El Gobierno de Michelle Bachelet incorporó en su proyecto de Reforma Tributaria un impuesto a las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero de las centrales termoeléctricas y calderas de más de 50 MWt, lo que, en general, es compartido por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) y desarrollado en toda su extensión en el documento de la Comisión “Chile necesita una gran reforma energética”.
Grupos empresariales y ejecutivos de empresas eléctricas han salido a cuestionar la conveniencia de un tributo como el planteado, utilizando el acostumbrado argumento de que un impuesto de este tipo produciría incertidumbre entre los inversionistas, atrasos en los planes de desarrollo eléctrico y mayores precios, ignorando que Chile, dentro de Latinoamérica, presenta uno de los más altos precios de la electricidad, como resultado del esquema tarifario vigente (1), a cambiar urgentemente de acuerdo a la propuesta de la CCTP.
Específicamente, la empresa AES Gener ha tratado de confundir a la opinión pública insinuando que estos impuestos implicarían un aumento de las tarifas de 22%, lo que constituye una falacia, ya que pretende mezclar los eventuales efectos sobre la generación térmica a carbón de su empresa con las tarifas, determinadas por un combustible que paga casi la décima parte de lo que corresponde al carbón. En principio, de acuerdo a un informe de Valgesta (2): los clientes regulados en el corto plazo no tendrán incrementos de sus tarifas, ya que los precios de energía actualmente vigentes en su mayoría provienen de licitaciones de suministro realizadas entre los años 2006 y 2013, las cuales en sus bases no permiten el aumento de los precios por cambios regulatorios, las empresas podrán traspasar los impuestos sólo a partir del 2019 y éstos serán marginales.
Quienes se oponen a esta tributación, omiten señalar que los beneficios de los eco-impuestos contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto y que los principales socios comerciales de Chile, están asumiendo, con fuerza creciente, la reducción de la huella de carbono como un elemento clave de la comercialización de los productos que se transan en el mercado mundial. Se argumenta, además, que la industria eléctrica ya está haciendo lo suyo, ya que prevé invertir US$ 1.000 millones para cumplir con la reciente norma de emisiones para las centrales termoeléctricas, que apunta a reducir las emisiones de partículas (PM2,5), dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, pero olvidan mencionar que esa norma ha dejado fuera los metales pesados, que son tanto o más perjudiciales para la salud de la población. Respetar el límite de emisiones normado significa que se está autorizado para funcionar, pero no implica que no deba compensar los daños que causan sus emisiones, puesto que en las decisiones políticas y de inversión sus costos se comparan con los de tecnologías limpias que no perjudican en igual medida la salud y el medio ambiente.
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Si bien estimamos que la propuesta del Gobierno, implica un importante avance desde un punto de vista político, creemos que se debería haber llegado más lejos. Al respecto, la CCTP analizó el efecto sobre la salud, la agricultura, los cursos de agua (ríos y lagos) y las obras civiles, resultante de las emisiones contaminantes que se producen a pesar de la aplicación de la citada norma, planteando no solo la urgencia por imponer un eco-impuesto sino que además el monto que se debería cobrar a las fuentes contaminantes por las externalidades negativas que su actividad provoca. Si bien el informe de la CCTP se concentra en el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y la reforma integral de la legislación que la rige, se asumió que dichos impuestos se apliquen a todo tipo de fuentes emisoras, por ende estos impuestos deben estar incorporados al precio del combustible, lo que actualmente ocurre con el Impuesto Específico a los Combustibles, que contribuye a paliar, en parte, las externalidades negativas del Transporte.
El impuesto propuesto por el Gobierno, dado los valores conservadores asignados al costo de las distintas emisiones, no afectaría el despacho de las centrales por lo que su efecto, en esta etapa, se limitaría a un incremento moderado de los ingresos fiscales y a una mejora de las tecnologías de mitigación o, en el mejor de los casos, a un reemplazo de las tecnologías dominantes.
Frente a la eventualidad de que los eco-impuestos tengan un efecto sobre los precios de bienes y servicios, podemos afirmar que ello ocurriría por una sola vez y que no es seguro que ocurra, ya que el impuesto reforzará la importancia de la eficiencia energética y de las energías renovables (3), las que contribuirán a reducir los gastos en energía de las empresas y de las familias.
La aplicación de un eco-impuesto tendrá impactos beneficiosos en distintos ámbitos: a) permitirá sincerar los precios de las distintas alternativas energéticas, b) reducirá los gastos en salud tanto del Estado como de las personas, c) mejorará, a consecuencia de lo anterior, la productividad de la economía al reducir los días perdidos por enfermedad de los distintos agentes productivos, d) reducirá las futuras barreras a nuestras exportaciones resultantes de una huella de carbono excesiva, y e) favorecerá el desarrollo de una matriz energética más limpia, reforzando las opciones de la eficiencia energética y de las energías renovables no convencionales.
Por Pedro Maldonado y Rodrigo García Pizarro
Miembros de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria
Pedro Maldonado, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
Rodrigo García Pizarro, director Asociación Chilena de Energías Renovables
NOTAS
1) El esquema marginalista, elemento central de la regulación eléctrica, determina los precios en función del costo de la unidad más ineficiente que abastece la demanda, un atraso en el programa de inversiones, contribuye a los altos precios, al posibilitar que las opciones de mayor costo de operación sigan suministrando energía eléctrica al mercado.
2) Valgesta Energía, “Estimación de la recaudación proveniente de un impuesto a las emisiones en el sector eléctrico”, abril 2014
3) La clara tendencia al alza de los precios de las energías, basadas en combustibles fósiles, unida a la reducción sostenida de los costos de inversión de las energías renovables no convencionales, refuerza la competitividad de las segundas.
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