¿Qué hacer con las desapariciones forzadas?

Columna de Onel Ortiz

Onel Ortiz

17/03/2025 2:03pm

El macabro hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrió un centro de adiestramiento, tortura y exterminio de personas reclutadas encontra de su voluntad por el narco, ha vuelto a colocar en la agenda pública la tragedia de las desapariciones forzadas en México. Un horror que lleva décadas lacerando al país, pero que sigue mostrando su rostro más brutal y devastador, dejando en evidencia la omisión, negligencia e impunidad que han imperado frente a este flagelo.

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Ante esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un paquete de iniciativas legislativas y acciones institucionales orientadas a combatir las desapariciones forzadas. Las propuestas abarcan desde el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda y análisis, hasta reformas legales que pretenden crear plataformas nacionales de identificación humana y homologar protocolos de investigación. En teoría, es un plan integral que podría marcar un antes y un después en la lucha contra este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿será suficiente?

Entre los puntos destacados, está el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dotándola de mayores recursos y tecnologías para agilizar la localización de personas desaparecidas. Además, se busca reformar la ley general en la materia para crear una base única de información forense, alimentada por los datos de las fiscalías estatales y la FGR. Se plantea también establecer la Plataforma Nacional de Identificación Humana, para integrar registros y permitir cotejos de huellas dactilares y ADN, utilizando incluso el padrón electoral del INE.

Si bien estas iniciativas son acertadas y podrían facilitar la localización de desaparecidos, resulta preocupante que la estrategia presidencial parezca centrarse excesivamente en el fortalecimiento institucional y en la tecnocracia, dejando fuera a uno de los actores clave en esta crisis: los colectivos de madres buscadoras.

Es un hecho que, en los últimos años, han sido precisamente estos grupos quienes han encabezado la verdadera búsqueda en el país. Armadas de palas y esperanza, han recorrido desiertos, montes y fosas clandestinas, logrando descubrimientos que las autoridades ni siquiera imaginaron. Convirtieron su dolor en acción y en ciencia empírica, pues la negligencia del Estado las obligó a convertirse en investigadoras forenses, analistas y, en muchos casos, en la única esperanza de quienes buscan a sus desaparecidos.

Por ello, cualquier iniciativa que pretenda ser integral debe necesariamente incorporar la experiencia y conocimiento de estas familias. No es sólo una cuestión de empatía, sino de eficacia y justicia. El Estado tiene la obligación de reconocer la validez de su experiencia, integrarlas en los procesos de consulta para las nuevas leyes, y garantizar su participación en la operación de las plataformas de identificación y búsqueda. Su mirada crítica, sus denuncias y su conocimiento del terreno son indispensables para que las políticas públicas sean realmente efectivas.

Otro punto a debatir es la propuesta de equiparar el delito de desaparición forzada con el de secuestro y homologar penas en todas las fiscalías. Si bien la armonización legal es necesaria, el endurecimiento de penas por sí mismo no resolverá la crisis, sobre todo en un país donde el 90% de los delitos quedan impunes. El problema central sigue siendo la falta de investigación profesional y eficiente, el desdén institucional y, en muchos casos, la colusión de autoridades con grupos criminales. Sin erradicar la corrupción y la impunidad, ninguna ley tendrá efectos tangibles.

También es fundamental reflexionar sobre los riesgos de centralizar en exceso las bases de datos y la información personal de millones de ciudadanos. La integración del padrón electoral del INE en las plataformas de identificación, aunque tiene fines nobles, debe estar acompañada de garantías sólidas de protección de datos y de vigilancia ciudadana para evitar abusos o usos indebidos.

Se debe cuestionar la efectividad de publicar mensualmente cifras sobre desapariciones. Si bien la transparencia es necesaria, en un contexto donde las fiscalías han sido acusadas de subregistrar casos y ocultar cifras, la publicación de datos debe ir acompañada de auditorías independientes y de un compromiso real con la verdad.

El drama de las desapariciones forzadas en México no se resolverá con discursos ni con reformas parciales. Se requiere una voluntad política decidida, una reestructuración profunda de las instituciones de justicia, y, sobre todo, una escucha activa y empática hacia las víctimas y sus familias. Ignorar a las madres buscadoras sería perpetuar la injusticia. Integrarlas de manera real y activa en las estrategias de búsqueda es el primer paso para hacer justicia y dignificar su lucha.

Claudia Sheinbaum tiene ante sí una oportunidad histórica para dar un golpe de timón y marcar la diferencia en uno de los temas más dolorosos del país. Pero si su gobierno no incorpora a quienes han hecho más por encontrar a los desaparecidos, sus propuestas quedarán incompletas y, peor aún, podrían convertirse en otro capítulo de omisión estatal.

La justicia en México no puede seguir construyéndose sin las víctimas, y en el caso de las desapariciones forzadas, la verdad y la dignidad pasan necesariamente por el testimonio, la lucha y la voz de quienes, a pesar del dolor, se han convertido en la conciencia activa del país. Ellas deben estar en el centro de cualquier solución, porque sólo así podremos aspirar a la justicia que tanto se nos ha negado. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz