¿Resistencia o Guerra Legal?

El país necesita un Poder Judicial fuerte, pero también necesita uno que esté a la altura de las demandas sociales y que no tema ser reformado cuando las circunstancias lo exijan

Onel Ortiz

21/10/2024 2:10pm

La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México ha sido históricamente tensa, pero en los últimos años ha alcanzado un punto de quiebre. Las decisiones de jueces, magistrados y ministros parecen estar en un constante enfrentamiento con las políticas impulsadas por el gobierno federal y las reformas promovidas por el Congreso de la Unión. La pregunta que surge es si estas acciones son resistencias legítimas al cambio o una guerra legal que busca frenar al Ejecutivo.

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Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con el Poder Judicial fueron un tema constante de debate. Aunque el entonces presidente utilizaba su conferencia mañanera para criticar las decisiones de los jueces y ministros que consideraba injustas o contrarias al bienestar del pueblo, siempre dejó en claro que respetaba sus resoluciones. Un ejemplo contundente es su postura ante las suspensiones concedidas en diversos proyectos, como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. A pesar de los retrasos y las críticas, el presidente nunca desacató una orden judicial.

Esta actitud tiene su origen en su experiencia personal en 2005, cuando como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue desaforado por supuestamente no cumplir con una orden judicial relacionada con el predio El Encino. Este episodio, que casi lo deja fuera de la carrera presidencial en 2006, fue un momento clave en la carrera política de López Obrador y probablemente influyó en su postura respecto a las resoluciones judiciales durante su mandato y ha impusar su reforma al poder judicial.

El reciente conflicto entre la jueza federal Nancy Juárez y la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto de nuevo bajo el reflector el papel del Poder Judicial en la política mexicana. Juárez ordenó bajar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, lo que generó una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo. La presidenta, apoyada por su consejera jurídica Ernestina Godoy y el exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, argumentó que la jueza se excedía en sus facultades, que no bajaría la publicación de la reforma y anunció que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Este tipo de enfrentamientos no es nuevo, pero en este caso resalta el hecho de que la reforma en cuestión afecta directamente al Poder Judicial, lo que pone en entredicho la imparcialidad de sus integrantes. Los jueces y magistrados que han promovido amparos o los partidos que han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma son los mismos que verían sus funciones modificadas o incluso reducidas con la implementación de los cambios.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que estas acciones judiciales no constituyen una guerra legal, sino resistencias naturales a un cambio profundo que ya es parte del texto constitucional. Argumenta que el Poder Judicial, como cualquier otro organismo, debe ser susceptible de reformas para garantizar su funcionamiento adecuado y su cercanía con los intereses del pueblo. Sin embargo, el hecho de que los afectados por esta reforma sean los propios jueces y magistrados plantea un conflicto de interés evidente.

El problema radica en que cualquier cambio que toque las estructuras del Poder Judicial inevitablemente generará resistencias. Integrantes de este poder ven en estas reformas una amenaza a su independencia. La reforma judicial promovida por el gobierno federal busca, entre otras cosas, mejorar la eficiencia del sistema judicial, acabar con el nepotismo y los privilegios, reducir la corrupción y garantizar que los jueces sean más accesibles a la ciudadanía. Sin embargo, desde la perspectiva de los integrantes del Poder Judicial, estos cambios podrían interpretarse como una intromisión del Ejecutivo en su labor, lo que justificaría su defensa a través de amparos.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la jueza Nancy Juárez es que si el Ejecutivo no acata las suspensiones y decisiones judiciales, el país podría caer en la anarquía. Este tipo de advertencias sin sustento reflejan el delicado equilibrio que existe entre los poderes del Estado en México. El respeto mutuo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la base del Estado de derecho, y cualquier incumplimiento podría generar un caos institucional.

No obstante, también es importante considerar que el Poder Judicial ha sido señalado en múltiples ocasiones por su falta de cercanía con el pueblo y su desconexión con las demandas sociales. Los jueces, en su mayoría, son figuras inamovibles que gozan de privilegios y de una autonomía casi absoluta. Esto ha generado la percepción de que el Poder Judicial, más que ser un árbitro imparcial, se ha convertido en una élite que protege sus propios intereses.

El conflicto entre la presidencia de Claudia Sheinbaum y los jueces que han interpuesto acciones en contra de su gobierno podría ser un punto de inflexión para el futuro de las relaciones entre los poderes en México. Si bien es cierto que el Poder Judicial debe mantenerse autónomo y garantizar la impartición de justicia de manera imparcial, también es necesario que se someta a una revisión constante para evitar la corrupción y el abuso de poder.

La clave está en encontrar un equilibrio. Las reformas que se promuevan deben buscar la mejora del sistema judicial sin menoscabar su independencia, y al mismo tiempo, los jueces y magistrados deben estar dispuestos a aceptar los cambios que sean necesarios para mejorar la impartición de justicia en el país.

En última instancia, la pregunta sigue abierta: ¿se trata de resistencias legítimas o de una guerra legal en contra del Ejecutivo? Lo que es claro es que el diálogo entre los poderes debe prevalecer, y cualquier intento por socavar la autoridad de uno u otro pondría en peligro la estabilidad institucional de México. El país necesita un Poder Judicial fuerte, pero también necesita uno que esté a la altura de las demandas sociales y que no tema ser reformado cuando las circunstancias lo exijan. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz