado. Se trata de producción protectora del ambiente y de la nutrición, garantizándose la fertilidad del suelo y reduciendo los costos de las familias productoras de arroz. El núcleo de las políticas antineoliberales se encuentra en el desarrollo de las políticas sociales; la integración regional; el intercambio sur-sur. Pareciera indispensable, según el Presidente de Brasil, la institución de un frente amplio para superar el aislamiento de la izquierda.

Al mismo tiempo, organismos de gobierno han rescatado a 212 trabajadores en situación de esclavitud en plantaciones de caña de azúcar, de una empresa prestadora de servicios que proporciona mano de obra a haciendas e ingenios. Anteriormente, ya habían sido rescatados 207 trabajadores de la producción de uva. Todos los trabajadores-esclavos carecen de escolaridad, son procedentes del nordeste y en su mayoría son negros. Al 17 de marzo de 2023 han sido rescatados 893 trabajadores en condición de esclavos. Ya en el primer trimestre de 2008, habían sido rescatados 1.456 trabajadores-esclavos. La empresa explotadora no les proporcionaba los elementos mínimos: les vendía las herramientas, no les daba alimentación y los obligaba a dormir en el suelo.

En la actualidad, el 79% de las familias brasileñas están endeudadas y trabajan sólo para pagar los intereses de sus deudas. Mientras, el Informe Forbes señala que 290 multimillonarios brasileños se encuentran exentos de impuestos. Tampoco paga impuestos la producción exportadora. El rentismo es el sistema que favorece al 0,1% que detenta las inversiones financieras. Es éste el motivo de la desindustrialización del país, puesto que es más rentable realizar inversiones financieras con poco trabajo y cero riesgo.

En este contexto ha asumido la presidencia “Lula” da Silva, quien ha reiniciado la Operación Hambre 0 y postula más ingresos al pueblo para generar mayor demanda. Así las empresas tendrán público al cual vender su producción. Paralelamente, se mejoran las políticas sociales y la infraestructura.

La derecha y la oligarquía, usando a sectores fascistas seguidores de Bolsonaro, pretenden impedir la existencia de un gobierno al servicio del pueblo. Quieren continuar con el sistema financiero, depredando la Amazonía, propiciando la violencia, negando el acceso a la dignidad humana de las mayorías. Es por eso que el 8 de enero de 2023, una turba bolsonarista asaltó los tres poderes del Estado bajo el grito: “Brasil pertenece al Señor Jesús”. Bolsonaro se ha refugiado en USA, amparado por los republicanos de Florida, evitando las investigaciones criminales en su contra.

2.8.- Argentina

Se supone que su gobierno es progresista. Es la imagen que proyecta hacia el exterior. Argentina pasa por una aguda crisis económica, implicada con la endémica corrupción de la política de ese país. Las organizaciones sociales han reiterado sus manifestaciones en busca de diálogo con las autoridades económicas. Piden, además, bonos de emergencia y el cese de las persecuciones.

La Vice Presidenta de la República ha sido enjuiciada bajo acusaciones de corrupción. Y de lo que la prensa no habla es de la situación del pueblo mapuche, víctima del despojo tras la “Guerra del Desierto” en el siglo XIX y que hoy continúa acosado por las transnacionales. El pueblo mapuche defiende la naturaleza, el agua y los territorios sanos. Estos están siendo entregados por el Estado a capitales extranjeros: Benetton, Lewis, Qataries, son favorecidos para su instalación en territorios abundantes en riquezas naturales. Reciben apoyo de políticos, de policías, de fuerzas armadas y de gendarmería: se ponen a su servicio para proteger sus intereses y reciben la inoperancia del sistema judicial que permite la violación de las leyes.

En este contexto se entiende que la Unidad Piquetera, organización popular, mantiene su movilización de manera permanente. En el último tiempo ha acampado frente al Ministerio de Desarrollo Social por los ajustes de dicha cartera y sus decisiones concentradas en un co-gobierno con el FMI, el cual exige reducción del déficit fiscal.

Macri ha continuado manteniendo el liderazgo de la derecha y su discurso apunta hacia los gobiernos populistas “que distribuyen a cambio de destruir el futuro de la gente”.

2.9.- Chile

El Estado oligárquico se mantiene en pie, con distintas máscaras. La Constitución de 1980 ha sido el dique más patente para detener el progreso, la cultura, la democracia, la protección del medioambiente.

La rebelión de octubre de 2019 remeció a todas las instituciones. Se encauzó la agonía del sistema mediante vías burocráticas. Fue una salida de emergencia: la Convención Constitucional. Pero el movimiento social ha carecido de dirección política. Emergió al margen y en contra de los partidos políticos, los que se han convertido en cúpulas de poder alejadas de las bases sociales.

El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 nuevamente puso en juego las alternativas ya tradicionales: pueblo–oligarquía; explotados-explotadores; democracia-dictadura; igualdad-privilegios. Ganó la derecha económica a través de sus lacayos políticos y por la fuerza de los medios de comunicación (todos en su poder) y de las mentiras en las redes sociales.

La propuesta de nueva Constitución sí habría podido permitir la apertura de condiciones para la organización sindical, social y política; el respeto a los derechos humanos; la protección del medioambiente, etc. Por presiones de partidos políticos de “izquierda” con representantes en la Convención Constitucional (Partido Socialista y Partido por la Democracia) y que reciben aportes económicos del gran empresariado, la asamblea no tuvo suficientes votos para examinar los Tratados de Libre Comercio (TLCs), así como tampoco se reivindicó la nacionalización del cobre.

Es innegable que la actual izquierda carece de contenidos teóricos para ser revolucionaria. Como consecuencia, carece de ética, no tiene dirección, está fragmentada, se ha quedado en discusiones infantiles, se ha alejado de la realidad.

Allí radica la debilidad del actual proceso. Porque una Constitución es sólo un papel si no hay fuerzas sociales y políticas que conduzcan a hacerla realidad.

Tras la derrota de la propuesta de la Convención Constitucional democrática, se ha negociado una nueva propuesta constitucional con fuerte sesgo de la derecha: integrantes elegidos por los partidos políticos, por el Congreso y con explícitos temas que no se pueden abordar.

La columna vertebral de los cambios sociales propuestos por el gobierno de Boric se asienta en la reforma tributaria que permitiría financiarlos. Sin embargo, el Congreso se ha negado a la idea de legislar al respecto, con la complicidad de algunos diputados oficialistas. Esta fractura y fragmentación en el sistema político es expresión de un golpe blanco.

Nuevamente ha habido grandes incendios forestales que han afectado a poblaciones. Son fruto de plantaciones forestales de grandes empresas y que afectan los ciclos del agua, empobrecen las comunidades, aumentan la escasez hídrica, se pierde la biodiversidad vegetal y acuática, se afectan los suelos, se profundiza la precariedad laboral, se contaminan el aire y el agua.

Boric ha incorporado a su gobierno a la ex Concertación y es asesorado por reconocidos lobbystas al servicio del gran empresariado y de las transnacionales, a tal punto de haber aprobado el TPP11 a pesar de todos los argumentos en contrario dados por las organizaciones ambientalistas. En el plano internacional, el gobierno se ha alineado con los países de la OTAN, con las consecuencias inmediatas que posee esta falta de visión histórica.

2.10.- México

México también tiene un gobierno “progresista”. Pero la violencia y la corrupción impiden que camine más allá de los límites impuestos por los dueños del poder. Quienes se les enfrentan, deben estar dispuestos a las represalias.

A modo de ratificación y de síntesis de lo que sucede en México: sólo en 2022 fueron asesinados 13 periodistas. Aún no se esclarecen las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa ni de las innumerables víctimas del narcotráfico y del tráfico de personas.

Entre sus objetivos, México tiene a la seguridad energética y alimentaria. En la misma línea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha indicado que el litio es mexicano, ha rechazado la importación de maíz transgénico y de otros alimentos insanos y señaló que no permitirá que las fuerzas armadas de ningún país, específicamente USA, pretenda intervenir en el territorio nacional. Esta declaración se debe ante la insistencia de legisladores de USA acerca de que las fuerzas armadas de ese país puedan realizar operaciones en suelo mexicano para luchar contra el tráfico de fentanilo.

En el sureste de México han surgido grupos de autodefensa en las zonas rurales, donde la presencia del Estado es escasa o nula. Es ésta una reacción al contexto de inseguridad, a tal punto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado a más 50 grupos de autodefensa para hacer frente a asesinatos, extorsiones, amenazas y secuelas.

2.11.- Nicaragua

Según el Papa Francisco, el gobierno de Daniel Ortega es una “dictadura grosera”. Ortega lleva cinco mandatos como Presidente, tras elecciones cuestionadas por la “comunidad internacional” y realizadas en medio de protestas de organizaciones opositoras de varios países.

El 7 de noviembre de 2022, Ortega habría ganado las elecciones con 76% de apoyo y más de 30 líderes opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales.

