Propiedad privada, derechos humanos y Codepu

Los Derechos Humanos constituyen la moralidad propia de los sistemas jurídicos democráticos del mundo moderno. Cuando dicha moralidad está incorporada a los mismos, es una moralidad legalizada. Y cuando está fuera, es una moralidad crítica, que presiona y sirve como criterio racional para enjuiciarlos.

Los Derechos Humanos obligan en conciencia, fundados en la dignidad inalienable de la persona, más allá del derecho positivo. En la sociedad capitalista, no obstante, dichos principios tienden a establecer las relaciones entre quienes intercambian mercancías. Es ésta una sociedad en la que los pobres y los oprimidos carecen de sitio. Luego, quienes adquieren algún grado de poder, son sólo aparentemente democráticos, pues cada vez que se ven cuestionados o se presenta la posibilidad de disminución de su cuota de poder, acuden a la fuerza.

Ello se debe a que la concepción del derecho a la libertad no está basada en la unión del Hombre con los demás seres humanos, sino en la separación de los individuos, consagrándose así el derecho a la propiedad privada.

En el ámbito de los medios de producción, la propiedad privada está basada en el trabajo de otros. Esclaviza a otros. Se apropia del producto del trabajo ajeno. Es aquí donde radica la fuente de los conflictos sociales, porque la propiedad privada es incompatible con el derecho a la libertad y con el derecho a la igualdad efectiva entre los seres humanos. La libertad y la igualdad en las sociedades capitalistas tienen como trasfondo la indiferencia y el egoísmo, que se expresan cuando las personas son consideradas como mercancías que se desechan cuando dejan de ser útiles a los intereses de quienes manejan cuotas de poder.

En estricto rigor, los Derechos Humanos son irrevocables y no sujetos a excepciones, porque se fundamentan más allá de cualquier voluntad de poder, ideología, gobierno o intereses particulares.

Debido a las transgresiones a lo antes dicho, Amnistía Internacional acaba de evacuar un Informe sobre las innumerables agresiones sufridas por los Defensores de Derechos Humanos. Esto ocurre, entre otros aspectos, cuando los Derechos Humanos y sus Defensores son considerados mercancías. Es improcedente que los Defensores de Derechos Humanos sean manipulados como objetos de mercado, puesto que los Derechos Humanos están basados en valores absolutos. Cuando no es así, la convivencia humana flota en el “vacío”, sin perfil, sin obligaciones y sin fraternidad.

Surgen estas reflexiones tras la situación de imprevista y unilateral de “desmantelamiento” de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), entidad de Derechos Humanos que había retomado la misión dejada de lado durante los gobiernos de la Concertación y que le había dado vida durante la dictadura cívico-militar. En el presente año, Codepu estaba convirtiéndose nuevamente en una instancia donde los “condenados de la tierra” estaban acudiendo en busca de protección.

Codepu, al igual que todo organismo de Derechos Humanos, pertenece a la Humanidad y no a un grupo autoproclamado como su propietario. Es una injusticia inaceptable que, “sin dar la cara”, quienes han aparecido ante la sociedad chilena y ante los organismos internacionales como representantes de los Defensores de los Derechos Humanos, hayan utilizado a las personas y a las organizaciones populares como si fueran mercancías a las que, siguiendo el lenguaje bíblico, se les pudiera comprar o vender por “un plato de lentejas” o por “treinta denarios”.

Por Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)

8 de diciembre de 2012