Posiciones, oposiciones y posturas

En el curso de la campaña presidencial sostuvimos una interpretación de la realidad social, política y económica chilena que restituye adecuadamente el estado de delicuescencia en que se debate nuestra sociedad. Dicha visión tiene el mérito de la coherencia, de la sencillez y de la justeza, y ningún acontecimiento posterior al 17 de enero ha generado alguna modificación tan sustancial que meritase una revisión de fondo.

Sostuvimos que Chile está enfermo de una institucionalidad espuria que niega la existencia de su propio pueblo en tanto único Soberano, y le despoja de sus legítimos derechos ciudadanos convirtiéndole en simple objeto de los intereses de una oligarquía que se arroga privilegios de casta. Y agregamos que el modelo económico impuesto en dictadura, consolidado y profundizado durante 20 años de gobiernos de la Concertación, no es sino la materialización en el terreno económico del imperio de los intereses oligárquicos (Oligarquía: sistema de gobierno en el que un pequeño grupo de personas, generalmente pertenecientes a una misma clase social, ejercen el poder supremo).

De ahí que sostuviésemos que la contradicción principal que separa y divide objetivamente el cuerpo social chileno es la que separa a los herederos asumidos del legado de la dictadura, del pueblo de Chile que sufre las consecuencias.

La tragedia del terremoto del 27 de febrero no hizo sino poner en evidencia la justeza de la aserción de  Samuel Huntington que sostiene que “los gobiernos nacionales (no son sino) residuos del pasado cuya única función consiste en facilitar las operaciones de la elite global”.

¿Qué ha cambiado desde la elección de Sebastián Piñera, qué ha cambiado desde el 11 de marzo que justifique la formulación de otra interpretación de la realidad nacional?

Construir, establecer y practicar una oposición legítima a la actual administración pasa por entender que si el terremoto fue capaz de modificar ligeramente el eje y el tiempo de rotación de la tierra, no  afectó en nada el esquema de dominación oligárquica del país.

Los temas de fondo siguen siendo los mismos: la necesaria abolición de la constitución ilegítima en vigor y su sustitución por una Ley fundamental que le devuelva a Chile su calidad de república democrática, la profunda modificación de un modelo económico depredador de la tierra y de sus habitantes, la construcción de una sociedad en la que impere la justicia social y económica.

Los voceros de la Concertación evitan referirse a estos temas porque en ellos son cómplices de la actual mayoría presidencial. De ahí que su “oposición” se limite a payasadas como las acciones de LAN que aun posee, -o que poseía hasta hace poco-, el actual presidente. O bien a la visita que este último hizo a dependencias de Carabineros. Ni siquiera pueden referirse al fallido nombramiento de un delincuente común como intendente de Bío-Bío habida cuenta de los innumerables procesos en curso en contra de algunos rufianes que fueron altos cargos, o altos cargos que fueron rufianes, el orden de los factores no altera el producto.

De ahí que algunas “personalidades” elijan la postura que juzgan menos arriesgada y potencialmente más rentable desde el punto de vista de su “imagen”: ofrecerle “ayuda” al presidente Piñera para la reconstrucción. La lucha de clases se interrumpe por causa de terremoto. No la que libra la oligarquía en contra del pueblo de Chile, sino la que este debiese animar en contra de sus amos.

Temas no faltan y partiendo las decisiones relativas a qué es lo que hay que reconstruir, con qué prioridades, así como la determinación de quién paga y cómo. Estos temas, reservados como de costumbre a la opinión y juicio de los “expertos”, son los que le dan a algunos patriotas concertacionistas la ilusión de poder servir para algo en el gobierno de Piñera, el sueño de ser escuchados y la esperanza de seguir existiendo.

Por Luis Casado