Sangre rebelde: El listado de activistas asesinados en democracia

El activismo en Chile es cuestión de vida o muerte. Son muchos los dirigentes sociales que han muerto (asesinados por poderes en las sombras) en diferentes circunstancias, luego de estar vinculados en distintas causas territoriales y sindicales.

Daniel Menco

Joven asesinado a los 23 años de edad en mayo de 1999. Daniel, al igual que cientos de estudiantes de la Universidad de Tarapacá, participaba en las movilizaciones estudiantiles por el derecho a la educación que en esa época estaban personificadas en el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), a través del cual se financiaba la educación superior.

El autor del disparo, el Mayor Norman Vargas Aragón (hoy en retiro) era  Comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Arica, y disparó su escopeta hacia el interior de la sede universitaria, a pesar de que no tenía muy buena visibilidad. La bala de metal impactó en el cráneo de Daniel Menco, quien falleció irremediablemente.

Luego de acogerse a retiro, Vargas fue condenado el 10 de enero de 2003 a la pena remitida de tres años de presidio por el delito de cuasidelito de homicidio. Pese a que presentó un recurso de casación al fallo, el 13 de mayo de 2005, éste fue rechazado por la Corte Suprema.

El proceso judicial que siguió a la muerte de Daniel Menco no solo buscó demostrar la negligencia del Estado de Chile al permitir el uso de armamento (con balas de metal) en contra de los y las jóvenes que estuvieron presentes en esa manifestación, sino que también entregar a su familia una compensación económica por su irreparable pérdida.

De esta manera, el Segundo Juzgado de Letras de Arica ordenó pagar $180 millones a los padres de la víctima y $50 millones a cada uno de sus hermanos, como indemnización por el daño moral que les provocó la muerte del estudiante. Este fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Arica el 22 de septiembre de 2010, diez años después de su fallecimiento.

“Los funcionarios de Carabineros que intervinieron en los sucesos dañinos, en especial (el mayor) Norman Vargas Aragón, actuaron en forma negligente, sin adoptar el cuidado debido en una actividad de máximo riesgo”, indicó el dictamen.  Además, afirma que “en ningún caso debió usarse ese tipo de proyectiles para el control de la manifestación”.

Por este motivo, concluye que “ha existido falta de servicio por parte del Estado de Chile, pues la organización estatal no funcionó como debía al momento de velar por la mantención del orden público, ya que lo hizo en forma negligente, antijurídica (…) En consecuencia, el Estado debe responder directamente por esa actuación”.

Jorge Suarez Marihuan

Hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Biobío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por seis días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

José Huenante Huenante

Durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, José de 16 años de edad, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.

Juan Collihuin Catril

 Durante un allanamiento ocurrido en 2006, en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y el homicidio ocurrió de madrugada.

Rodrigo Cisternas

El 12 de marzo de 2007 tuvo lugar el primer movimiento de trabajadores forestales en el sector Horcones, donde se ubica la planta de Celulosa Arauco. El 30 de marzo se inició una segunda movilización. En la noche del 3 de mayo se produjeron intensos enfrentamientos entre trabajadores y carabineros, estos, de manera criminal, asesinaron al obrero Rodrigo Cisternas, de 26 años de edad, dejando otros 3 trabajadores heridos, más 13 detenidos.

Álex Lemún

Fue un joven estudiante y comunero mapuche, perteneciente a la comunidad Requén Lemún, que murió a los 17 años de edad, en el contexto de un acto de ocupación de terrenos realizada por parte de la comunidad “Aguas Buenas”, en el fundo Santa Alicia (comuna de Angol), perteneciente a la empresa Forestal Mininco.

El 5 de noviembre de 2002, un piquete de tres carabineros sorprendió a la comunidad Aguas Buenas en la ocupación del fundo forestal Santa Alicia, en la comuna de Angol, región de la Araucanía. Según los comuneros, ellos querían recuperar parte del espacio territorial histórico del Lof, cuyo dueño legal era aquella empresa.

