Sobre la propuesta del Colectivo Socialista de sacar educación de la Comisión de Derechos Fundamentales

Por Eduardo González Navarro

Esta semana se vota el reglamento de la Convención Constitucional. Se proponen siete comisiones temáticas de trabajo. Una de ellas es la “Comisión de Derechos Fundamentales” (CDF) dentro de la cual se encuentra educación. En este marco, un grupo de treinta convencionales articulados por el “Colectivo Socialista” que reúne en gran parte a militantes del Partido Socialista han presentado una indicación para sacar educación de la CDF y trasladarla a la “Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio” que proponen, pasaría a llamarse, “Comisión sobre Educación, Sistemas de conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonios.” Esta postura básicamente se sustenta en tres argumentos: a) propiciar una “transformación epistemológica” radical en el entendido que educación responde a una comprensión “holística” de la educación b) la necesidad que junto a la idea de “derecho a la educación” se incorporen “expresiones educativas” más allá de lo formal y c) que educación dialoga con las ciencias, artes y la cultura.

El lugar que ocupe educación en el debate de la Convención está lejos de reducirse a un mero aspecto procedimental. Por el contrario, reviste un problema de carácter político de primer orden. Su ubicación en un determinado espacio otorga desde ya una señal sobre el status que deberá asumir en la nueva constitución. En este sentido, trasladar educación desde la CDF hacia una “Comisión sobre Educación, Sistemas de conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonios” es mezclar derechos muy relevantes que evidentemente están del todo vinculados y que deben ser consagrados en la nueva constitución, sin embargo esta propuesta le resta centralidad y debilita el debate de la educación como un derecho humano fundamental que, como lo indican diferentes organismos, constituye también un “derecho habilitante”, es decir, está a la base del ejercicio de otros derechos.

Como segunda cuestión, se asume la necesidad de reconocer una educación no solo formal, como si esto no ocurriese hoy. El artículo 2 de la actual LGE señala las distintas manifestaciones de la educación (formal, no formal, informal). La disputa central del debate constitucional no está en este aspecto que más bien es infraconstitucional.
No nos puede ser ajeno el cuadro político en que se da esta discusión y que se abrió hace dos semanas con la respuesta feroz de la derecha en medios de prensa escrito y el llamado del mismo Presidente Piñera cuando la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó que se incluyera la libertad de enseñanza. ¿Por qué esta reacción tan destemplada? ¿De qué nos alerta esta reacción? ¿Hacia dónde se dirige el foco de la lucha política educacional?.

De ubicarse educación en otra comisión, como aventura el Colectivo Socialista –ignorando la opinión de organizaciones de trabajadores de la educación que se ignora- se allana el camino a la derecha para que la educación pueda ser entendida como un derecho de segundo orden que es, precisamente, la postura de los sectores empresariales y conservadores. Basta seguir a El Mercurio durante estas últimas semanas para darse cuenta del objetivo de este sector. Una editorial de estos días abogaba por la “armonía de derechos”, es decir, de pasar de la supremacía de la libertad de enseñanza se apuesta por establecerlos en un mismo nivel.

Seamos responsables y focalicemos nuestras fuerzas en los aspectos centrales de las batallas que debemos dar para conquistar de una vez por todas lo que por décadas desde las calles hemos exigido: educación como un derecho humano fundamental con garantía constitucional ciertamente sustentada en otros fines y principios educativos que desarrollen una nueva concepción pedagógica fuera de los marcos neoliberales.

Eduardo González Navarro
1º Vicepresidente Nacional
Colegio de Profesoras/es de Chile