Por una agenda política progresista en Puebla

Pese a que en 2019, Morena y sus aliados ganaron la gubernatura en Puebla, cuatro años después nos podemos preguntar si realmente la 4T es una realidad en la entidad. Obviamente, las políticas federales han impactado en la vida política y social del estado, pero no estoy muy seguro de que los gobiernos encabezados por Luis Miguel Barbosa y Sergio Salomón Céspedes hayan contribuido sustancialmente desde su ámbito gubernamental a la Cuarta Transformación.

Así las cosas, sabiendo que Alejandro Armenta, Claudia Rivera, Ignacio Mier, Olivia Salomon y Julio Huerta han levantado la mano para ser los candidatos de Morena y sus aliados a la gubernatura de Puebla en 2024, se me ocurre preguntarles por esta vía si estarían dispuestos a abanderar en Puebla una agenda política progresista que profundice la democracia en los temas que a continuación se plantean:

En primer lugar, les preguntaría a los aspirantes si estaría en su voluntad política hacer realidad el respeto riguroso de la división de poderes en el marco que estipula las constituciones federal y local. Esto significa que harían todo lo posible para que el poder legislativo y judicial no fueran la extensión del poder del gobernador o gobernadora. Podría replicarse que esta división de poderes está consagrada en las constituciones federal y estadual y que estoy planteado algo que es una realidad jurídica. A su vez yo podría responder preguntando si esta realidad jurídica ha sido una realidad efectiva. La observación de los últimos gobiernos de la entidad (y ello incluye al iniciado en 2019) me permite responder negativamente a dicha pregunta.

Me pregunto también y les pregunto a los aspirantes si con la misma voluntad que ha mostrado el presidente López Obrador combatirían la compra del voto, adulteración de este, reparto de despensas y otros bienes para influenciar el sufragio, así como el uso clientelar de los programas gubernamentales de asistencia social.

También si cumplirían rigurosamente con lo que establecen las legislaciones federales y estaduales con relación a la libertad de prensa y expresión. Si serían lo/as aspirantes proactivos para que ningún medio informativo sea castigado por lo que publique en el marco de la ley. Y a la inversa, si dejarían de usar el presupuesto público para premiar a la prensa obsecuente. Tampoco he visto cambios sustanciales en dicha materia en estos tiempos de la 4T.

Y en un momento en que recién presenciamos la captura e intento de amedrentamiento al luchador ambientalista Alejandro Torres Chocolatl y el nombramiento de Ardelio Vargas, cuestionado por AMLO, les preguntaría a lo/as cinco aspirantes si se comprometerían con la protección irrestricta a los derechos humanos.  Si erradicarían la criminalización de la protesta social y protegerían a los luchadores ambientales que se oponen a cualquiera de las formas del extractivismo.

¿Se comprometerían lo/as aspirantes a la gubernatura con la construcción de una democracia participativa? Ello implicaría la promulgación de una ley progresista de participación ciudadana que auspiciara y fortaleciera los más diversos mecanismos de participación y organización ciudadana autónoma. Tendrían que mostrar voluntad política para hacer valer los artículos de la constitución local que contemplan la iniciativa popular y el que deba someterse a referéndum y plebiscito leyes trascendentales para el orden público o el interés social del Estado.

Después de observar el conflicto irresuelto de Coyomeapan, que finalmente terminó en la tragedia del asesinato de varios de sus pobladores, me pregunto si hay voluntad en lo/as aspirantes de por lo menos acotar el poder de los cacicazgos regionales.  Si estarían dispuesto/as a realizar una auscultación con base en los censos para determinar con precisión los municipios en los cuales haya una mayoría de población originaria y propiciar un cambio de forma de gobierno, transitando de la constitucional, a una de usos y costumbres, siempre y cuando así lo decidan los habitantes del municipio.

Habría otros compromisos que lo/as aspirantes de la 4T a la gubernatura de Puebla tendrían que hacer: incluir en la constitución local la revocación de mandato y la austeridad en el gasto público; combatir a la corrupción, evasión fiscal y garantizar transparencia en todo el proceso de licitaciones para el otorgamiento a particulares de obras públicas.

También los aspirantes deberían decir explícitamente si serán firmes en el combate a cualquier forma de discriminación contra los grupos vulnerables o minoritarios de la población.  Si serán firmes en la voluntad política de que los derechos civiles y políticos que establece la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes secundarias, deberán ser extendidos irrestrictamente a la ciudadanía, independientemente de clase, género, etnia, educación, orientación sexual o condición física. Hay otros temas sobre los cuales deberíamos tener un posicionamiento de los /as aspirantes de la 4T: la despenalización del aborto que se está discutiendo en la entidad y la remunicipalización del agua.

Finalmente, en un contexto político en el cual Andrés Manuel López Obrador ya no estará presente, preguntaría a lo/as aspirantes si se comprometerían con la profundización de la 4T. Esto implicaría el compromiso con las reformas constitucionales de carácter electoral, judicial y energético, que se someterán en el futuro a consideración del poder legislativo. ¿Estarían lo/as aspirantes a la gubernatura de Puebla a comprometerse con el apoyo a una reforma del sistema tributario?

En un contexto en el cual personajes que durante años han sido militantes del conservadurismo o de la derecha neoliberal, dicen ser ahora partidarios de Morena y de la 4T, no es ocioso pedirles a lo/as cinco aspirantes un explícito posicionamiento con respecto al menos los temas que hemos mencionado. Veremos si en los próximos meses lo hacen.

Por: Carlos Figueroa Ibarra

Foto: Archivo El Ciudadano

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