Los ocupantes, al divisar a los carabineros, se replegaron para enfrentarlos. El escuadrón de la fuerza pública usó gases lacrimógenos y balas antimotín, mientras que los comuneros lanzaban piedras con hondas. Luego los policías —que cumplían la misión que les había encomendado el jefe de Zona de la región, general José Alejandro Bernales, que más tarde llegaría a ser General Director de Carabineros— utilizaron sus armas de servicio. Durante el enfrentamiento, Álex Lemún recibió en la cabeza el impacto de un perdigón de plomo de una escopeta Winchester calibre 12 disparado por el mayor Marco Aurelio Treuer. Lemún murió en el hospital de Temuco el 12 de noviembre de 2002.

El caso fue primero conducido por la Justicia Militar: en 2004 el IV Juzgado Militar de Valdivia decretó el sobreseimiento de la causa de modo temporal y parcial, lo que ratificó la Corte Marcial ese mismo año. Pero en 2017 la Corte Suprema decidió reabrirlo en la justicia ordinaria: ese año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había aprobado un informe estableciendo “la responsabilidad de Chile por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Álex Lemún, su familia y la comunidad Requén Lemún”. Finalmente, El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Angol declaró culpable del delito de homicidio simple al coronel (r) de Carabineros Marco Treuer, autor del disparo de escopeta que en noviembre de 2002 le causó la muerte al joven mapuche en la comuna de Angol. Según el veredicto, el oficial efectuó este disparo “teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de ésta”, a lo cual se añadió que dicho tiro impactó en la parte frontal derecha de la cabeza de la víctima, quien falleció días después.

Jaime Mendoza Collío

El 12 de agosto de 2009, Mendoza participó en la ocupación del Fundo San Sebastián de Angol, reivindicado por las comunidades mapuche del sector como territorio ancestral. Posteriormente a dicha ocupación, Jaime Mendoza Collío huyó hacia su comunidad Requén Pillán, ubicada en Ercilla. En el trayecto, específicamente en la Comunidad Requén Cabrapán de la misma comuna, fue asesinado por un disparo del cabo primero de Carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz, quien formaba parte de una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de siete miembros al mando del Teniente Raúl Sáez Pezo, e integrada además por el Sargento 2º Nelson Maldonado Pezo, Cabo 1º Alfredo Ahumada Gajardo, Cabo 2º Carlos Novoa González, Cabo 2º German Cataldo Villanueva, y Cabo 2º Roberto Canío Quilaleo. Cerca de ese lugar ocurrió años antes la muerte del joven Álex Lemún.

Otros indígenas sobrevivientes que participaron en esa actividad de toma de tierras del Fundo San Sebastián fueron acusados por el Ministerio Público del delito de usurpación violenta y daños simples, siendo absueltos por el Juzgado de Garantía de Angol (rol 1472-2009) el 11 de octubre de 2013, decisión que fue avalada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 6 de diciembre del mismo año (rol 923-2013). Asimismo, en 2013, la Corte Suprema sentenció en un fallo unánime a Miguel Jara Muñoz a tres años de pena remitida.

Cabe recordar que, eso sí, anteriormente el funcionario de Carabineros había sido absuelto tras ser el autor del disparo que impactó por la espalda al joven el 12 de agosto de 2009.

Rodrigo Melinao

Le arrebataron su vida con tan solo 27 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en la parcela N°6 del sector de Chihuaihue, comuna de Ercilla, quien fue encontrado al día siguiente de su asesinato y tendido de espaldas, solo con las huellas de impacto de perdigones de escopeta en su tórax. Su certificado de defunción señala como causa de muerte: “Traumatismo torácico complicado por herida de escopeta/homicidio”.

Melinao había sido condenado a 5 años y un día de presidio por el delito de incendio de bosques forestales y de 541 días de presidio por el delito de daños a dos buses y un camión aljibe, hechos ocurridos en 2011 en el sector Chiguaihue, proceso que llevaba a cabo el Fiscal antimapuche Luis Chamorro, las comunidades en ese entonces catalogaron de un montaje lleno de irregularidades aquel proceso judicial, razón por la cual Rodrigo Melinao había decidido resistir en la clandestinidad. Durante años fue activo dirigente mapuche, luchaba por la recuperación y reivindicación territorial, especialmente frente a la usurpación de tierras por parte de las forestales hasta el día de su asesinato, el cual aún no tiene justicia.

