Sebastián Piñera, «un político al filo de la ley»: Los 41 puntos críticos de su vida pública

Por Jorge Molina Araneda

Sin desconocer su labor en la reconstrucción del país tras el terremoto del 27 de febrero de 2010; además del rescate de los 33 mineros de las entrañas de la mina San José, el cierre del Penal Cordillera, el empleo del término “cómplices pasivos” (colaboradores de la dictadura cívico-militar) y el rápido proceso de vacunación contra el Covid-19; es menester realizar una revisión crítica de la vida pública del expresidente Sebastián Piñera, quien lamentablemente perdió la vida a sus 74 años de edad en un trágico accidente en helicóptero.

1) EnjoyGate: la periodista Alejandra Matus reveló que en enero de 2021 el mandatario firmó un decreto que habría beneficiado al casino Enjoy, al prorrogarle de forma extraordinaria, más allá de lo contemplado por la ley, el plazo para poner en funcionamiento cuatro casinos para los que la Superintendencia le había otorgado los permisos de operación en 2018. La decisión se habría justificado por las dificultades causadas por la pandemia, pero la investigación de Matus ha revelado que la cadena de casinos arrastraba problemas financieros desde antes. El decreto habría permitido que la cadena «se mantenga a flote, a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017”. Ahora surgen cuestionamientos en relación con las empresas BTG Pactual y Moneda Asset, las cuales administran la fortuna de Piñera. Está acreditado que el presidente y su familia tienen intereses en estas empresas y está acreditado que estas empresas han invertido en Enjoy. Lo único que falta por establecer es si los fondos específicos involucrados son los del presidente o no.

2) Pandora Papers: Sebastián Piñera y su familia realizaron en Islas Vírgenes Británicas (BVI) la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, según reveló la investigación que surgió de los denominados «Pandora Papers». El exmandatario y su familia fueron en el pasado los mayores accionistas del proyecto minero con el 33 por ciento de sus acciones, las que sumadas a las de Délano tenían el dominio del 56 por ciento de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. En diciembre de 2010, el fundador de la empresa Penta compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga. Según la investigación periodística, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. El pago se efectuaría en tres cuotas. La primera vencía el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar  21 millones de dólares el 18 de enero. La tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares sería pagada a más tardar el 31 de diciembre de 2011. «Sin embargo, -explica la investigación- ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero». En concreto, «el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia». De esa forma, la transacción final dependía directamente de las decisiones que tomara el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, el Mandatario sorprendió al anunciar que se suspendería la construcción de Barrancones, como así pedían los defensores medioambientales. En esa oportunidad, Piñera anunciaba a Chile que «he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza». Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de La Higuera, al igual que Dominga, pero en ese momento nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona. Cuando se supo, se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que entre otras cosas concluyó que la información recabada, en particular desde el Servicio de Impuestos Internos, “permite, a lo menos, presumir que el ex Presidente buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. Finalmente, Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

3) Proyecto Imán: un reportaje de CIPER reveló que, en el mismo periodo en que se selló la polémica compraventa de Dominga, a mediados de 2010, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia del mandatario, inició las negociaciones para adquirir un proyecto minero de hierro y escandio al sur de Vallenar, por el que finalmente se pagaron US$ 13 millones. El tema es que, de acuerdo a la investigación, en esas mismas fechas el dueño de las pertenencias – Arnaldo del Campo- había sido nombrado por el mismo Presidente como su representante en el directorio de Enami. Frente a esta situación el máximo ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, y quien participó en la negociación de esta última iniciativa, dijo al medio que “no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés”. Cabe mencionar que los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo, donde tenían como socios a la familia de Carlos Délano, ambos involucrados en Pandora Papers. Los proyectos Dominga e Imán se realizaron bajo los fondos de inversiones de los Piñera y Délano, la sociedad Minería Activa, levantada por Larraín Vial.

De acuerdo a CIPER, el 31 de enero de 2011 se firmó el contrato de opción de compraventa de las concesiones mineras del proyecto Imán. En este primer documento legal aparecen dos sociedades compradoras que luego saldrían del negocio: Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Rucapangui, ambas ligadas al grupo de inversionistas liderados por los Délano y los Piñera, y que eran las mismas que utilizaron para concretar el negocio de Minera Dominga. La sociedad vendedora de las concesiones mineras era Huentelauquén S.A., de los abogados de Arnaldo Del Campo. En esa promesa de compraventa figuran Juan Cristóbal Jaramillo, como representante de Huentelauquén; Pedro Ducci (ejecutivo de confianza de los Délano) y Pablo Délano Méndez (hijo de Carlos Délano), como representantes del Fondo de Inversión Privado Rucapangui; y Nicolás Noguera Correa (ejecutivo de confianza de los Piñera) y Juan Paulo Bambach, en representación de Minería Activa Uno Spa.

4) Triangulación de AFP Hábitat: Piñera tuvo parte de su fideicomiso ciego en un fondo de Moneda, que a su vez invierte en ILC, que participa en la propiedad de AFP Hábitat. Esta última, al mismo tiempo, invertiría en fondos de Moneda. Asimismo, según se lee en la página web de FyF, Lorenzini acusa tres triangulaciones -una de ellas de la AFP Hábitat y Moneda Asset Management- y otras dos que involucran no solo al Presidente Piñera sino a su hermano José -con Génesis- y al mayor de sus hijos, Sebastián, con Volcom.

5) Crisis Migratoria y Acceso del Tren de Aragua: de acuerdo a información del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros (2022), en la primera semana de ese año los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos con sorpresa 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%”.

Piñera contó a su haber con el tristemente célebre viaje a Cúcuta (origen de la crisis migratoria): “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”, fue la frase que manifestó en una entrevista a Deutsche Welle, a solo cuatro días de haber asumido su segundo mandato. Era marzo de 2018 y Piñera era visto como uno de los mandatarios más importantes de la región y considerado como “un refuerzo por los gobiernos latinoamericanos críticos con Nicolás Maduro”. En el horizonte estaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambas a realizarse los últimos meses de 2019. Pero antes, apareció otro escenario ideal para que Piñera se alzara como figura gravitante en la política exterior. Se trataba del viaje a Cúcuta que tuvo como objetivo derrocar a Maduro y darle el apoyo al autodenominado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, todo bajo el manto de la “ayuda humanitaria” que Maduro no había solicitado.

Su plan de posicionamiento se derrumbó. Primero por el fracaso de la operación para sacar a Maduro y luego por el estallido social de 2019 que obligó a suspender la APEC y la COP25, además de olvidarse completamente de su programa de gobierno.

En dos años, Piñera pasó de ser un mandatario progolpista reconocido en el continente, a tener solo 6% de aprobación en enero de 2020, el más bajo de la región. Su popularidad era incluso más baja que la de Fernando de la Rúa, presidente de Argentina que en 2001 huyó en helicóptero desde la Casa Rosada tras la mayor crisis social y económica en décadas.

El viaje a Cúcuta le explotaría a Piñera un año después a raíz de la crisis migratoria en el norte de Chile, donde la oposición le recordó su frase: “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”.

El Tren de Aragua es una megabanda criminal proveniente de Venezuela que llegó a Chile en 2021. Ha sido localizada en Tarapacá, La Serena, Valparaíso, Quilpué, Talca y Temuco, entre otras ciudades de suelo nacional. Se dedican a una variedad de delitos con alta dosis de violencia, y se caracterizan por la utilización de armas de fuego. Su origen se encuentra en la provincia de Aragua, en Venezuela. Se formaron en la década del 2000 como un colectivo sindicalista en la construcción de un ferroviario en su nación. Comenzaron con sobornos para conseguir trabajos en el proyecto, pero rápidamente fueron escalando en sus delitos. Ese sindicato no era normal. Era un sindicato delictivo, en que utilizaban el asesinato, los golpes, para controlar el tema laboral. Luego, algunos de sus miembros fueron detenidos y fueron trasladados a la cárcel de Tocorón, que es la principal prisión del estado de Aragua, en la que hay alrededor de 6.000 presos. Y a partir del año 2013 “niño Guerrero” empieza a formar una banda criminal con parte de lo que había sido ese sindicato del Tren de Aragua y otros presos de esa cárcel de aquella prisión.

La sede principal de esta organización delictual está en la cárcel de Tocorón. Al parecer, el edificio cuenta con comodidades como piscina, gimnasio, bar, entre otras. Allí residía su jefe principal, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como “el niño Guerrero”, cuyo historial delictual comenzó en 2005, cuando atacó a una comitiva policial y asesinó al funcionario Oswaldo González. Desde la cárcel -donde además cobran por residir- manejan su centro de operaciones al resto de Venezuela y Latinoamérica. Actualmente, según InSight Crime, cuentan con más de 2.700 miembros, gran parte de ellos en las cárceles, donde generan liderazgo y extorsión. Además, son conocidos por su brutalidad y por su masiva posesión de armas de fuego. Están presentes en 10 de los 23 estados de Venezuela. Asimismo, son la primera megabanda criminal de la República Bolivariana en expandirse al resto de América Latina. Su movilidad tiene relación con la ola de emigración venezolana por su crisis social, lo que probablemente les permitió moverse con mayor facilidad entre las naciones. De hecho, uno de sus delitos más comunes es el tráfico ilegal de personas entre países, algo que practicaron en Chile en 2021.

Desconocida en nuestro país, pero temida en naciones vecinas, los indicios de la presencia de esta banda alertó desde el 2021 a la Fiscalía de Iquique por su violencia y activo rol en el tráfico de migrantes desde Bolivia a Chile. En 2021 existían, al menos, cuatro casos vigentes por tráfico de personas, drogas y armas.

Uno de los primeros casos en que este grupo apareció en escena tuvo su origen el 27 de marzo de 2021. A través de seguimientos y otras técnicas investigativas que se mantienen bajo reserva, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Alta Complejidad de Iquique identificó a un grupo de extranjeros que traficaba drogas hacia Chile. Hasta ese momento, la causa se asimilaba a una de las tantas indagatorias por este delito, en que delincuentes aprovechan pasos no habilitados para ingresar narcóticos al país. Sin embargo, algo en los imputados no cuadraba con los casos anteriores. Mostraban un temor evidente, pero no hacia los policías que los detuvieron, sino a quienes les habían encargado la misión de internar ketamina (tranquilizante para animales usado en drogas sintéticas) al territorio nacional. Los detenidos, todos extranjeros de países de la región, indicaron que el objetivo de su viaje era ingresar de manera clandestina a Chile, pero que en la frontera se encontraron con miembros de la banda transnacional llamada Tren de Aragua.

La posibilidad de que este grupo esté operando en Chile encendió las alertas en la Fiscalía Regional de Tarapacá. La agrupación criminal ya se asentó en el sector de Pisiga Bolívar, límite fronterizo con Bolivia, donde sus negocios giran en torno al tráfico de drogas, de armas y trata de migrantes.

Estadísticas de Carabineros de la zona muestran que los controles por ingreso irregular registrados entre enero y septiembre de 2021 en la zona de Colchane crecieron un 2.783% en comparación con igual periodo de 2020. Es decir, si en 2020 se controló a 360 personas (de ellas 55 menores de edad) por traspasar la frontera en pasos irregulares, en 2021 esa cifra aumentó a 10.378 casos, entre ellos 3.023 menores.

