Piñera y su ley maldita

Todos los grandes hechos históricos y sus personajes se repiten, dice Marx -rememorando a Hegel-, en el primer párrafo de “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, a lo que, seguidamente, agrega “una vez como tragedia y la otra como farsa”.

El 3 de septiembre del año 1948, el gobierno de Gabriel González Videla dictó la Ley n.º 8.987, de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como “la ley maldita”, que puso en la ilegalidad al Partido Comunista chileno (PCCh) y al Partido Progresista Nacional (PPN).

Las teorías acerca de los motivos precisos de la promulgación de dicha ley son variadas, y no ha de extrañarnos que más de algún pseudo-historiador de derecha amante de la farándula, de los héroes y de la prensa rosa, le eche la culpa a algún lío de faldas, o alguna otra circunstancia trivial que, finalmente, nos termine hablando de la inestabilidad psíquica del gobernante y exculpe a su clase de los crímenes cometidos.

Sin embargo, toda persona medianamente racional y sincera, de derecha o de izquierda, coincidirá conmigo que en su sustrato estructural, la decisión se tomó porque el PCCh, en términos orgánicos y políticos, representaba un riesgo para la dominación oligárquica (nacional e internacional) en el país. Y coincidirá conmigo además, en que no fue por el simple hecho de ser el PCCh, sino porque este era el apoyo y la herramienta de las bases sociales para poner en jaque el statu quo.

He ahí lo de la historia que se repite: La burguesía siempre busca, cuando el puro consenso no le alcanza, ilegalizar las herramientas del Pueblo para hacer política de forma efectiva, de manera tal que le pueda dejar caer (al Pueblo) todo el peso de los aparatos represivos del Estado.

En 1948, la herramienta principal era el PCCh con su capacidad de organizar y movilizar a los obreros, pobladores y campesinos. En el 2011 son los estudiantes, con su capacidad de convocar y sumar, de forma transversal, a la población a su causa anti-oligárquica. Y como en este momento sería extremadamente polémico prohibir de plano las federaciones universitarias, en esta historia que se repite, ahora como farsa, un gobierno de payasos (y) matones, envía un proyecto de ley que endurece fuertemente las penas sobre la utilización de las principales herramientas, que tenemos los estudiantes, para intervenir de forma, más o menos significativa, en la arena política.

Las tomas, las funas, los cortes viales, los rayados, los gritos directos que expresan la rabia de la gente contra el gobierno, el cubrirse el rostro de las toxinas de las lacrimógenas, etc. O sea todo lo que altera el Orden Público, será duramente castigado con este proyecto del ejecutivo.

Todo lo que altera el Orden Público a favor de las masas populares será severamente reprimido. Porque quienes nos dejan sin educación, sin salud, quienes lucran con el agua, la energía y las telecomunicaciones (todos derechos humanos) tienen el amparo de la ley para funcionar. Y no sólo eso, sino que además, mediante reformas legales como esta, son blindados del cuestionamiento masivo y público que puede hacer tambalear sus intereses.

Pero la historia también nos enseña que reprimir un movimiento social que es apoyado por un gran porcentaje de la ciudadanía tiene consecuencias, muchas veces muy graves, para el opresor. Y hace falta ser extremadamente prepotente, tarado y/o de RN, para no darse cuenta de lo peligrosa que es una operación legislativa como la que pretende nuestro Jefe de Estado.

No es absurdo, debido a los antecedentes históricos (que no detallaré por motivos de extensión) de los regímenes que tienden al totalitarismo y a la reducción de libertades ciudadanas a favor de minorías privilegiadas, plantear como posibilidades importantes -de aprobarse la ley- que:

a) Si bien la “mano dura” reducirá cuantitativamente a quienes toman la acción directa e ilegal como medio de presión hacia el Estado, aumentará la radicalización y la violencia de dichas acciones, pues al ser menos hombres necesitarán mayor “poder de fuego” para lograr los mismos objetivos.

b) Al verse la ciudadanía desprovista de sus medios de protesta, un porcentaje no despreciable, asumirá a los grupos radicales como su vanguardia, por lo que crecerá el apoyo a la radicalización violenta de los movimientos sociales.

c) La resistencia popular crece de forma directamente proporcional a la violencia explícita del Estado. A la gente no le gusta que priven a sus hijos de la educación y menos aún que los persigan, los torturen y los encarcelen por exigir sus derechos. ¿No fue acaso en los noventa cuando se produjo el gran decaimiento de los movimientos sociales, una vez que las políticas de secuestro, asesinato y desaparición forzada bajaron su intensidad? Y por el contrario ¿no fue acaso la de los ochenta una generación tremendamente combativa ante las injusticias del modelo?

d) Debido a “c”, junto con el aumento sostenido de la desaprobación del Presidente, la ciudadanía comenzará a ocupar todos los espacios legales a su disposición para manifestar su descontento.

En resumen: Sostengo que existe una alta posibilidad de que la intransigencia del actual gobierno -sumada al aumento de las políticas represivas- enfrentada a la creciente demanda social por más justicia y equidad, resulte en la agudización de las contradicciones sociales dentro del país y en una consecuente escalada de violencia, apoyada por un porcentaje significativo de la población, que no se resolverá con bombas lacrimógenas, sino con reformas políticas de fondo (o con el ejército en las calles nuevamente).

Y es que la derecha no entiende que la dignidad es una condición necesaria para vivir en paz. Y es que el Gobierno no entiende que no es quién para poner condiciones, en un régimen que aspira a ser democrático, a la soberanía del Pueblo.

¡Firmes y adelante!

¡Con la razón y con la fuerza!

Por Jamadier E. Uribe Muñoz

Chiloé, 3 de octubre del 2011.