El homicidio tuvo lugar a solo una semana de que el entonces Relator Especial de la ONU sobre DD.HH. y Contraterrorismo, Ben Emmerson, en su visita a Chile, alertara sobre los efectos y la forma en que se ha aplicado a la comunidad mapuche la ley antiterrorista. Según señaló en la ocasión, la norma “Se ha aplicado de modo confuso y arbitrario, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo, y se ha percibido como un factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos y protestas territoriales mapuche”.

Macarena Valdés

Fue una activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil, y cuya muerte se encuentra siendo investigada como un posible asesinato.

En 2014, buscando vivir de acuerdo a la espiritualidad del pueblo mapuche, se mudó con su pareja, Rubén Collío, y sus hijos, a la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos, lugar donde se integró a la comunidad mapuche local Newen. Collío fue elegido werkén por las comunidades, lo que supuso una destacada visibilidad para él y su familia.

Ante la construcción de una central hidroeléctrica de paso en el río Tranguil por parte de la empresa austríaca RP Global y la chilena SAESA, que significó la tala de bosque nativo y la inundación de dos cementerios ancestrales, Rubén Collío se puso al frente de la organización mapuche para denunciar y frenar la instalación de la empresa, encabezando junto a Macarena una serie de manifestaciones que consiguieron que la Gobernación Provincial de Valdivia iniciara un diálogo con la empresa y las comunidades aledañas para fiscalizar las obras. El 1 de agosto de 2016, Valdés y miembros de las comunidades locales cortaron la ruta CH 201, una vía nacional que accede a uno de los pasos fronterizos con Argentina.

Macarena Valdés fue vista por última vez con vida por su pareja cerca de las 13 horas del día 22 de agosto de 2016. Valdés debía acudir con su hijo menor –de 1 año y 8 meses de edad– a un control médico de rutina en la localidad de Liquiñe, en un autobús programado para las 14:30 horas. Francisco, su hijo mayor de entonces 11 años, regresó antes a su casa y la encontró sin vida suspendida de una cuerda atada a una viga, con el bebé presente en el lugar.

Collío presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de Valdés. La investigación fue encabezada por la fiscal Alejandra Anabalón de la Fiscalía Local de Panguipulli. En la primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal de Valdivia se caratuló la causal de deceso como “asfixia por ahorcamiento” y que el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros. En esa línea, la fiscalía entrevistó a familiares lejanos de Valdés, a quienes inquirió sobre su estado psicológico, concluyendo que padecía de depresión y dando por cerrado el caso, bajo la hipótesis de un suicidio.

Sin embargo, por su familia y la comunidad Newen de Tranguil cuestionaron desde un principio esa hipótesis, principalmente por las amenazas de muerte que habían recibido anteriormente por participar de manifestaciones en contra de la construcción de la central hidroeléctrica. Un año después, contratado por la familia de Valdés, el médico forense Luis Ravanal realizó un análisis pericial sobre la autopsia efectuada por el Servicio Médico Legal y cuestionó el resultado, concluyendo que ya estaba muerta cuando fue colgada, porque la piel de su cuello no tenía lesiones vitales normales del ahorcamiento, y recomendó la exhumación del cuerpo de Valdés para que se efectuase una segunda autopsia. A raíz de ese informe, la fiscalía, encabezada por el persecutor Jaime Calfil, reabrió el caso el 21 de agosto de 2017, ​y la segunda autopsia, encargada al propio Ravanal en octubre de ese año, terminó concluyendo que “No se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical”. La segunda autopsia incluyó un estudio histopatológico de una muestra de tejido del cuello de Valdés, que se pidió a la doctora Carmen Cerda del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, el que estableció la ausencia de lesiones vitales microscópicas observables en el área estudiada, lo que significaba que probablemente la víctima estuviera sin vida al momento de ser colgada de una viga.​ Recién a fines de 2018 se logró la recaratulación a “hallazgo de cadáver” pero en ese lapso la investigación no avanzó.

Ratificando las conclusiones de la segunda autopsia, el patólogo británico John Clark, emitió un informe sobre la muerte de Valdés el 12 de agosto de 2019, donde destaca la falta de una descripción detallada de cómo fue encontrada muerta y que las pericias iniciales fueron deficientes. Sobre la base de los elementos científicos disponibles, Clark concluyó que Macarena murió por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza, y que luego el cuerpo pudo haber sido suspendido para simular un suicidio.

Nicolasa Quintremán

Fue un símbolo de lucha y resistencia Pehuenche contra la construcción de la central hidroeléctrica  Ralco, de Endesa. Era una líder mapuche que batalló por más de 10 años contra la generadora Endesa, para evitar que sus tierras fueran inundadas; además, fue una de las artífices de diversas manifestaciones tanto en Santiago, como en Concepción en contra de la central.

La líder mapuche y su hermana Berta se resistieron a Ralco, la cual fue ideada en 1990 y construida unos años más tarde, con acuerdo entre Endesa y el gobierno de Eduardo Frei.

El cuerpo de Nicolasa fue encontrado flotando en las aguas del embalse artificial de la represa de Ralco en diciembre de 2013, luego que luchar por años en contra de este mismo.

Pablo Marchant

El 9 de julio se conmemoraron dos años del asesinato del joven mapuche Pablo Marchant. Este hecho ocurrió en el llamado fundo Santa Ana Tres Palos, propiedad de la forestal Mininco controlada por la familia Matte, ubicado en la comuna de Carahue.

El proceso investigativo ha tenido contradicciones y omisiones, en todo este tiempo. Elemento que ha sido denunciado por la abogada Patricia Cuevas y la familia de Pablo Marchant. El perito forense que demostró lo que era un secreto a voces para la familia y cercanos de Pablo fue Luis Ravanal Zepeda, quién determinó que Pablo fue ejecutado por el cabo primero Hugo Rodrigo Huenchuvil Antil.

El nuevo informe viene a confirmar el hecho de que el comunero mapuche fue asesinado tras dos disparos de parte de Carabineros, siendo uno de estos percutado atrás de su cabeza tras encontrarse herido. Así se desacreditaría la versión oficial entregada por la institución policial y los antecedentes planteados por el Servicio Médico Legal.

Dentro de las irregularidades que han pesado en la investigación a lo largo de estos dos años, se encuentra un hecho que no le parece extraño al Ministerio Público, como que el imputado Hugo Huenchuvil afirme disparar a una distancia de tres o cuatro metros de la cabeza de Pablo, pero que esa vainilla haya desaparecido del sitio del suceso, incluso, dicho funcionario de carabineros afirma haber disparado en varias ocasiones, antes de encontrarse con Pablo, pero en el sitio del suceso solo se encontraron dos vainillas, una a 5 y otra a 7 metros del cuerpo del occiso lo que no se condice con los relatos respecto de la lesión que le provoca la muerte.

Lo anterior guarda íntima relación con el irregular hecho de que quienes resguardaron el sitio del suceso fueron los mismos dos imputados funcionarios de Carabineros, en circunstancias que existían otros policías uniformados presentes en los alrededores del sector, en el marco del mismo procedimiento y con mayor grado que los autores del delito; sin embargo, solo a ellos se les encomendó resguardar el lugar hasta la llegada de personal de la Policía de Investigaciones, lo cual sucedió al menos tres horas después de cometido el asesinato. Junto con ello, solo existe constancia de que un solo funcionario portaba una cámara Gopro, la que casualmente enciende después de cometido el hecho.

Alejandro Castro

Era dirigente sindical, siendo además uno de los lideres de las protestas ciudadanas para lograr descontaminar Quintero, comuna establecida como zona de sacrificio, lugar donde vivía y trabajaba como pescador.

El 2018 fue un año donde se vivió una gran crisis ambiental, donde el foco estaba en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, ya que ambas comunas se vieron gravemente afectadas por el cordón industrial que las atraviesa y fueron muchas las personas que resultaron intoxicadas.