Huara, localidad ubicada a 161 kilómetros de Colchane, es otra de las zonas donde la migración irregular se hace presente, con un incremento de casos de 1.493% comparado con 2020. Según la policía uniformada, el aumento en la dotación en la zona, sumado al apoyo del Ejército, permitió aumentar los puntos de fiscalización y control, lo que incide directamente en los incrementos porcentuales.

De acuerdo a los registros de Carabineros, en 2021 un total de 12.714 personas fueron controladas tras ingresar por pasos no habilitados a Chile. En detalle, las cifras entregan otro dato preocupante: el 26,4% de los detenidos -uno de cada cuatro- era menor de edad.

La alta demanda por cruzar la frontera hacia Chile transformó el árido suelo del desierto chileno-boliviano en tierra fértil para la acción de bandas trasnacionales e, incluso, de uniformados altiplánicos que buscan apoderarse de una parte de los 370 kilómetros de frontera, a fin de controlar los 79 hitos fronterizos y los 32 pasos no habilitados que ha detectado la policía, casi uno por cada 10 kilómetros de frontera.

Pese a la complejidad de la zona, en Iquique la Fiscalía Regional apenas contaba, hasta 2021, con cuatro fiscales en su Unidad de Análisis Criminal para recolectar toda la información proveniente de denuncias y partes policiales, con el objetivo de crear reportes que alerten sobre nuevos delitos, nuevas bandas y nuevos conflictos en la zona fronteriza.

A tal punto ha escalado la tensión en la zona limítrofe, que la policía chilena ha recibido denuncias de inmigrantes ilegales que ingresan con impactos de balas en sus cuerpos, por negarse a pagar el traslado. El primer caso de este tipo ocurrió en marzo de 2021, cuando un extranjero que formaba parte de una columna de 21 inmigrantes que buscaban cruzar de forma ilegal se negó a pagar: “Logró arrancar, pero llegó herido a bala a Colchane, a la subcomisaría. Venía junto a una columna de 21 personas que habían llegado con lo puesto, y dicen que habían sido asaltadas por un grupo de venezolanos que los habían atacado por no querer pagar por el cruce de la frontera”, detalla una fuente judicial de la zona. La misma persona indica que el modus operandi utilizado, así como la presunta nacionalidad de los atacantes, encajan en el perfil del Tren de Aragua y se indaga la vinculación.

La fiscal Centro Norte Carolina Suazo formalizó en agosto de 2021 a una banda que, desde febrero de ese año, estuvo tras la internación ilegal a Chile de 3.600 ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.

Según datos de la Policía de Investigaciones, revelados por el diario La Tercera (2022), se estima que en Chile hay, al menos, 100 miembros activos de la organización criminal. En marzo de 2022 la policía logró asestar uno de sus mayores golpes y detener al presunto líder de las operaciones en Chile, Carlos González Vaca, alias “Estrella”. Sin embargo, los crímenes de esta banda no cesaron.

La banda focaliza sus operaciones primarias en dos zonas del país. La primera es en el norte, donde se dedican a la importación de drogas, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el crimen por encargo. Los secuestros y las amenazas de muerte les sirven como herramientas para extorsionar a los inmigrantes que logran ingresar a Chile, los que son sometidos a su estructura. Tienen control, por tanto, de los inmigrantes y de sus familias en sus ciudades de origen en Venezuela. En parte del año 2022, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en esa zona, particularmente en la Región de Tarapacá, llegó a niveles de países centroamericanos con alto nivel de crimen organizado, como El Salvador o Guatemala, constatan las autoridades. Su segundo centro de operaciones es en la zona central de Chile, particularmente en la Región de Valparaíso. Desde ahí distribuyen cargamentos de Ketamina a lo largo del territorio nacional y controlan sus operaciones de secuestros, extorsión y homicidios en Santiago.

El viaje a Cúcuta de Piñera, como acto criminal progolpista en tierras extranjeras, tiene una grave resonancia en nuestro país, ya que su falta de criterio importó la propagación y metástasis de crudos actos criminales que tienen en vilo a nuestras autoridades y a la ciudadanía en general.

6) Irregularidades en Espacio Riesco, residencias sanitarias y cajas de alimentos: a fines de marzo de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, el gobierno confirmó que arrendaría el reconocido centro de eventos Espacio Riesco para su habilitación como recinto hospitalario. La elección del recinto generó suspicacias, no solo por su perfil poco ligado al área de la salud, sino que también porque se realizó mediante un contrato directo con el Estado, sin un proceso licitación de por medio. Esas sospechas no tardarían en ser confirmadas.

El Ejecutivo informó que Espacio Riesco costaría cerca de $17 millones mensuales y, para generar confianza, Piñera incluso aseguró que el gasto sería “menos que lo que cuesta un parlamentario”. Los datos del gobierno serían acertados, con excepción de un detalle: el gasto no fue de $17 millones por mes, sino que por día.

A fines de 2021, la deuda que debía pagar el Estado por los cuatro meses de uso de Espacio Riesco era de aproximadamente $2 mil millones. Además, Contraloría detectó irregularidades en los contratos firmados por la Subsecretaria de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, como, por ejemplo, el mismo servicio cobrado dos veces.

Este tipo de situaciones se repitieron en otros gastos de recursos fiscales. El órgano fiscalizador también detectó irregularidades en el arriendo de residencias sanitarias por parte del entonces subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga.

Se descubrió, por ejemplo, el arriendo de recintos vinculados a un funcionario del Ministerio de Salud o al subsecretario de Obras Públicas Cristóbal Leturia. Contraloría también detectó irregularidades en la contratación de al menos otras cinco residencias sanitarias.

Como si fuera poco, también hubo irregularidades en el programa Alimentos para Chile, donde el gobierno compró cajas de alimentos para repartirlas a la población. Estas fueron compradas a sobreprecios en 15 de las 16 regiones del territorio nacional, en tratos directos y con proveedores creados recientemente o ligados a otros rubros, pero que habían cambiado su giro hace poco.

