Salud: la crisis permanente de la región del Biobío

En la región del Biobío, miles de personas han muerto durante los últimos años esperando por atención médica. El año 2024 eran 147 mil los inscritos en estas listas solo en la provincia de Concepción, 27 mil las cirugías atrasadas, las demoras, en promedio, de más de 200 días. Algunas personas, incluso, reportaron que se habían pasado 5 años esperando por una intervención. Las cifras son escandalosas.

Acá han fallado, en conjunto, el Estado, los gobiernos —este y los anteriores— y el mercado. El Estado, porque es el gran responsable, en tanto se hace cargo, más o menos, del 85% de la atención regional, cifra que alcanza el 90% en comunas con altos índices de pobreza. Los gobiernos, porque se han ausentado de su responsabilidad, no solo de administrar una respuesta médica a las necesidades de salud de la gente, sino también de fiscalizar su cumplimiento cuando esa responsabilidad se ha externalizado a empresas privadas, que tampoco han cumplido. Por ejemplo, las obras adjudicadas a fines de 2021, de los hospitales prometidos en 2018 para Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, apenas registraban, a comienzos del año 2024, un 5% de avance, y ahora, otro año más tarde, en marzo de 2025, la Dirección General de Concesiones confirma que, efectivamente “no se ha logrado el avance físico requerido a la fecha” ¿Casi cuatro años para saber que las empresas encargadas de la concesión han avanzado nada o casi nada? ¡Impresentable!

Los gobiernos de turno también han descansado en los privados para desahogar las listas de espera; sin embargo, estos no han dado el ancho porque la red privada de clínicas y centros médicos de la región del Biobío es, estructuralmente, incapaz de cubrir las zonas deficitarias o las patologías menos rentables, ya que su lógica los obliga a priorizar y atender en áreas urbanas y en prestaciones de alto margen de ganancias.

Las políticas de salud que se han implementado en la región durante la última década tampoco han solucionado los problemas. La extensión del GES (Garantías Explícitas en Salud) y la incorporación de más patologías con plazos máximos de atención, en la práctica, no han sido suficientes, porque varias de estas garantías simplemente no pueden ser otorgadas por la falta de especialistas y por la propia incapacidad del sistema. Lo mismo ocurre con las estrategias para reducir las listas de espera, como los operativos, las extensiones de horarios o la externalización a través de la compra de servicios de salud privada, que si bien han logrado cerrar casos, no lo han hecho a una velocidad tal que permita reducir las listas.

El “Copago Cero” es buenísimo, pero si las personas se atienden 200 días después, esas políticas pierden sentido. En definitiva, no ha existido una política de salud integral para el país y la Región del Biobío, que haya sido capaz de abordar las falencias del sistema, lo que refuerza la sensación de abandono estatal, porque la gente siente, con razón, que sus necesidades no son prioridad para las autoridades.

Como el mercado, por su propia lógica, no atenderá a personas en situaciones o lugares en los que no les resulten rentables, entonces el Estado tiene que, o volver esa atención rentable, o hacerse cargo de la salud de esas personas colocando como objetivo la lógica del bienestar y de la patria, y no la de la rentabilidad. El mercado no sirve para corregir inequidades sociales, territoriales y económicas, y la crisis de la salud tiene que ver precisamente con eso: con inequidades sociales, territoriales y económicas. Para revertir esta situación, entonces, es impostergable planificar desde la región un modelo de salud pública, que permita a la gente entender y sentir que la salud no es una forma de abandono sino de protección, porque el Estado, lo público: son ellos, somos todos.

Por Marco Enríquez-Ominami