Piñera y el uso indebido de las Fuerzas Armadas

Por Alejandro Navarro Brain, Senador de la República

El gobierno no cede y sigue justificando su decisión de que las FFAA se unan a Carabineros e Investigaciones en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en las zonas fronterizas. Esta medida resulta un tanto extraña y extemporánea,  ya que contradice al propio Ministro del Interior que había descartado de plano esta posibilidad.

La cuestión del involucramiento de las FFAA latinoamericanas en la lucha contra los carteles del narcotráfico ha sido intensamente debatida en varias ocasiones en nuestra región y por largo tiempo. Y cabe hacer notar que quienes han resuelto involucrarlas, mediante leyes especiales o decretos,  han debido de arrepentirse ampliamente. Pues aquello ha provocado en todos los casos una crisis de seguridad sin precedentes. Aparte de niveles de corrupción inéditos.

Nuestras Fuerzas Armadas no están diseñadas para combatir el narcotráfico en la frontera. Se expondrá a los soldados a un tipo de violencia que pone en riesgo sus vidas, en una tarea que no les corresponde y que fue asignada por el presidente Piñera fuera de todo conducto regular y democrático.

En lugar de eso, se podrían reforzar y perfeccionar las herramientas con que ya cuentan las fuerzas policiales que combaten las drogas en la frontera. Mejorar y modernizar los sistemas de monitoreo, inyectar recursos de inteligencia e investigación y sobre todo mejorar el sistema de control fronterizo. Con eso, no sería necesario incorporar al ejército.

Se sabe que los carteles narcos no tienen ideología, condición de clase o nacionalidad definida. El poder narco florece en cualquier país y establece alianzas con cualquier sector que le resulte útil a sus propósitos. Gracias a su poder corruptor y al volumen de dinero que maneja, el narco es capaz de penetrar cualquier objetivo que se proponga. Es empresarialmente flexible y su billetera es prácticamente ilimitada, y ninguna institución está libre de su influjo corruptor.

Miremos los casos de México y Colombia, especialmente. Hoy en aquellos países de habla con toda normalidad  de “narco jueces”, “generales narcos”, “parlamentarios narcos”. Todo  aquello sin mencionar las graves situaciones de violencia contra los derechos humanos que la injerencia militar trae aparejada.

La militarización de la guerra contra las drogas que sostiene el ejército colombiano ha derivado en una notable penetración del dinero del narcotráfico en todas las capas de la institución.  Recientemente, un coronel, Jefe de Estado Mayor, fue destituido de su cargo al revelarse que ofrecía protección al cartel de narcos conocido como “La Constru”. Otros casos revelan la venta ilegal de armas por parte de militares a narcos e incluso constan varios casos documentados de altos cargos militares dedicados a la distribución de la droga. A principios del 2018, Hugo Aguilar, el ex coronel que abatió a Pablo Escobar, fue detenido por lavado de dinero. Entre otras propiedades, Aguilar tenía dos porches y cuatro fincas rurales.

México, que también ha militarizado su lucha contra los narcos, debe enfrentar regularmente casos de oficiales que trafican con drogas. Aquí también los escándalos son comunes.

Todos recordamos el caso reciente del militar, parte de la comitiva del presidente Bolsonaro, que fue sorprendido con 39 kilos de cocaína en España, en las narices de la diplomacia brasileña.

En el caso chileno, los escándalos donde hay involucrados altos oficiales de las FFAA reducen la confianza que pudiera haber en su incorruptibilidad. Y no sabemos qué puede pasar, a propósito del poder corruptor del dinero. Ya hemos sido testigos de carabineros que participan en quitadas de droga, conocidas como mexicanas, o gendarmes administrando la distribución de drogas dentro de la cárcel y hacia el exterior.

¿No sería más sano y más práctico proveer a las fuerzas policiales de más medios logísticos y tecnológicos para que puedan desempeñar mejor el trabajo para que fueron creadas? Esto debiera funcionar, salvo que el gobierno estime que nuestras fuerzas policiales están superadas y son incapaces de enfrentar el desafío que el narcomundo les impone.

Aparte de todo, hay que contar con que desplegar fuerza militar en nuestras fronteras podría implicar un problema geopolítico con nuestros vecinos.

Las FFAA están llamadas a proteger nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional. Ninguna otra tarea debiera constituir parte de su quehacer profesional.

De ayudar a combatir al narcotráfico en nuestras fronteras a intervenir en su desarticulación en nuestras poblaciones hay tan solo un paso. Y de ahí no hay vuelta atrás.