7) La manipulación de las cifras de muertos por la pandemia de Covid-19: otro cuestionamiento al manejo de la pandemia por parte de La Moneda fue la opaca información que entregaba el Ministerio de Salud (Minsal) cuando Jaime Mañalich estaba al frente. En abril de 2020, fuentes al interior del Minsal cuestionaban al ministro por no compartir los datos y lo acusaban de estar ocultando deliberadamente la información.

“El ministro elige lo que se publica y lo que no, y ese ha sido un problema muy grave desde el principio de la pandemia, porque mucha gente quiere saber los datos actuales, y qué datos se pueden necesitar, por ejemplo, para efectos del modelamiento matemático. Y en ese sentido hay elementos que se están ocultando deliberadamente”, decía una fuente, según reveló El Mostrador.

En mayo de 2020, la periodista Alejandra Matus cuestionó los datos entregados por el Minsal, los que no cuadraban con la información del Registro Civil. Entre el 3 de marzo y el 29 de aquel año murieron 4.201 personas por “enfermedad respiratoria”, mientras que el gobierno afirmaba que solo habían fallecido 209 por Covid-19. En ese momento, el ministro calificó de “fake news” la información difundida por la periodista. Sin embargo, seis meses después, el Minsal reconoció que reportaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una cifra de fallecidos mucho mayor que la informada a la opinión pública.

8) Amarrar la Ley de Patrimonio antes de dejar La Moneda: la denuncia fue realizada por el Frente por el Patrimonio, movimiento que agrupa a una serie de sociedades civiles que buscan defender el patrimonio material e inmaterial de los pueblos. Afirma que en junio de 2019 el Ejecutivo envió el proyecto de ley y en marzo del año pasado ingresó una indicación, sin consultarle previamente ni participación de las comunidades locales, pueblos, cultores y los sujetos y actores sociales del patrimonio en toda su diversidad. Señalan que la iniciativa legislativa pasó por encima de las exigencias y obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto a cumplir con las normas vigentes del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, en particular el Convenio N°169 de la OIT sobre Consulta indígena y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas.

Denunciaron, asimismo, que el informe técnico que se envió a la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, fue realizado por el propio Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este documento sirvió de base para que el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda Errázuriz, señalaran que debido al carácter general de la ley, no haría necesaria la consulta indígena.

En esa oportunidad, acusaron que en plena discusión en la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, se ingresaron indicaciones como una “maniobra y operación política de amarre de último minuto. El Ejecutivo representado por el Subsecretario de la Presidencia, el subsecretario del Patrimonio en complicidad con el entonces diputado Luciano Cruz Coke, ex Ministro de Cultura del primer gobierno de Piñera sobre la base de colocar urgencia de ‘discusión inmediata’ al proyecto, mediante oficio de la Mesa de la Cámara, lograron ‘sacarlo reglamentariamente por secretaría’ a la Comisión de Hacienda de dicha Corporación”, afirman.

Finalmente, el proyecto se envió sin el informe que debía incluir la discusión, propuesta y opiniones de las organizaciones del patrimonio, realizadas al interior de la Comisión de Cultura, las que mayoritariamente, según señalan, se oponían al proyecto por las razones anteriormente señaladas.

9) Aprobación de la central termoeléctrica Los Rulos: en total son US$3.649 millones los que el comité de ministros aprobó en medio de duras críticas. En aquella sesión se dio luz verde a los proyectos de central de ciclo combinado Los Rulos de Cerro el Plomo S.A. (US$594 millones) y el Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco S.A. (US$527 millones). En reunión de ministerios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Agricultura y Minería. Originalmente solo se discutiría la expansión del Ferrocarril metropolitano pero, a solicitud del ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, se sumó además los cuestionados otros proyectos.

10) Licitación del litio: pese a que es un recurso natural estratégico, Sebastián Piñera quiso amarrar la licitación antes de dejar La Moneda, al punto que ni el Congreso tuvo acceso a toda la información. Aunque la Comisión de Minería y Energía del Senado pidió las bases de licitación, desde el Ejecutivo respondieron que solo se entregarán “una vez que el proceso finalice con la respectiva adjudicación”, contraviniendo el derecho que tiene el Poder Legislativo a saber, más cuando se trata de un tema tan relevante como es el litio.

Debido a que el litio es un recurso natural estratégico y donde Chile tiene el 44% de las reservas del mineral a nivel mundial, la decisión del Ejecutivo generó cuestionamientos y suspicacias debido a que es poco apropiado que un gobierno saliente ceda los derechos de tan importante recurso. A raíz de lo estratégico del litio y la poca información disponible del proceso.

“Lo curioso es que no se establece localización, no se establece las tecnologías ambientales que se van a utilizar. No se dice en qué salar se va a instalar la explotación”, señaló en esa oportunidad Yasna Provoste.

11) Violación de convenio internacional con el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Eso establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y que el Estado de Excepción decretado en la Macrozona Sur por el gobierno de Sebastián Piñera violó. Esta consulta nunca existió. La única que se realizó fue la llevada a cabo por el Gobernador Regional y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía para “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía” sobre la extensión del Estado de Emergencia. La consulta fue abiertamente cuestionada, debido a que solo incluyó a las comunas de la IX Región y podían participar solo las personas que contaran con conexión a Internet. Esto último es relevante ya que según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, La Araucanía es una de las regiones con menor acceso a Internet.

12) Contrato entre La Moneda y Cadem para estudio estratégico durante período electoral: el sitio Interferencia.cl dio a conocer un contrato por trato directo entre el ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la empresa de estudios de opinión pública y marketing Cadem para realizar un “estudio estratégico cuantitativo” para la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom). El contrato, realizado el 20 de octubre de 2021, fue aprobado por el organismo de comunicación de La Moneda, tiene como objetivo “conocer las potenciales tendencias, conflictos y escenarios de la población por un monto de $24 millones”.

En el reportaje del medio de investigación en cuestión se da cuenta de que la administración de Sebastián Piñera ya ha contratado en varias ocasiones a la empresa de estudios de opinión pública, como es el caso de la Segegob, Senda y Junji, desembolsando un total de $309 millones. En el mismo reportaje se hace mención de que Cadem ha sido señalada como la empresa “favorita del gobierno de Piñera” a la hora de realizar estudios de opinión pública.

Durante el año 2018 fue contratada por el gobierno por un monto de $956 millones, superando a otras empresas de opinión pública según un artículo de La Segunda, indica el reportaje.

También recuerda que la empresa accedió a información de millones de usuarios de telefonía celular “gracias a una contratación en la que Subtel encargó a Cadem encuestas de satisfacción por servicios de telefonía, lo que significó el traspaso de numerosa información a la empresa de opinión pública”.

13) Pago anticipado salva a los Piñera Morel de la quiebra de Latam: en marzo de 2020, cuando las líneas aéreas sufrían por la cancelación de vuelos, la familia Cueto y controladora de la compañía aérea pagó una millonaria deuda que mantenía con Inversiones Odisea Limitada, empresa de los hijos del mandatario. Una de las razones para este pago anticipado habría sido la solicitud de rescate financiero que realizó meses después al Estado chileno.

El anuncio de la quiebra de Latam Airlines generó ruido en el mundo bursátil. La compañía llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores como una forma de allanar el camino y así la aerolínea pudiera reducir su deuda para salir del Chapter 11 de la Ley de Bancarrota estadounidense a la que se acogió a comienzos de 2020.

Sin embargo, el acuerdo ha generado molestia entre los accionistas minoritarios, ya que solo beneficia a los mayoritarios, dejando a la deriva y con pérdidas a los que tienen menor participación. Entre las afectadas se encuentran las AFP. Esto porque las administradoras de fondos de pensiones tienen invertido el dinero en distintas empresas, entre ellas, Latam. Se estima que la aerolínea le debe cerca de 500 millones de dólares a las AFP.

Pero no todos salieron trasquilados con la quiebra de la aerolínea internacional, entre ellos los hijos del Presidente, Sebastián Piñera. Esto porque justo antes de que Latam se acogiera a la ley de quiebras en Estados Unidos, Costa Verde Aeronáutica S.A. -a través de la cual la familia Cueto controla la compañía-, realizó un millonario y oportuno pago para saldar una deuda que mantenía con Inversiones Odisea Limitada, empresa perteneciente a los cuatro hijos de Piñera. Desde el 2016 que los Cueto mantenían un crédito de 40 millones de dólares otorgado por la empresa de los hijos del mandatario. Pese a que no había obligación de pagar esa deuda en ese momento, de todas formas se realizó.

Teniendo en cuenta de que el transporte aéreo fue una de las áreas más golpeadas por la pandemia, pagar un crédito por adelantado no resulta muy conveniente menos en marzo, mes que comenzaron las restricciones de vuelos internacionales producto del coronavirus.

Según señaló El Mostrador en su momento, una de las razones para realizar este pago anticipado se debe a que era una forma de reducir las críticas que podrían venir cuando la compañía solicitara el rescate financiero por parte del Estado chileno, administrado nada menos que por Piñera. Cabe recordar que el mismo día en que el gobierno decretaba el Estado de Excepción por la pandemia, Latam le rebajaba en un 50% el sueldo a todos sus trabajadores por un periodo de tres meses. La rebaja se dio incluso antes de que la empresa se viera afectada por la pandemia y pasando por encima de todos los contratos colectivos de los sindicatos. En abril de ese año, mientras los trabajadores estaban con la mitad de su sueldo, la compañía acordó la repartición de US$57 millones entre los accionistas.

14) Delitos de lesa humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos: es la acción que llevaba adelante la fiscal Ximena Chong. El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó en dicho periodo 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.

El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de DD.HH. y Pueblos Originarios de la cámara de diputadas y diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

Asimismo, el gobierno realizó diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. A fines de julio de este 2020, Sebastián Piñera indultó a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.

Además, queda el asesinato por la espalda del joven comunero Mapuche Camilo Catrillanca, cometido el 14 de noviembre del 2018 por agentes represores estatales del GOPE de Carabineros.

También, sin que aún sean condenados y favorecidos con cambios de medidas cautelares y múltiples suspensiones de juicio, están los agentes que fueron parte de la “Operación Huracán”, involucrados en diversos montajes de inteligencia de Carabineros para inculpar a numerosas personas Mapuche, siendo la antesala a otro plan que no alcanzó a concretarse y de características transfronterizas: “Operación Andes”.

15) Los 4.029 indultos: durante su primera administración, Piñera indultó, según un reportaje de La Tercera, a 4.029 presos condenados. Entre esto a 1.116 por delitos a la Ley de Tránsito. En el lote también había 767 personas condenadas por narcotráfico, 444 por hurto, 263 por robo, 134 por armas, 36 por homicidio frustrado y 5 por violencia intrafamiliar. Otro dato que impactó en esos años es que unos 900 reos indultados reincidieron. Es decir, uno de cada cuatro beneficiados volvieron a cometer delitos.

16) Banco de Talca: en la investigación del Caso Banco de Talca los tribunales pudieron establecer que el Banco –en esa época- tenía prestado más de US$200 millones a empresas relacionadas. Había quintuplicado su capital y reservas cuando la ley tenía como límite máximo el 25% del capital de la entidad bancaria. El banco tenía una serie de sociedades relacionadas y –según la información judicial- no necesariamente tenían existencia legal y los controladores y ejecutivos del banco otorgaron créditos a estas sociedades inexistentes sin ningún tipo de garantía. En el proceso se logró establecer que los involucrados, desde su posición privilegiada en el banco otorgaban créditos a estas empresas que tenía como fin comprar acciones del propio banco. Este novedoso “modelo de negocio de capitalización” que usaba la triangulación de fondos había sido ideado por la empresa Infinco de propiedad de Sebastián Piñera y otros “expertos” que tomaron la asesoría del Banco de Talca en 1978. El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como uno de sus peores días de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la acción de tribunales y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la ministra de la dictadura Mónica Madariaga.

17) Caso Cascadas: Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.

18) Caso Chispas:  también llamado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la «era Pinochet». Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de US$ 75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de US$ 400 millones.

19) Chiloé y el Caso Tantauco: en el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche y Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera. Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”. La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”. Piñera adquirió a fines de 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas; son las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos. La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del especulador Piñera con títulos superpuestos. El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al Estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).

20) Colusión LAN Cargo: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera con UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.

21) Caso Penta: el año 2009 mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.

22) Caso SQM: el jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $110 millones en total que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp, emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada a Piñera, que señaló que los servicios y asesorías sí se habían realizado.

23) Triangulaciones en CHV: en 2009, cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto. Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich y Aguas Andinas. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.

24) Aportes ilegales del Grupo Said: una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades de Piñera: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport, los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

25) Forwards con Bancorp: según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre de 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del expresidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta. Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV.

26) Milicogate: el primer gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni a la ciudadanía. La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.

27) Sociedades truchas en Panamá: Cecilia Morel, la viuda de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de los años 80 del siglo XX que aún se mantienen vigentes.

28) Autopréstamos para evadir impuestos: Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, aáque puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional (RN). Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo especulador. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

29) Coimas en LAN: luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción exministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que sí se había reunido con él.

30) Corrupto en Transparencia Internacional: en el Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció el nombre de Sebastián Piñera por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.

31) Boletas falsas de sus hijos: Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano de Piñera: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta, Carlos Alberto Délano.

32) Hacer negocios utilizando información privilegiada mientras era Presidente: Sebastián Piñera, en su primer mandato presidencial, compró acciones de una empresa pesquera peruana beneficiada por el fallo de La Haya. La BBC Mundo informó: “Apenas comenzaba a vislumbrarse como la carta más segura de la centroderecha chilena para las presidenciales 2018 cuando comenzaron los problemas en su incipiente candidatura”. Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014, debió salir a dar explicaciones de por qué la matriz de su holding de inversiones, Bancard, invirtió en una compañía pesquera peruana. Según datos contenidos en sus memorias anuales, Exalmar es la cuarta productora de harina de pescado de Perú, país que a su vez es el primer productor y exportador de la materia prima. La matriz de Piñera cuenta con un 9,10% de la propiedad, siendo el segundo accionista más importante de la pesquera, según consta en las declaraciones financieras de Exalmar.

33) Esconder su fortuna en Paraísos Fiscales: el diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment. Esto debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones de Piñera en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado. El parlamentario recordó que el exprecandidato presidencial de la UDI y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.

34) Caso Exalmar: luego de tres meses sin entregar los correos que le pedía la Fiscalía, y tras ser citado a declarar en calidad de imputado, Radio Biobío reveló la existencia de un correo que demuestra que Sebastián Piñera Morel estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la Empresa Pesquera Exalmar S.A. Negocio que recordemos, Piñera realizó mientras aún era Presidente utilizando información privilegiada y que le reportó millonarias ganancias mientras Chile perdía en La Haya. Como consignó Radio Biobío, el correo electrónico da cuenta del informe respecto del negocio que Cristóbal Silva, analista y asesor de Bancard, entrega a Nicolás Noguera, Carlos Marinetti y Sebastián Piñera hijo. En el texto, Cristóbal Silva entrega los argumentos por los cuales rechaza el, hasta ese momento, eventual negocio. Dice, entre otras cosas, que le parece un negocio estacional, con altos requerimientos de capital de trabajo, expuesto a cambio de regulaciones y al fenómeno del niño.

35) Sobornos de Pesqueras: en el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Biobío, 9 millones de pesos.

36) Caso Terremoto: Sebastián Piñera tenía participación accionaria en una de las empresas que enfrentó problemas por un edificio en calle Amunátegui, tras el gran sismo de 8.8 grados Richter que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. Se trata del edificio Geocentro de calle Amunátegui, que fue construido por Novatec y cuya inmobiliaria fue El Bosque S.A., ambas empresas ligadas a Constructora Aconcagua, empresa en la cual Piñera tenía una antigua inversión. Poseía un 17,8% de la constructora y era el tercer mayor inversionista después de su amigo Andrés Navarro y de Aníbal Montero. Su participación se diluyó cuando Aconcagua se fusionó con SalfaCorp en 2007. Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera poseía un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se informó públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña. Dentro de la temática y secuelas provocadas por el terremoto encontramos otra arista. A un mes del terremoto, Piñera anunciaba el programa gubernamental Manos a la Obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. En ese plan las tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales, valga la redundancia, necesarios a los municipios. Dentro de aquellas, en dos participaban ministros del gabinete.

Homecenter Sodimac: Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008, Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.

Easy: Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional estuvo ligada al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann.

Construmart: sin lazos conocidos con el gobierno de Piñera.

No obstante lo anterior, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat.

