Penta y la corrupción político-empresarial

La imagen escénica es poderosa. Los empresarios financian políticos para su servicio en el parlamento binominal con el mismo dinero que defraudan al fisco.

Póngale su versión al comentario anterior. Vale. Lo único que no es bueno es tomar la corrupción político-empresarial a la ligera.

El comentario citado adelante es del editorialista de la revista de actualidad política francesa Marianne (12-18/09/2014). Aquí, Jacques Juillard, sobre fondo de profunda crisis social y política en el país galo escribe: ¿“Tenemos derecho sin caer en el anti parlamentarismo vulgar denunciar la indignidad de la clase política? Sí, —responde Juillard— podemos hacerlo e incluso debemos. Los franceses no se privan; ningún partido político escapa hoy en día a su desprecio”.

Son connotados financistas que tuvieron y disponen de una pléyade de políticos, abogados, expertos fiscales, contadores, cónyuges de paja, fenecidos martilleros ex informantes de la CNI y asesores de imagen-lobbystas que a la vez fueron ministros concertacionistas y comparsas de generales golpistas (nos referimos a Enrique Correa), unos más que otros, los involucrados de alguna manera.

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La gravedad de la situación ilustra el barranco al cual han conducido la vida política chilena el sistema binominal postdictadura de la mano con el modelo neoliberal. Tanto que el impacto de las informaciones (y ha habido de la buena) ha dejado anonadada a una ciudadanía ya bastante desencantada con la política.

Según la última encuesta Adimark, 68% de los chilenos y chilenas desaprueba la labor de la cámara de diputados y 64% la del senado. Para qué hablar ahora de la imagen de los empresarios. Estos se van a asustar cuando aparezca el reportaje sobre el tema en The Economist.

Lo paradójico es el silencio de actores centrales del sistema y su falta de contundencia para exigir una investigación profunda y una sanción severa a los culpables. De los empresarios como de sus correligionarios parlamentarios. Impresiona la cautela y la mudez de los que supuestamente son adversarios de la ultraderechista UDI.

¿Podrán dar lecciones de democracia la elite empresarial y la UDI? ¿Se atreverán a partir de hoy a hablar de otra cosa que no sea de la macroeconomía, el crecimiento, la desaceleración, la productividad y el desempleo (para chantajear con el poder económico del cual disponen)?

Se comprende la omerta de la clase empresarial cuyas prácticas ilícitas e ilegales han quedado al descubierto por las confesiones de un ex directivo y hombre de confianza del mismo grupo Penta. Pero no así la parsimonia de los políticos del binominal que tendrían, en un acto de transparencia democrática, que esforzarse, cada uno, por rendir cuentas acerca del origen de sus fondos de campaña.

¿No tendrían los senadores y diputados que rendir un examen público de probidad?

Los UDI-Novoa-Moreira-Golborne-von Baer tienen un pasado turbio. Andrés Velasco, sin embargo se las daba de virgen ofendida y de Llanero Solitario cuando denunciaba las “malas prácticas” de los otros. Poderosos empresarios que gozan incluso de un cierto aura debido a su pasado “izquierdista” también han financiado candidatos y diputados.

Hay materia para que la ciudadanía o en su defecto organizaciones ciudadanas se constituyan en parte querellante ante los tribunales de justicia contra el grupo empresarial Penta por acciones delictivas y atentado contra la democracia y sus instituciones. Hemos visto que el Estado chileno es lento y no funciona para preservar la democracia del poder corruptor de los poderosos. Es ágil y locuaz como el ministro Peñailillo para crear policías secretas, infiltrar, criminalizar y amenazar a los movimientos sociales e instalar cámaras de vigilancia en territorio mapuche, pero el Estado parece amparar los delitos financieros y el control empresarial del parlamento. Ahí es la oscuridad total y abundan los encapuchados.

Y las comisiones parlamentarias son parciales y contaminadas por sus propios intereses y en estas situaciones intentan diluir en el tiempo toda investigación profunda. La táctica de la disuasión binominal funciona diciendo: ustedes tienen sus corruptos (financiados), nosotros los nuestros. La ley del Talión.

Por supuesto. Ha lugar para que se les aplique “todo el rigor de la ley” —según el discurso leguleyo imperante en la tradición político-conservadora chilena— a quienes han minado la confianza de un pueblo entero en los procedimientos democráticos y que además eluden y evaden impuestos para aumentar sus fortunas y así poder dominar la política con el fin de salvaguardar sus intereses. En otros términos, hay que cambiar la ley tributaria y de financiamiento de elecciones (*) para que este tipo de situaciones no se repita porque la ley no es rigurosa, sino que está hecha para que en un sistema como el chileno esto sea la norma. Es evidente, pero es el momento de ir más allá que el ritual del discurso .

Es extraño que en instantes en que hay que limpiar al sistema de los indices evidentes de corrupción, los políticos de la Concertación-NM busquen desviar la atención de lo esencial.

En efecto, el subsecretario PS del interior Aleuy ha tenido la ocurrencia de decir que en la Araucanía hay “una industria ‘delictual” en vez de focalizar en la delincuencia de la clase dominante. El Senador PPD Girardi también busca cambiar de tema cuando dice que la reforma laboral no es urgente, que “es mejor dejarla para el próximo año”; que los trabajadores deben seguir con las leyes que favorecen a los patrones enriquecidos, sin poder negociar. Tampoco el PPD Harboe y el DC Rincón le apuntan a lo que es fundamental cuando hablan de organizar “cabildos” para “hablar” de una nueva constitución, para no llamar a Asamblea Constituyente que redacte una nueva. Ni el senador PS Carlos Montes que está más preocupado en respetar las reglas neoliberales del presupuesto en contexto de “desacelaración” económica le acierta a la orden del día. Para qué hablar de la presidenta, siempre de viaje e ignorando el asunto.

Lo que importa es democratizar la política. Puesto que debe haber un mínimo de confianza entre los ciudadanos y los gobernantes para que exista legitimidad democrática. Un debate ciudadano amplio acerca de las relaciones entre dinero empresarial-política debe hacerse ahora. Y ante el fracaso de las instituciones actuales, hay más razones que antes para convocar a la elección de una Asamblea Constituyente que proponga nuevas.

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(*) Hemos propuesto el 11-26-2012 la “Promulgación de una Ley de Financiamiento Electoral y de Partidos que impida —al tiempo que penalice— la contribución de las empresas y fije montos razonables a la contribución ciudadana individual y que, además, asigne subvenciones públicas adecuadas para asegurar el pluralismo político.”
En: http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=16603