Senderos que se bifurcan en el proceso constituyente

Luis Felipe Avaria

Luego de muchas conjeturas y discusión previa dentro de la clase política, de la prensa nacional y los analistas políticos, el gobierno publicó los pasos del proceso constituyente que se desarrollará en nuestro país en los próximos 3 años. Si bien éste ha dado lugar a una ardorosa discusión entre la oposición aliancista y la coalición de gobierno, el proceso finalmente publicado no se aleja demasiado de las expectativas de los que tenían claro que la metodología constituyente se basaría en un procedimiento dirigido por el Ejecutivo y con una presencia determinante del Congreso.  Sin ánimo de ocupar esta plataforma para hacer una descripción del proceso, el Ejecutivo ha planteado como etapa previa a la redacción del proyecto la realización de “diálogos participativos” de raíz comunal, provincial y regional, en los cuales se pretende recoger la voz ciudadana que finalmente serán la materia prima para las “Bases Ciudadanas de la Nueva Constitución”, bases que jugaran el rol de directrices del futuro proyecto.  Dichos diálogos, además, tendrán un objetivo pedagógico: educar en materias de desarrollo cívico y ciudadano para así concretar el poder constituyente inherente a la soberanía popular

Si uno observa el panorama comunicacional conformado por los principales medios, uno saca como conclusión que la discusión sobre esta primera etapa tiene como partes, primero, los que destacan la iniciativa de recepcionar las inquietudes populares en un proceso que antes parecía ser netamente institucional y, segundo, las críticas de la oposición que consideran que el principal problema es el afán pedagógico de los diálogos participativos, ya que, según ellos, esconde una lógica de adoctrinamiento, en la cual las ambiciones “ideológicas” del gobierno encontraran su apoyo en los ciudadanos en virtud de convencerlos que la sustitución de la Constitución de 1980 y las vías que propone el ejecutivo son las idóneas para el proceso constituyente.

No es novedad que dentro de las voces que ensalzan la labor del gobierno en materia constituyente en este ámbito se encuentre destacados tecnócratas del derecho constitucional. Así, por ejemplo, Javier Couso  se apresura en una columna del diario La Tercera a frenar las críticas gremialistas señalando que “La reacción de los críticos es infundada y más bien dirigida a bloquear un esfuerzo por dotar de herramientas deliberativas a la ciudadanía frente a uno de los procesos más importantes que una sociedad puede plantearse”. Y agrega “Las aprensiones de quienes ven un peligro de manipulación de las consciencias en la campaña anunciada ignoran que Chile es una sociedad extremadamente abierta, donde la ciudadanía está expuesta a diario a la masiva influencia de un sistema ideológicamente diverso de medios de comunicación” (desde la perspectiva del duopolio, el evidente oligopolio de la prensa es invisible al parecer). Por otro lado, Carlos Peña  en su columna dominical de El Mercurio destaca que “Como en el cuento de Jorge Luis Borges  (“El jardín de los senderos que se bifurcan”), las palabras de la Presidenta no señalaron un camino, sino varios: ellos van desde la formación de una comisión parlamentaria a la convocatoria de una asamblea constituyente. Así, ninguna pretensión resulta tempranamente frustrada, ningún camino definitivamente bloqueado, ninguna aspiración se apaga y no hay motivos para el enojo prematuro”.

Esta radiografía al debate comunicacional sobre este  tópico nos demuestra uno de los tantos vicios de la discusión constitucional y de todas las pugnas sobre el proceso de reformas de la administración de Bachelet. Se presenta por los medios  del duopolio como posturas únicas y definitivas las que, por un lado, reafirman y valoran la iniciativa gubernamental, o bien, se critica el sesgo ideológico de la administración, el cual no mira los efectos colaterales que provocarían, sembrando el terror ante cualquier modificación de los cimientos dictatoriales. Y, por esto, nos parece que la presente crítica tiene una importancia gravitante en materia constitucional, ya que se omite en el debate nacional la idea de que los procesos constitucionales que proponen afianzar el poder constituyente no parten desde la iniciativa gubernamental.  El poder constituyente se materializa de la mano con reformas estructurales que escapan de lo que los tecnócratas especialistas en políticas públicas pudieran aportar. Por ejemplo, la destrucción de los cimientos del sistema educacional en Chile es uno de los pasos esenciales para dotar al poder constituyente un elemento esencial para su concreción: educar desde el principio a “ser soberanos”. El entender que la educación cívica no responde a memorizar el aparataje institucional, sino a entenderse a sí mismo como un ciudadano con práctica deliberativa, que no escoge  entre la opción que más le acomoda cada 4 años, sino que argumenta y delibera en todos los aspectos de su diario vivir. Y he ahí otro aspecto estructural que si se omite, el poder constituyente no se afianza: la creación de una institucionalidad comunal asambleísta que desarrolle esta cultura deliberativa.

Es ahí donde Couso y Peña pierden perspectiva. Las “herramientas deliberativas” no son un artificio improvisado creado por un gobierno que busca acallar las demandas ciudadanas mediante el reformismo acotado. Dichas herramientas deben estar presentes desde los inicios de nuestro desarrollo educativo, en nuestras decisiones sobre cómo queremos vivir en nuestra comunidad inmediata junto con instituciones comunales y regionales que recepcionen estas demandas a través de una lógica de asamblea deliberativa.  Esa es la forma idónea para, finalmente, elaborar los principios de una nueva constitución, principios cuya aplicación será fiscalizada por la misma ciudadanía a través de estas instituciones, no por un Congreso que tiene un vicio de legitimidad originario ya que es producto de la misma constitución que se pretende derribar.

Quizás al lector le pueda parecer simple retorica teórica esta construcción del poder constituyente que planteamos aquí.  Y esta percepción es una parte esencial del problema constitucional: la amnesia en la memoria histórica sobre los procesos constituyentes vividos en Chile que se construyeron a partir de la iniciativa (paralela a los poderes gubernamentales) de la creación de organizaciones populares para satisfacer las necesidades inmediatas del pueblo y que, finalmente y luego de un proceso histórico, se manifestaron en pos de una refundación constitucional.  Sin ir más lejos, la Asamblea de Asalariados e Intelectuales de 1925 creó los principios constitucionales que serian las columnas griegas de la venidera Carta Fundamental, proceso que se vio truncado cuando la clase política liderada por Arturo Alessandri decidió hacer caso omiso a un proceso que nació a finales del s.XIX (a partir de las mutuales, mancomunales, sociedades de resistencia, etc).  Así, la Constitución de 1925 fue la piedra fundante de una clase política intérprete de los movimientos netamente de masas sin verdadera soberanía  hasta 1973.

Y es así como, luego de una dictadura que nos impuso el cómo desarrollar nuestra vida cívica, es que cometemos los mismos errores del pasado: delegar el proceso constituyente a una clase política que lo acota a un proceso dirigido y breve con fines a corto plazo. Y esto lo hacemos en el mejor momento para refundar la vida política en Chile y ser por fin, los portadores de la soberanía.

Consejero Centro Estudiantil de Análisis Político

CEAP-UDP