Por Pamela Poo, Directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur
Hace unos años la industria, principalmente extractiva, viene instalando el termino permisiología para referirse a los permisos que requiere un proyecto de inversión en el marco de la obtención de permisos ambientales y sectoriales, indicando que el proceso es lento y burocrático y que es uno de los elementos de la falta de agilización de la inversión.
Si bien, se puede discutir el cómo mejorar el proceso del Estado para entregar los permisos sectoriales, también es importante las formas en las cuales las autoridades se refieren a ello, y hemos visto en estos últimos meses como estás acuñan un término que es peyorativo y falto de contenido para referirse a aquello, ya que tanto la forma como el fondo es importante, el estado tiene un rol de regular, por lo tanto las autoridades no pueden prestarse para hablar de esta problemática como si fueran compañeros de quienes dirigen dichas industrias, porque las veredas e investiduras son diferentes.
Muchos de los proyectos que requieren de dichos permisos, provienen de industrias complejas y que tienen un impacto importante en materia socioambiental, por ende, se entiende que haya muchos permisos que entregar, por lo que se puede buscar mejorar la gestión de los mismos, pero desdramatizando la situación, ya que se hace ver como si solo aquello fuese lo que impide avanzar, cuando el escenario que impide el real avance proviene de otros elementos que son de fondo y que debemos discutir como sociedad.
Analizar elementos de fondo implica mirar con detalle nuestro modelo productivo. Debemos reconocer que nuestro país no se diversifica en materia industrial, la lógica sigue siendo el extractivismo minero, energético, forestal y salmonero, por mencionar algunos. La fórmula si bien genera recursos, es limitada, ya que en el escenario en el que se mueven dichas industrias, tienen un telón de fondo que es el de traspaso de los limites planetarios, de crisis climática y ecológica, por ende, seguir funcionando del mismo modo que hace 30 años atrás no es posible y eso requiere de una discusión seria y con proyección en el tiempo, ¿qué país imaginamos con las complejidades que tenemos en los próximos 30 años?
Por otra parte, se busca agilizar la gestión de los permisos, pero no se ve el mismo compromiso con respecto a la fiscalización y cumplimiento de las RCA existentes, si bien se aprobó en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el anteproyecto que fortalecería a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), no se entiende porque a casi de dos años de gobierno, esta reforma no aterrice aún en el Congreso, y dado que es de vital importancia fortalecer al órgano fiscalizador, esto debe ser una prioridad, ya que su situación actual es preocupante.
Por último, ante un escenario de crisis climática y ecológica que ya está generando nuevas realidades, en donde el cambio y las incerteza, sumado a los riesgos y perdidas, se debería apostar e incentivar actividades económicas relacionadas con la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza, se requiere dar un giro y romper la inercia, porque de continuar en la senda que venimos transitando, las posibilidades de reacción serán cada vez más difíciles. Es ahora donde tenemos una pequeña ventana para hacer las transiciones, y el no hacerlo nos dejará a la deriva y a merced de la poca capacidad de respuesta.
*Pamela Poo es politóloga, magister en Sociología y especialista en Ecología Política y Políticas Públicas.
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