Sename y las migajas de Bachelet

A mi hijo Pablo, que hoy cumples 11 años, la misma edad de Lissette al morir.

Nadine Burke es pediatra, igual que Michelle Bachelet. Pediatra titulada en Harvard e investigadora de las inequidades en salud en USA, Nadine Burke fundó el 2007 el Centro de Salud Infantil de Bayview, San Francisco. En 2010 contó con aportes privados de más de 4 millones de dólares para la implementación de un centro especializado para el bienestar de niños y jóvenes con los más altos standares de calidad a nivel internacional. En medio del barrio más pobre y violento de San Francisco, que hasta entonces contaba con un solo pediatra para más de 10.000 niños y jóvenes. Nadine Burke encabezó la iniciativa y dirige el Centro desde sus inicios. A pesar del gran logro alcanzado y de la excelencia en la atención pediátrica implementada en su Centro, con una alta inversión tecnológica y profesional, con altísimos standares profesionales y de especialización de su equipo, la pediatra prontamente notó que había algo que faltaba: la prevalencia de diagnósticos calificados como severos en salud mental en la población infantil- por ejemplo el Trastorno por Deficit Atencional por Hiperctaividad-TDAH- no variaba.

Nadine Burke tuvo entonces la honestidad ética, profesional y científica para cuestionar las limitaciones diagnósticas y reconocer que aún con la alta inversión realizada en una atención pediátrica considerada de excelencia, no se podía abordar seriamente los problemas de salud de niños y niñas, sin incorporar nuevos enfoques terapéuticos. Ni sin asumir y trabajar directamente con las situaciones estructurales y familiares de pobreza, marginación y violencia. Que sin un enfoque interdisciplinario para el trabajo con las familias, que incluyera nuevos enfoques terapeúticos en salud mental, así como un trabajo conjunto para mejoras concretas de la situación familiar y reducción del stress familiar, la salud de los niños no mejoraría. Nadine Burke encabeza actualmente uno de los enfoques de punta en pediatría, el enfoque terapéutico familiar de stress tóxico, que investiga y asume el daño de salud a largo plazo en niños y niñas, por las condiciones de stress crónico, de origen social, al que están sometidos sus familias. Entre los indicadores de stress tóxico que afectan gravemente el desarrollo y salud a largo plazo de niños y niñas se cuentan: pobreza, muerte o separación de uno o ambos padres, encarcelación de uno o ambos padres, drogodependencia de uno o ambos padres, negligencia y/o abandono, violencia intrafamiliar, abuso sexual. Todos indicadores presentes en la situación de vida de miles de niños, niñas y jóvenes bajo responsabilidad de Red Sename en Chile, muchos de ellos producidos y/o perpetuados por el propio sistema.

Michelle Bachelet es pediatra, igual que Nadine Burke. Aún siendo Presidenta de la República, lamentablemente hasta ahora no ha fundado un solo centro familiar de atención especializada para niños y jóvenes vulnerables, que cuente con altos standares de calidad en el país. Menos ha llegado a plantearse la necesidad de que existan en cada territorio: es de dominio público que las OPD no están a la altura de ello. Y que sin nuevos enfoques terapéuticos en salud mental, que cuenten con un enfoque familiar e interdisciplinario de excelencia, desde un punto de vista científico incluso la implementación territorial con cobertura nacional de centros de atención para niños y jóvenes, es una mejora insuficiente.

Durante los gobiernos de la coalición política que Michelle Bachelet integra y actualmente representa- incluído también un gobierno de derecha- diversos informes de organismos internacionales como Unicef, así como del Sistema Judicial, organizaciones civiles y de derechos humanos, han señalado severas falencias en la red del Estado que atiende a los niños vulnerados y más pobres del país. Entre ellas se vienen señalando desde hace más de dos décadas: ausencia de políticas y trabajo con las familias, abusos y vicios por parte del sistema judicial, internaciones y adopciones irregulares, faltas en infraestructura, hacinamiento, falta de personal, falta de profesionalización y capacitación, abusos laborales y sueldos miserables a los trabajadores, violencia y maltrato infantil intraresidencial, abusos sexuales intraresidenciales, falta de escolarización y de actividades formativas, falta de coordinación intersectorial, falta de atención de salud y de prioridad en la red estatal de salud, tanto en controles rutinarios como atención especializada, falta de atención y de prioridad en salud mental, abuso de psicofármacos prohibidos para población infantil y sin supervisión médica, insuficiencia de subvención estatal para cubrir necesidades básicas-ni qué hablar de necesidades terapéuticas- falta de tratamiento terapéutico para drogodepencia, falta de centros y atención especializada para niños con necesidades especiales, pacientes críticos de salud y salud mental, así como falta de seguimiento y apoyo post internación en Red Sename. A esto se suma la cruda evidencia respecto a la población carcelaria en Chile: al 2015 del total de presos por delitos en la región Metropolitana, 74% de ellos estuvo bajo responsabilidad de red Sename en su niñez: el 90 % de ellos por vulneraciones a sus derechos y sólo un 10% por infracciones de ley. En estudio de 2015 de Sename, se muestra que de toda la población penal adolescente desde 2009 a 2013, uno de cada dos egresados de Red Sename volvieron a delinquir antes de 24 meses.

Hasta la fecha, y sólo por la intervención y presión de organizaciones civiles a partir de la muerte de Lissette Villa de 11 años, se han llegado a conocer y transparentar hacia la ciudadanía, abismantes cifras sobre la situación de niños, niñas y jóvenes bajo responsabilidad del Estado: en los primeros meses de 2016 más de 100 mil niños fueron atendidos en Red Sename*, de los más de 11.000 niños que permanecen en la Red sólo 3,5% tiene educación media completa, 25,5% no asiste a ningún establecimiento educacional y 4, 8% no se dispone de información**. De ellos el 99, 002% no registra atención básica de salud (control sano): es decir sólo el 0, 008% cuenta con atención básica de control pediátrico en la red de salud pública***, que no necesariamente constituye atención especializada según sus necesidades terapéuticas especiales. En este contexto, cerca de 1.334 niños y jóvenes estarían en situación crítica de salud, con menos de un 20% de ellos atendidos a la fecha de publicación de informe Sename en Junio 2016, la mayoría de ellos con necesidades especiales no cubiertas****.

Según las recientes cifras oficiales, 865 niños, niñas y jóvenes han muerto en 11 años bajo el supuesto «cuidado» del Estado chileno en democracia. Más del doble de femicidios hacia mujeres en el mismo período y el 27% de personas asesinadas durante la Dictadura militar. Cifras extra oficiales señalan que el número de fallecidos sería más de 1.300 niños y jóvenes, lo que constituiría cerca de 41% del total de personas asesinadas y más del triple de menores asesinados por organismos del Estado durante todo el período de Dictadura militar.

Los anuncios de la pediatra Michelle Bachelet frente a esta catástrofe nacional, de profundas consecuencias sociales a mediano y largo plazo, no son alentadores. Por no decir deficientes y poco ajustados a la gravedad de la catástrofe. Los recursos inyectados en forma inmediata- 2.500 millones de pesos (3,7 millones de dólares)- incluyen sólo los centros de administración directa de Sename. Esto significa que para todos los centros residenciales de administración directa de Sename a lo largo del país, se asignó una cifra menor en 168 millones de pesos que los recursos utilizados por la pediatra Nadine Burke y su equipo para implementar un solo centro ambulatorio de atención especializada de alta calidad. Uno solo. Y ambulatorio. Esto nos habla de lo poco pertinente de la visión del problema y de los recursos propuestos. Actualmente el promedio de subvención estatal por preso para cárceles bajo administración directa de Gendarmería de Chile es de $731.000 presos: el «piso» para la subvención por niño para organismos colaboradores de Sename es de $208.000. En lo concreto, la cifra de 16.500 millones incrementados a presupuesto Sename 2017, si se prorratea en los más de 11.000 niños que permanecen en Red Sename, significa un incremento de incluso menos de $125.000 pesos mensuales por niño****. Cifra totalmente irreal, puesto que no sabemos cuánto de esa cifra irá a infraestructura, nuevas contrataciones del aparato burocrático o por ejemplo, items como viáticos de funcionarios, artículos de escritorio o papelería. En el mejor de los casos, si esa cifra fuera íntegra y directamente a mejorar la atención de niños y niñas, el promedio de la subvención por niño para 2017 debiera ser de $325.000 mensuales. Y perdón, pero no hay que ser un genio, connotado economista ni físico-matemático para notar que esto sigue siendo menos de la mitad que la subvención mensual por persona encarcelada- $731.000 pesos mensuales- y menos de un tercio de lo que según expertos corresponde a una atención terapéutica especializada de calidad. Considerando las serias necesidades terapéuticas especiales, así como gravedad de las consecuencias en su desarrollo y en su salud de las vulneraciones sufridas por niños y jóvenes, esto debiera corresponder al menos alrededor de $900.000 pesos mensuales*****. Incluso más según las necesidades terapéuticas especiales y gravedad de los casos. Y poniéndose en el mejor de los casos, de que esta cifra no se desvanezca en el camino en ítems burocráticos, en los bolsillos de algún particular o en la campaña de algún político.

Y por fin tocamos lo peor: es también de dominio público que la subvención no debiera ser nunca más por niño sino por proyectos territoriales con población usuaria estimativa y considerada en su formulación. Y no por plazos ridículos sino con una proyección a mediano y largo plazo, puesto que la calidad de la atención- que tratándose de niños y niñas con necesidades terapéuticas especiales debiera ser de excelencia- no debiera depender de su cantidad, que tampoco debiera resultar en un incentivo perverso a su captación y permanencia en el sistema. Nada de esto fue tocado en las medidas anunciadas por Michelle Bachelet.

Todas las demás medidas anunciadas por Michelle Bachelet han sido largamente demandadas por décadas por organizaciones de la sociedad civil: diferenciación, especialización y mejoras en la atención especial y de delitos, prioridad y coordinación interesectorial, profesionalización y capacitación de trabajadores, aumento de personal, mejora de condiciones laborales y sueldos, implementación de instancias pre judiciales serias trabajo con las familias, mejoras en infraestructura, atención de salud y salud mental especializada, tratamiento especializado para adicciones, centros especializados para niños con necesidades especiales de salud y salud mental, así como educación de calidad para niños y jóvenes. Y seamos honestos: hablar de calidad, de criterios profesionales de excelencia, de lo que estos niños y niñas merecen, no se condice con los recursos asignados y para nada equivale a decretar atención preferencial en un sistema de salud y de educación que se caen a pedazos, que no dan abasto con la población general y que finalmente se erigen en maltratadores tanto de las familias usuarias como de sus propios funcionarios. Y que- perdón, pero no hay que tener más de dos dedos de frente- evidentemente no cuentan con la capacidad de cobertura ni el grado de especialización para atender la gravedad y complejidad de las necesidades terapéuticas especiales de estos niños y jóvenes, producto de las vulneraciones sufridas ya sea en sus familias de origen o, lo que es peor, en el propio sistema.

Así también en el ámbito de salud mental. En Chile ayer, y sólo frente a la tenaz presión de la sociedad civil, escuchamos cómo se anunció vagamente «un programa de salud mental» para los niños de Sename. La verdad es que como fue planteado sonó exactamente así: un componente «más», un «anexo» más del sistema. Para miles de niños y niñas víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos, con necesidades terapéuticas especiales producto de daños severos y secuelas en su desarrollo y en su salud. El mundo al revés: pediatras algo más actualizados- como ejemplo Nadine Burke- proponen que los modelos de atención especializada para niños y jóvenes vulnerables deben contar con un enfoque terapéutico que sea abierto e inclusivo de nuevos enfoques actualizados en salud mental, así como a las necesidades particulares de las comunidades, como pilares del propio modelo. Por supuesto nada se habló sobre el abuso de psicofármacos para adultos que es parte del actual modelo estatal de atención en salud mental infantil. Más de 10 mil dosis mensuales de medicamentos de uso psiquiátrico para adultos en Centros de administración directa de Sename***** y no se explicita una postura clara respecto a las que serán las orientaciones del nuevo programa de salud mental. Todo suena a un programa más en salud mental al «estilo chilensis»: es decir «en la medida de lo posible» y con orientaciones verticales, definidas a puertas cerradas y a espaldas de los usuarios.

Nada supimos tampoco sobre instancias concretas de participación de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y jóvenes, tanto en la implementación de mejoras como en la transparencia y fiscalización del uso de los recursos públicos asignados.

Todo esto sin considerar que Chile no está garantizando derechos en educación, salud ni vivienda a niños y jóvenes, con altos índices de violencia desde el parto-nacimiento, con altos índices de maltrato familiar e institucional: maltratos, abuso de psicofármacos y desprotección en el sistema educativo, con un modelo educativo y curriculum retrógrado y desactualizado respecto al desarrollo infantil, que no ofrece digno reconocimiento ni cabida a otros enfoques. Con instituciones pagadas por el Estado que siguen utilizando el abuso de fuerza y tortura contra menores de edad. Con altos índices de stress y depresión en población adulta. Y con el record de contar con los más altos índices de depresión y suicidio infanto-juvenil en la Región.

Sólo en los primeros meses de 2016 más de 100 mil niños, niñas y jóvenes ingresaron a Red Sename. Es necesario asumir, y me extraña que esto no sea evidente para una pediatra, que los Centros de Sename no debieran ser guarderías de última categoría para pobres, y que todos los niños, niñas y jóvenes que ingresan tienen necesidades terapéuticas especiales producto de lo que han vivido, y también producto de lo que han sido expuestos por las falencias del mismo Sistema. No sabemos cuántos de estos miles de niños y niñas, que supuestamente quedaron bajo responsabilidad del Estado para ser protegidos, sufrirán daños severos, secuelas de por vida o terminarán engrosando la población carcelaria en un futuro incierto, con el Estado pagando el triple por su mantenimiento. Al parecer la Presidenta todavía no capta la magnitud de la catástrofe y sus futuras consecuencias. Ni la prioridad que tiene en lo cotidiano para la ciudadanía y la opinión pública, una opinión pública crecientemente informada.

A la vista de lo expuesto, hasta ahora no escuchamos sino migajas ante estas nuevas formas institucionales de genocidio hacia la niñez y juventud. Necesitamos políticas a corto, mediano y largo plazo que muestren seriedad y un verdadero sentido de la prioridad para niños, niñás y jóvenes. No migajas de un presupuesto fiscal que, cabe recordarlo, es patrinomio común público. ¿Debemos, además, agradecerlas?…

Como alguien comentó en Facebook: El gobierno donó 5.000 millones a evangélicos para remodelar una catedral. Para niños del Sename, solo 2500 millones Los primeros votan… Y somos un Estado laico. Sin comentarios.

*Docente Antropología, Género y Salud, activista independiente, colaboradora de Mesa de Organizaciones y Campaña Ciudadana “Los Niños Primero Chile”