La revelación, por parte de la empresa Soquimich, al Servicio de Impuestos Internos, de que los hijos del senador Jorge Pizarro no le prestaron servicio alguno, nos conduce a la arista más peligrosa de la relación entre el dinero y la política: esta es que “los políticos receptores de dinero son meros subordinados de los oligarcas económicos y de que cuando los intereses de esos oligarcas se ven afectados ellos no vacilan en denunciarlos”.
Un buen ejemplo fue la revelación de los dos caballos corraleros que recibió, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, el ministro de la Vivienda, Edmundo Hermosilla, de parte del dueño de la empresa Copeva, en represalia porque dicha empresa fue eliminada del registro de contratistas del Ministerio de la Vivienda y demandada por ese ministerio. De esta forma, cuando el ministro promovió los intereses del Estado, representados por los propietarios de las casas Copeva, afectó los intereses de Copeva, en circunstancias que había recibido un pago o regalo, que lo comprometía, este pago fue hecho público, y su revelación le significó su salida como ministro y el término de su carrera política.
En el caso, cuando Soquimich o Penta u Otro paga por servicios no realizados, a parlamentarios o a candidatos a cargos públicos, no está realizando una tarea en apoyo a la política, sino que está influyendo, a través de su dinero, en las campañas electorales, mejorando las posibilidades de resultar electos a los favorecidos. No estamos hablando de un regalo, sino de un contrato tácito y secreto, entre empresarios y políticos, que obliga, al político receptor del dinero, a proteger los intereses de la empresa pagadora, y cuyo incumplimiento puede ser sancionado con la revelación del pago. Y tanto es así, que de acuerdo a lo declarado por el controlador de Soquimich, Julio Ponce, los pagos eran determinados por el gerente general, y ello es así, porque en política nadie regala dinero gratis, y porque es función genérica del gerente general la dirección y administración de los negocios sociales, y en este contexto, los pagos a los políticos tienen por finalidad la generación de redes de protección.
Consecuencia de lo anterior, es que los pagos de Soquimich, a los políticos de la Nueva Mayoría, es mucho más grave que los realizados a los políticos de derecha, porque para estos últimos es natural la protección de los intereses de la empresa privada. Así, independientemente, de los eventuales delitos tributarios y penales que se pueden derivar de pagos de servicios con boletas ideológicamente falsas, lo que, realmente, preocupa es que políticos de la Nueva Mayoría hayan sido pagados por Soquimich, por Corpesca, por Penta u por otras empresas cuyos dueños se identifican con la derecha económica y con las violaciones a los derechos humanos, porque estos candidatos cuando fueron electos, bajo la cobertura de la Nueva Mayoría, legislaron en contra de las aspiraciones de los electores de la Nueva Mayoría, e hicieron del proceso legislativo una verdadera farsa, porque los mayores cambios políticos producidos en Chile son consecuencia de presiones externas o de situaciones insostenibles (ley de transparencia, supresión del procesamiento de civiles en la justicia militar, ley de divorcio y ley de unión civil), porque de la supresión de las Isapres, de salario digno y del término de los privilegios: nada.
Así, para la ciudadanía, el término del sistema binominal perdió toda significación, porque los parlamentarios de la derecha y de la Nueva Mayoría protegían los mismos intereses, y por ello, lo más preocupante, no son los eventuales delitos tributarios y penales de parte de los dadores y receptores de boletas truchas, porque para ello existen instituciones públicas, que se suponen autónomas e imparciales, sino que parlamentarios coimeados los estén representando, en contra de la ideología de sus partidos políticos, y que estos mismos parlamentarios coimeados vayan a decidir respecto a las reformas legislativas que permitan superar la crisis que ellos originaron.