Ha habido una cuestionada decisión judicial para excarcelar a 222 opositores y deportarlos a USA, además de ser despojados de su nacionalidad. Se les acusa de “cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.

Curiosamente, a pesar de la falta de inversión y de ayuda internacional, el PIB ha aumentado 10,3% en el 2021 y un 5% en 2022. El promedio de vida es 74,51% y ha continuado mejorando gracias a los proyectos sociales, económicos y de producción.

Esto sucede a pesar de la falta de inversión y de ayuda internacional.

2.12.- Bolivia

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha pedido a los Estados y organizaciones internacionales liberar a la hoja de coca de la “injusta” asociación con las drogas, para industrializarla y convertirla en medicina y alimento de la humanidad.

En el interior del país, el Presidente Arce ha enfrentado de manera sistemática las protestas de las regiones, de opositores políticos y de grupos civiles que se oponen a sus leyes, a las que califican de autoritarias y persecutorias. Santa Cruz es el foco de la división del país y se mantiene en huelga desde octubre de 2022.

Las protestas de la oligarquía no reconocen que la economía ha crecido 9,4% al año 2022, ni el bono contra el hambre de 143 dólares a quienes no tienen ingresos. El gobernador de Santa Cruz, Camacho, quien ha sido puesto en prisión, sí hace alarde contra el impuesto a la riqueza.

2.13.- Cuba

En abril de 2016, Barack Obama visitó La Habana, insistiendo en borrar la idea de que USA sería adversario de Cuba y enfatizando los obstáculos internos como causa de las dificultades cotidianas de los cubanos. Pero no estableció la relación con la permanencia del bloqueo de USA, ni la agresión a Venezuela, el país con mayor intercambio comercial de Cuba en ese momento.

En 2017, el gobierno de Trump sumó 243 medidas al bloqueo: corte en viajes y remesas, persecución a las navieras que transportaban combustible a Cuba, designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo e impedimentos a las transacciones financieras internacionales.

En 2018, Bolsonaro canceló un acuerdo por 11.000 médicos cubanos que trabajaban en Brasil, lo que aportaba 400 millones de dólares a Cuba.

En 2019, Washington explicitaba que las medidas contra Venezuela iban indirectamente contra Cuba “debido a que la administración de Guaidó tiene como objetivo no subsidiar más al régimen cubano”.

La crisis económica de Cuba, acrecentada por el Covid-19 y los huracanes, además del cierre del consulado de USA en La Habana, ha incrementado a los migrantes cubanos hacia USA, sumado al imán de convertir en refugiados a los cubanos en territorio norteamericano y que ha provocado lo que Marco Rubio ha denominado “miedo al exilio cubano”. Esta situación ha obligado hoy a USA a conversar con Cuba, pero manteniendo el 90% de las sanciones impuestas por Trump.

Biden ha prorrogado la emergencia nacional vigente desde 1996.

2.14.- El Salvador

El Presidente Bukele tiene el poder total. Paradojalmente, su política de desarticulación de pandillas es aplaudida a pesar de que la ciudadanía ha cedido la democracia a cambio de una seguridad bajo Estado de Excepción, el cual permite las violaciones de derechos humanos. Es éste el resultado de una clase política surgida desde la guerra civil y que le ha fallado a su propio pueblo.

El 24 de febrero de 2023 se abrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), siendo inaugurado con la prisión de 4.000 presuntos pandilleros. Bukele se ha jactado de este “logro” y ha publicitado imágenes de los presos descalzos, rapados, con el torso desnudo, con tatuajes que hacen referencia a la Mara Salvatrucha, aparecen corriendo y con las manos esposadas. El dramático espectáculo es comparable con los campos de concentración nazis, según el Presidente de Colombia.

El Cecot tiene capacidad para 40.000 presos, siendo un recinto cuestionado por organismos de derechos humanos que, además, denuncian detenciones arbitrarias y otras ilegalidades.

En marzo de 2022, Bukele declaró régimen de excepción como parte de su política de “combate a las pandillas”, a las que ha responsabilizado de la oleada de violencia luego de 87 homicidios durante un fin de semana.

El gobierno ha comprado 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan ocho pabellones dentro de un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 km de extensión protegidos por alambradas electrificadas.

Bukele lleva cuatro años en el poder, siendo prácticas recurrentes de su gobierno el secretismo y el ocultamiento de información. Es así que los salvadoreños no saben en qué consisten el Plan Nacional de Salud, el Plan Control Territorial, la adquisición de vacunas contra el Covid-19, y muchos otros casos.

