La Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, es un servicio público que tiene una naturaleza extraña: es entre civil y militar. Aún recordamos cuando la primera asociación de funcionarios civiles de la DGAC fue perseguida por la Justicia Militar, ya retornada la democracia.
En la DGAC no todas las Asociaciones pertenecen a la ANEF. Es lo que ocurre con la nuestra, la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la
DGAC, pues el Reglamento de la Anef objeta entre sus miembros a más de dos asociaciones por servicio público.
Muchos de nuestros miembros, pertenecieron a otras asociaciones de la DGAC. Tenemos la representación mayoritaria en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Evidentemente, como muchos funcionarios públicos hemos sido afectados por las leyes provisionales. Nuestra vejez está amenazada y luchamos para restablecer el derecho a una jubilación digna.
Fuimos a paro por esa razón y por varias otras. Una de ellas es el denominado «viático de faenas», el cual, de acuerdo a dictámenes de Contraloría, compensa el sobretiempo de transporte que toma viajar a lugares de trabajo alejados de centros urbanos. En el Aeropuerto Arturo Merino Benítez lo reciben Carabineros, PDI, SAG, Aduana, pero se ha discriminado sin razón alguna, y por años, a nuestros funcionarios.
Habiendo pedido a la Comisión Presupuestaria del Congreso Nacional, que autorice los recursos necesarios, el Director de Aeronáutica, a quien le quedan pocos días de gestión, se niega alegando «compensaciones» (pago del pasaje o buses de acercamiento), las que no cubren en absoluto el derecho mencionado.
Nos preguntamos: ¿en qué época estamos que la autoridad pretende pagarnos con el transporte? ¿Acaso debemos entender que se nos pague una hora extra con alimentación? ¿Acaso a los esclavos no se les pagaba con transporte y comida?
Pedimos seriedad. En momentos en que el servicio requiere de modernización y cumplir con derechos fundamentales básicos, como la no discriminación, la autoridad aeronáutica debe estar a la altura. Esperamos que el parlamento y el Ministro de Defensa lo estén, y se corrija esta grave distorsión.
La DGAC produce cerca de 15.000 millones de pesos al año para el país y mantiene un fondo suficiente para satisfacer las necesidades del servicio. Estamos expectantes.
En tiempos de movilización sindical, el ordenamiento jurídico ha quedado rebasado por los hechos. Los medios de defensa de nuestros derechos han quedado probados. Esperamos que triunfe la cordura, y no nos veamos obligados a movilizarnos una vez más, como esta haciendo hoy el Registro Civil.
Presidente Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la DGAC (ATOF-DGAC)
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