Por esto, las personas comenzaron a manifestarse obligando a las autoridades a hacerse cargo. Uno de los cabecillas de estas manifestaciones fue Alejandro, quien era secretario del sindicato S-24 de pescadores de Quintero y también activista medioambiental.

En octubre de 2018, Castro fue encontrado muerto en una línea del metro en Valparaíso, colgado a la orilla de la línea férrea, el día anterior el joven había asistido a su última marcha, donde hacía un llamado a la comunidad a levantar la voz.

Matías Catrileo

Era un joven de 23 años de edad, estudiante de Agronomía en la Universidad de La Frontera, en Temuco, capital de la región de La Araucanía, además de ser militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Catrileo fue asesinado el 3 de enero de 2008, tras recibir un disparo por la espalda, realizado por el cabo segundo Walter Ramírez, todo esto porque Matías y otros comuneros mapuche se encontraban defendiendo sus tierras ancestrales, las cuales estaban en manos de Jorge Luchsinger.

Camilo Catrillanca

Nieto del lonco Juan Catrillanca e hijo del presidente de la comunidad mapuche “Ignacio Queipul Millanao”, Marcelo Catrillanca.

Camilo Catrillanca, desde temprana edad tenia un rol relevante en las manifestaciones, fue vocero de la toma de la Municipalidad de Ercilla, en el año 2011, en marco del movimiento estudiantil.

El joven destacaba en sus intervenciones que el movimiento apoyaba las demandas por una educación gratuita y de calidad, pero también planteaba fuertemente la necesidad de incorporar una educación intercultural, además de pedir fin a la violencia policial presente en la zona.

Catrillanca fue asesinado a los 24 años de edad, el 14 de noviembre de 2018, en Temucuicui, tras recibir un balazo en medio de un incidente donde se encontraba involucrado el denominado Comando Jungla, unidad del grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros.

Camilo se encontraba junto a un adolescente de 15 años en un tractor, siendo ahí donde recibió un disparo en la parte posterior inferior de la cabeza. Finalmente, fue trasladado a un centro asistencial en Ercilla, donde murió mientras era atendido.

Marcelo Vega Cortés

Fue presidente de la Asociación de Comunidades indígenas de Chan Chan, región de Los Ríos y un opositor a la instalación de un ducto de la empresa Celulosa Arauco-Celco, dicha instalación buscaba verter desechos directo al mar de Mehuín.

Este dirigente social de 47 años de edad fue encontrado muerto y flotando en la desembocadura del río Lingue, comuna de San José de la  Mariquina, cerca del cuerpo se encontraba la camioneta que manejaba a diario.

Álex Muñoz

Fue dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa Paneles Arauco, vivía en la localidad de Teno, cerca de Curicó.

Llevó adelante una serie de peticiones a su empresa por las condiciones de laborales que había al interior de la planta de trabajo, específicamente tras dos explosiones, las cuales expusieron la vida de los trabajadores.

Álex murió el 9 de diciembre del 2018, fue encontrado al interior de su domicilio donde presuntamente cometió suicidio.

Juan Pablo Jiménez

Jiménez era líder del sindicato N°1 de la empresa eléctrica Azeta, donde tenía un rol muy activo como sindicalista, además de liderar manifestaciones de forma continua.

Jiménez era líder del sindicato N°1 de la empresa eléctrica Azeta, donde tenía un rol muy activo como sindicalista, además de dirigir manifestaciones de forma continua.

El día 21 de febrero del año 2013 fue asesinado por una “bala loca” en la nuca, la que recorrió casi un kilómetro en tres segundos, y venía desde una balacera en la población La Legua, llegando hasta la cabeza del dirigente, quien murió de forma instantánea.

Finalmente, la sangre derramada por estos héroes no debe ser olvidada… Que su ejemplo sirva para todas las generaciones que luchar por una causa justa y legítima, no obstante las penurias y el miedo, entrega una semilla de conciencia y rebeldía a todos los oprimidos, la que implica bregar y no dejarse avasallar por el poder de las armas y del capital.

Autor: Jorge Molina Araneda