El Estado de Excepción ha sido prorrogado 12 veces y, desde su implementación, hay 66.795 arrestados sin acusaciones ni derecho a defensa. Al mismo tiempo, tras innumerables gestiones de organismos de derechos humanos, el Instituto Médico Legal ha entregado los restos de 16 de las víctimas de la masacre de El Mozote (1981) y que fueron exhumados en 2016. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, cuando el Batallón Atacatl torturó y asesinó a todos los habitantes de dicho pueblo: 1.725 fueron las víctimas.

2.15.- Venezuela

El país lleva cuatro años sin diplomacia con USA. Pero la guerra de Ucrania ha afectado la oferta y la demanda de energía alteradas por el conflicto bélico, sumándose las divisiones internas de la oposición al gobierno bolivariano y la aproximación de las elecciones programadas para 2024. Esto ha significado “ablandar” el bloqueo terminando con el “gobierno interino” de Juan Guaidó. Biden se ha visto obligado a retirar el apoyo a sectores radicales que sí eran apoyados por Trump. A USA ha resultado improductivo no reconocer el legítimo gobierno de Maduro. De esta manera, Chevron ha reanudado sus operaciones con PDVSA, pero los bienes y los activos financieros en el extranjero han continuado bloqueados y la deuda del país sigue congelada.

Ha influido el avance de la alianza estratégica de Venezuela con Colombia, Brasil y Honduras, “segunda ola progresista”, en medio del agotamiento del modelo neoliberal como “fórmula de imposición de las oligarquías”. En este plano, el discurso de Maduro reitera que “el imperialismo no tiene nada que ofrecer a los pueblos, salvo miseria, desigualdad, represión, persecución y ausencia de democracia”.

Bajo el escenario de declinación histórica del imperialismo, se facilita la reunificación de las fuerzas progresistas en la región para así reavivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Por su parte, las alianzas de los sectores de derecha de América Latina buscan fracturar a los gobiernos democráticos y progresistas del continente y del mundo.

En este contexto, Venezuela busca “construir un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo nuevo, un destino común para la humanidad”. La revolución bolivariana es de orientación nacional y popular, tras la crisis terminal del pacto de las élites que ha estado orientado al mercado internacional y subordinado a los intereses del imperialismo de USA.

En el Diálogo de Alto Nivel entre el Partido Comunista de China y los Partidos Políticos del Mundo, Maduro señaló haber llegado el momento de la historia y de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, neoliberal, al hegemonismo y al chantaje económico.

III Conclusión

Hoy, pareciera que para USA lo más importante consiste en bloquear, frenar, impedir la transición hacia un mundo multipolar. Centroamérica y El Caribe siempre han sido zonas de dominio exclusivo y excluyente del imperio del norte, con intervenciones militares reiteradas. América Latina sigue siendo retaguardia y reserva estratégica de USA. En este marco, Brasil resulta ser una pieza clave: Lula como Presidente significaría un revés estratégico inaceptable. Chile, el modelo de los modelos del neoliberalismo está siendo subvertido, aunque con un gobierno que ha mostrado debilidad ideológica y titubeos políticos.

USA necesita una victoria política que no sobrepase a los consensos y a la gobernabilidad del sistema, especialmente cuando se encuentra en lucha con China por el dominio del planeta y China es el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Argentina y Perú. Las anunciadas reformas económicas y políticas se están dando en el marco de la competencia entre las grandes potencias. Se agrega la amenaza de una guerra nuclear. Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, China ha realizado maniobras militares con “fuego real”, bloqueando así a Taiwán. Esto ha afectado a 18 rutas aéreas internacionales y más de 900 vuelos han sido obligados a modificar sus rutas. En vista de ello, los cancilleres del G-7 han señalado que “las acciones amenazantes de Pekín” pueden conducir a una escalada innecesaria. Por su parte, el Secretario de Estado de USA, Blinken, ha dicho que “el papel fundamental de las armas nucleares estadounidenses es disuadir los ataques nucleares” contra su país.

Dentro de este marco, no se puede desconocer la existencia de una crisis de alternativa ideológica: dadas las experiencias del pasado, se está en tránsito hacia un nuevo sistema de socialismo que no debería dejar de mantener la crítica marxista hacia el capitalismo. Tampoco es dable olvidar que la pandemia y la crisis de Ucrania expresan la aceleración de la crisis del momento actual. El mundo está subordinado a las potencias.

