De forma muy pensada para contrarrestar las miradas críticas en torno al lento proceso de Reconstrucción a un año del terremoto, y con un mes de anticipación, el Gobierno lanzó una campaña comunicacional sobre una de sus propuestas emblemáticas comprometida en la campaña presidencial: El proyecto de ampliación del post natal.
Si bien en términos generales se avanza en materia de protección, nos parece importante entregar enfoques críticos desde la lógica de las políticas sociales y desde la perspectiva de los derechos humanos que promuevan una mejor propuesta para las mujeres y, sobre todo, para los niños y niñas del país.
La propuesta difundida da cuenta de dos avances centrales: Un aumento de semanas de licencia para la mujer trabajadora y de una mayor cobertura. En el primer aspecto se destaca el aumento de 12 a 24 semanas para fortalecer el apego y lactancia del recién nacido a través de un subsidio con un tope de 30 UF, equivalente a cerca de $650.000 mensuales. Quienes ganan más de ese monto pueden optar a trabajar de forma parcial para completar el monto de su salario habitual con el fundamento complementario de no afectar la empleabilidad de mujeres en cargos de mayor gravitación o de aquellas cuyos ingresos son esenciales para el presupuesto familiar.
En relación al segundo punto, se indica que se promoverá la incorporación de mujeres que tienen contrato por faena u obra, incorporando principalmente a un vasto grupo de trabajadoras de temporada que hoy no tienen acceso a post natal.
De manera adicional, se señala que la propuesta demuestra la preocupación del Gobierno, y en particular del Presidente, por las mujeres más vulnerables del país, pero más bien parece que se busca revertir los bajos índices de aprobación del Mandatario.
Desde los sectores hegemónicos de la escena nacional vemos que ha primado básicamente la mirada cortoplacista y economicista. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha puesto énfasis en la flexibilidad que requiere la medida y otros actores, como el Instituto Libertad y Desarrollo, critican la propuesta por señalar que afectará la empleabilidad de la mujer. Por su parte, desde el Gobierno se señala que los recursos gastados irán en beneficio de quienes más lo necesitan y no de aquellas mujeres que se encuentran en el primer quintil de los ingresos, haciendo valer el criterio de eficiencia en el gasto público y focalización de las políticas sociales.
Los actores políticos de la oposición han manifestado su inquietud por lo que se ha denominado la “letra chica” de la propuesta. En lo central se indica que la iniciativa es insuficiente y atenta contra la denominada clase media, pues excluye del beneficio a un importante grupo de mujeres cuyo ingreso es básico para los gastos de mantención del hogar. Incluso sectores de la Concertación, como el senador Mariano Ruiz Esquide y algunos expertos del ámbito médico y psicosocial, han señalado la necesidad de que sea una política universal en función de la importancia que tiene para el desarrollo del niño un adecuado período de desarrollo en sus primeros 24 meses de vida.
Si bien nos parece importante la propuesta y podemos coincidir en algunos puntos con los análisis que han prevalecido en la oposición, nos parece necesario incorporar al debate al menos dos perspectivas que han estado ausentes o, al menos, invisibilizadas.
La primera refiere a la ausencia de una perspectiva de derechos que sitúe en el centro del debate al sujeto principal que se beneficiará con la propuesta: Los niños y niñas. Al respecto cabe recordar que el Estado chileno suscribió en 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña –CIDNN-, haciéndose al deber de asegurar las condiciones para el desarrollo de los niños y niñas, sin distinción de sexo ni clase social.
Uno de los principios básicos que sustenta la CIDNN es el Interés Superior del Niño. Este refiere a la prevalencia de las condiciones que afectan el cumplimiento de derechos, que es lo que se vulnera en la protección y no discriminación de aquellos niños y niñas del primer quintil, porque en la propuesta se deja al arbitrio de la madre el acceso al beneficio del post natal. En este sentido, las lógicas economicistas del Gobierno no consideran y vulneran este principio porque pasa a ser una simple opción lo que es un derecho del recién nacido.
En segundo lugar, creemos que el debate sobre el monto tope de 30 UF y su financiamiento no es meramente económico, sino que principalmente ideológico, puesto que las políticas sociales universales van en contradicción con la visión neoliberal hegemónica de los últimos 30 años. En esta se concibe el rol subsidario del Estado, la focalización y la reducción del gasto social como criterios coherentes con la visión que entrega al mercado la satisfacción de los derechos humanos básicos. Esta visión ha estado presente en los últimos lustros y nos parece relevante que hoy se comience a hablar –aunque tibiamente- no sólo de derechos universales, sino que se conmine al debate sobre el carácter universal que deben tener las políticas en materias sociales básicas para el desarrollo humano.
Por ello, en función del respeto y cumplimiento de los derechos del niño y la niña, y por políticas en que prime la justicia y solidaridad para la construcción de una sociedad más democrática, creemos que la cobertura debe ser a todas las mujeres o, más bien, que asegure el derecho de todos los niños y niñas a una lactancia y vínculo parental durante a lo menos los 6 primeros meses de vida.
Lo anterior exige una reforma tributaria que posibilite abarcar estos derechos así como otros centrales vulnerados en nuestro país, como salud y educación. También la generación de propuestas concretas que mitiguen la discriminación laboral que afectará a las mujeres, y avanzar en el post natal obligatorio para el padre. A su vez, implica abrir un debate que de cuenta de la voluntad política de los actores por poner en el centro el desarrollo humano y social -en este caso los derechos de los niños, niñas y la mujer- antes que otras miradas cortoplacistas y economicistas que superponen la defensa de intereses políticos o económicos hegemónicos.
Por Claudio Rodríguez Díaz
Asistente Social e investigador de Ical
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