37) Empresas zombis y los impuestos: históricamente prometió que bajaría los impuestos, pero dedicó su vida a subirlos, porque creía que era lo que le daba votos y le servía para hacer buenos negocios, como cuando compró las acciones de LAN que tenía la CORFO, bajo el gobierno de Aylwin (período en que él era senador), a cambio de las facilidades que le permitieron la compra, aunque oficialmente decía que lo hacía para “legitimar el modelo”, apoyó con los dóciles votos de su partido político, Renovación Nacional, la reforma tributaria de Aylwin que llevó al incremento del impuesto a las empresas del 10 %, en que lo había dejado la dictadura cívico-militar, a 15 % en 1991. Amén, compró sociedades “zombis” (entidades insolventes que normalmente colapsarían, pero siguen operando debido a la clemencia de los acreedores), con enormes pérdidas tributarias, que imputó a las ganancias de las suyas y así se ahorró (robó) 44 mil millones de pesos en impuestos (US$69.912.190.55).

Durante su mandato presidencial también se subieron los impuestos, en específico, el royalty a la minería. Pero él, cuando subía los tributos en 2010, se llevó a paraísos fiscales en el exterior el producto de las ventas de las acciones, como socio mayoritario de Colo Colo, Chilevisión y LAN, las que implicaban las tres cuartas partes de su patrimonio. Su lema era: Los impuestos se suben a los demás, pero no a mí.

38) Desfalco en Codelco: el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) “perdió” más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado. De acuerdo al economista Julián Alcayaga: “En 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”. Si a esto se le suman los US$ 4.670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.

39) Finiquito impago: este nuevo episodio nos lleva a Frutrono, comuna de la provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos. Es en este lugar donde el expresidente poseía un fundo. Los medios locales han informado que sin respuestas se mantiene la familia Salazar Delgado, luego que a través de una medida desesperada llamaran a su entonces empleador -Sebastián Piñera- al pago de un finiquito que esperan hace casi un año. Concretamente, se trata de Gabriel Salazar, extrabajador del fundo ubicado en Coique, y que es de propiedad, como ya mencionamos, de Piñera.

“Pague mi finiquito Sr. Piñera” se puede leer en un lienzo gigante instalado en las afueras de la casa donde aún residen y que es de propiedad del fundo.

“Hace 11 meses tuve una discusión con el administrador y me despidió en forma verbal. Al día siguiente fui a la Inspección del Trabajo para dejar constancia del tema y ahí comenzó todo”, relató Gabriel Salazar.

Lo que más lamenta el extrabajador del fundo es que no puede cobrar el seguro de cesantía, ni su finiquito. Además, tuvo que asesorarse con un abogado que lo represente y señala que el proceso se ha dilatado.

“Pusimos este cartel como una medida desesperada, porque ya no podemos estar así”, expresó.

Tras colocar este lienzo, el pasado jueves 9 de noviembre, dice haber recibido amenazas para que lo bajara y cuando no se encontraba en su casa, derribaron el portón y botaron todo a su paso.

“Mi señora, que trabaja en otra empresa cercana y que también pertenece al mismo dueño, fue increpada y amenazada. Tuvo que renunciar por la presión. Pero nosotros pedimos lo que es justo”, relata Gabriel.

Cabe señalar que la vivienda de esta familia -zona donde está el cartel- está dentro del fundo del especulador Piñera por lo que destacó que de llegar a un acuerdo, “mañana mismo me voy y busco trabajo en otro lado”.

40) Irregularidades de su Ministerio Secretaría General de Gobierno: un informe de auditoría de la Contraloría General de la República mostró irregularidades en la contratación de servicios por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en estudios solicitados a Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing, entre enero de 2020 y octubre de 2021, cuando dicha cartera era dirigida por el exministro Jaime Bellolio (UDI), bajo la segunda administración Piñera.

Según se lee en el informe de la entidad, en el caso de Cadem fueron 12 tratos directos por conceptos de “estudios de opinión y estratégicos” en un período de 12 meses, lo que significó un desembolso de $345.149.782. La consultora “contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile, sin que se haya demostrado documentadamente la causal invocada”, se lee en las conclusiones.

En el mismo informe, se constató que hubo “adquisiciones con los proveedores” Cadem y Fases por montos superiores a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) “sin que conste la existencia de los respectivos contratos, situación reconocida por el servicio”. Ante esto, la institución llamó a “formalizar un contrato” para aquellos contratos que sean sobre los montos mencionados.

“Se observó que, para los dos tratos directos anotados en el punto anterior, con los proveedores CADEM S.A., por $66.000.000 y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing ltda, por $56.181.440, no se estableció en las respectivas resoluciones que autorizaron los tratos directos (…) para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y, por lo tanto, dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva”, versa el informe.

Las “mismas causas y modalidades” aplicaron para la Universidad del Desarrollo, Fases y Criteria, en las que se pagó $255.000.000, $193.246.048 y $138.592.000, respectivamente.

Finalmente, hubo otra ejecución de contratos en los que no se cumplió: se trata de servicios de la Pontificia Universidad Católica, donde hubo un incumplimiento en el plazo de ejecución, que era “de 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000. Sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo”. Esta última situación fue calificada como “grave” y arriesga multa de 20%, por lo que Segegob “deberá analizar lo señalado y efectuar los cobros que correspondan”; para los otros casos, junto con disponer los procedimientos disciplinarios a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría, la secretaria de Estado “deberá analizar lo señalado y efectuar los cobros que correspondan”.

41) Hospital fantasma de Colina: la modernización de los servicios de salud y Fonasa, perfeccionar la Ley Ricarte Soto y, por cierto, la protección y las garantías ante Enfermedades Catastróficas, fueron las principales deudas que dejó el gobierno, lo cual contribuyó a que más de 15 mil personas durante el 2020 murieran en listas de espera, según un reporte elaborado por el Ministerio de Salud en 2021. Además de lo anterior, encontramos el hospital fantasma de la comuna de Colina, cuya ficticia historia principió en 2019. De acuerdo a la periodista Karina González:

El alcalde de Colina de ese período, Mario Olavarría (UDI), se reunió el 15 de julio de 2019 con el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, para presentarle el lugar ideal para construir el hospital de la zona norte de la Región Metropolitana. El ministro estuvo de acuerdo, le dio el visto bueno al proyecto, y Olavarría no dudó en dar la noticia con un acto en la Plaza de Armas de Colina.