En esta tensión, el dilema de los gobiernos progresistas es: o aliarse con el centro o la derecha haciendo maquillajes de reformas, o ser efectivamente revolucionarios. Las actuales olas progresistas se están dando en medio de las crisis estructurales del sistema capitalista. Esta situación es la que demarca los límites de los gobiernos. Se corre el riesgo de que la política se convierta en un espectáculo, en una mercancía más, en representación ficticia de la sociedad. Su traducción sería la degradación de la democracia.

El actual panorama muestra un futuro imprevisible, puesto que estamos viviendo una crisis global implicada con un colapso ecológico también global. La pandemia del Covid-19 es un síntoma de la crisis de la relación hombre-naturaleza.

El cambio climático, más la pandemia, más la guerra, dan como resultado la hambruna. Es necesario reconocer que la globalización ha contribuido a la inseguridad alimentaria: al haber sometido a los productores del mundo a la competencia económica, se ha conducido a la quiebra a millones de pequeños agricultores. Porque al haberse volcado la producción agrícola a los monocultivos más rentables, se han postergado cultivos de primera necesidad, debilitándose así a los sistemas de alimentación nacionales. Por de pronto, la ONU ha afirmado que el conflicto de Ucrania está amenazando con condenar al hambre a decenas de millones de personas. A esta situación, la FAO la ha denominado “tsunami silencioso”: para eludir las alzas, algunos países han incrementado la producción de biocombustibles, lo que ha repercutido en los precios del maíz, del azúcar y otros productos indispensables.

Como ejemplo de lo antes señalado: Moscú y Kiev exportan 1/3 del trigo comercializado del mundo. Esto significa que aportan el 12% de las calorías alimentarias del planeta. Mientras, en América Latina y El Caribe el hambre ha aumentado desde el 2000, a tal punto que entre 2019 y 2020 ha habido un aumento de 30% de personas padeciendo hambre. Sólo en 2021 se contabilizaron 59 millones 700 mil personas con hambre en América Latina. La inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población (esto es, cuatro de cada 10 personas).

Dados el declive de la energía, el agotamiento de los minerales por el extractivismo indiscriminado y el cambio climático, el planeta ha entrado en la fase de colapso. La pandemia ha demostrado que el crecimiento indefinido, fruto del capitalismo desbocado, ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. La tierra, sometida por la globalización tecno-científica, ha sido conducida a una explotación voraz e incontrolada. El paso siguiente en esta vía es el abismo. El 23 de septiembre de 2008 la Tierra sobrepasó en un 30% su capacidad de reposición de los recursos necesarios para las demandas humanas. Como corolario, se acrecientan las desigualdades, porque un 20% de los más ricos absorben el 84% de la riqueza y el 20% más pobre recibe el 16%. Quienes tienen poder económico, político y militar, siguen manteniendo su nivel de vida a costa de dejar fuera a la mayoría de los habitantes del globo. El hambre conduce al cambio de las reglas del juego: allí está la raíz de las explosiones sociales.

Ya nadie puede negar que el sistema extractivista está exprimiendo la vida, agota la tierra y expulsa a las personas.  Y cuando se vive bajo la línea de lo mínimo, es difícil mantener relaciones normales de humanidad.

En este panorama, los gobiernos progresistas deben mantenerse sin degradarse. Para ello, requieren de la organización social. Ésta posibilita la formación de la conciencia política y de clase. La institucionalidad de gobierno sin el respaldo organizado y consciente de “la calle”, flotará en el vacío, con el riesgo de “dulcificar” los límites del discurso para conseguir apoyos mayoritarios. Las inyecciones de neoliberalismo que colonizan a las juventudes y al pueblo en general, se transmiten por los medios de comunicación, por las redes, por los estudios, por los libros, etc. En consecuencia, los gobiernos progresistas tienen como principales desafíos la unidad del pueblo y del gobierno con el pueblo; deben crear las condiciones para fortalecer las acciones en los distintos territorios; necesitan la elaboración de un paradigma del progresismo desde los pueblos, recogiendo las múltiples demandas; es indispensable la creación de redes de comunicación; se tiene que ir evaluando permanentemente lo que se está haciendo, enfatizando la dignidad como fin superior. Porque toda victoria que no se convierte en otra victoria, se convierte en derrota.

Los nuevos paradigmas deben pensarse para abrir cauce a los nuevos movimientos ecologistas, feministas, de género, indígenas, sin dejar de lado los paradigmas anteriores. Se trata de construir sin destruir.

Por Hervi Lara B.

Comité Oscar Romero – SICSAL -Chile /  Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-SOA Watch-Chile.

Santiago de Chile, marzo de 2023.

(Para Ocote Encendido. Publicación de los Comités Oscar Romero de España).