En 2019 los vecinos de la zona norte de Santiago celebraban el anuncio de la construcción de este nuevo hospital. Pero eso solo quedó en palabras luego de que se rechazara la edificación en dicho terreno, ya que su uso era solo agrícola. Una serie de errores y promesas que terminaron por afectar a más un millón de personas que deben viajar kilómetros para atenderse en un recinto colapsado como el Hospital San José.

Además, en agosto de 2019 el mismísimo Sebastián Piñera anunció que el nuevo hospital para la zona norte de la Región Metropolitana se construiría en la comuna de Colina.

El terreno que el exalcalde de Colina, Mario Olavarría, consideraba ideal se ubica al costado poniente de la autopista Radial Nororiente y a unos 500 metros de la intersección con la Ruta 5. El contrato de compraventa de dicho terreno se celebró el 24 de noviembre de 2020 con una persona llamada Carmen García Reus. Persona que le vendió al Estado las cinco hectáreas por un precio de 100.000 UF ($3 mil millones). En aquel contrato se especificaba que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, persona jurídica de derecho privado, adquiriría el inmueble. Ello “con la finalidad de destinarlo a la ejecución del megaproyecto denominado hospital Zona Norte de la Región Metropolitana”.

Asimismo, también se especifica que el “inmueble que se transfiere queda sujeto a la prohibición de cambiar su destino, que actualmente es agrícola, en conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en relación con el artículo primero del Decreto de ley 3.506 del año 1990”. Respecto a lo anterior, el pleno del Consejo Regional Metropolitano aprobó el jueves 30 de diciembre de 2021 la solicitud de cambio de uso de suelo, ya que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) lo prohibía en ese lugar.

En aquella solicitud se encontraban los primeros problemas e irregularidades. Y la primera duda que surge entre la sociedad es que el cambio de uso de suelo no fue solo para las 5 hectáreas destinadas a la construcción del hospital, sino que para 14 hectáreas.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, dio cuenta de las irregularidades que encerraba el proyecto del nuevo hospital para la zona norte.

“Yo este tema lo he denunciado en la Contraloría de la República y, como consecuencia de mis denuncias, la Contraloría le informó por escrito al mismo Orrego (Gobernador de la Región Metropolitana) de que esta posibilidad de modificar el uso de suelo viola una disposición contenida en el instrumento Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)”.

La modificación que se realizó al PRMS es contraria a la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD). Por lo mismo “tal acto administrativo no ha ingresado en la Contraloría General de la República para la correspondiente toma de razón”, explicó Herman.

La modificación es contraria porque la vigente Estrategia Regional de Desarrollo tiene dentro de sus principios proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad de explotación (el terreno se ocupaba para cultivos). Y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) debe actuar de manera coherente con la ERD.

Entonces la modificación del PRMS, al transformar ese suelo en urbano, incumple el señalado principio de la ERD; y eso la vuelve contraria a la letra a) del artículo 16 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional. Por lo tanto, también se declara ilegal. Eso se lo advirtió implícitamente la Contraloría a la Seremi de Vivienda y al GORE.

El artículo en cuestión señala que: “Serán funciones generales del gobierno regional:

a)      Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los que deberán ajustarse al presupuesto de la Nación; a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal”.

Para Patricio Herman, “aquí estamos frente a una operación comercial fallida; la compra por parte de una corporación municipal no fiscalizable, por ser privada, a una señora que vendió en muy subido precio su terreno rural. En rigor, lo que debiera suceder ahora es que la operación comercial, promovida por Mario Olavarría, se va a tener que someter a resciliación. Es decir, todo va a tener que volver a hoja cero y las platas que ya se habían pagado a esa señora van a tener que ser devueltas por ella al municipio de Colina”.

Hay una lista de espera de 14 mil pacientes esperando por su especialidad para ser atendidos en el hospital San José. Las ambulancias desde Tiltil se demoran aproximadamente una hora y media en llegar al hospital sin haber mucho tráfico.

Los problemas con el terreno no son actuales, pues el 16 de octubre de 2021 el Gobierno Regional de Santiago emitió una declaración pública en donde ya expresaba ciertas situaciones problemáticas del caso. Entre ellas, que el exministro de Salud Enrique Paris y el exsubsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dougnac “tanto en reuniones como en comunicaciones telefónicas, manifestaron al Gobierno Regional Metropolitano la intención de cambiar la ubicación del citado hospital. El propio subsecretario Dougnac nos envió el ordinario C49/No 2972 del 28 de septiembre de este año (2021); en el que se comunica al Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte que -según reuniones avanzadas con el Ministerio de Defensa- se liberaría el uso de un inmueble de uso militar en la comuna de Conchalí, que en principio tendría una mejor ubicación”.

Apenas fue publicada la declaración, vecinos y vecinas de la zona norte de la Región Metropolitana se tomaron las calles y la agenda mediática. Ello pues expresaron que el segundo lugar escogido para la construcción del nuevo hospital para la zona norte no tiene el acceso adecuado en el transporte público; debido a que a la zona no llega el Transantiago ni tampoco la locomoción interurbana. La manera más segura y rápida para llegar a Conchalí es mediante vehículos particulares. Situación que no es viable para las personas que se necesitan atender en el hospital con patologías, enfermedades o que estén en situación de discapacidad.

No obstante lo anterior, espero que el expresidente Piñera descanse en paz. Vayan las condolencias a su familia.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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