Sin lugar a dudas, el caso Barrancones estableció un antes y un después en la discusión energética del país, dejando en claro el deseo ciudadano de una matriz eléctrica limpia, así como la conservación medioambiental del territorio nacional. No obstante, este conflicto está muy lejos de ser el último, ya que aún quedan en calificación ambiental 6 proyectos termoeléctricos a carbón por una inversión cercana a los MM US$ 7.574, correspondientes a un total de 4.254 MW y de los cuales, por lo menos el 83,3% posee alguna clase de conflicto, sea éste de carácter social, medioambiental y/o económico.
La pregunta que surge ante esta tendencia es ¿Por qué se privilegia este tipo de centrales?, y la respuesta es la misma que rige al cualquier sistema económico, el precio. La generación eléctrica sobre la base del carbón actualmente es cerca de un 30% más barata que la generación a gas y un 60% que aquella sustentada en el petróleo y sus derivados, además, según las estadísticas del Seia, este tipo de centrales ostenta uno de los niveles de inversión más bajos del sistema, próximo a los US$ 1,7 millones por cada MW de potencia, lo cual -desde la lógica del mercado-, ha potenciado tanto su operación como su eventual desarrollo. El problema es que esta fuente energética tiene asociada una serie de impactos socioambientales y económicos los cuales no forman parte de esta valorización, sobrestimando así sus cualidades en términos de costos.
La siguiente pregunta que ahora cabe realizar es ¿Quién necesita tanta electricidad, y en especial de tales características?, y en este sentido no es directamente la población ni el sector público quienes sustentan este axioma actual del crecimiento económico, ni menos el argumento que plantea triplicar la capacidad instalada del parque generador al año 2030, por el contrario, es el sector industrial y minero quien lo plantea, ya que en la actualidad estos, en su conjunto, consumen cerca del 66% de la electricidad total generada en el país (29,3% industria y 36,4% minería), es decir, el triple del consumo público y residencial, quienes sólo justifican el 18% de la demanda total a nivel sectorial. Por tanto, considerando que resulta casi imposible pensar que la población logre triplicarse en un periodo de dos décadas, queda claro entonces que será el sector industrial y minero quien protagonizaría esta demanda.
Ante esto, resulta evidente que el modelo económico nacional subsidia de manera casi directa no sólo a las empresas de generación eléctrica intensivas en el uso de carbón, sino también a la industria y minería a gran escala. Esto, al no exigirles de manera alguna el cumplimiento de una serie de parámetros que fácilmente podrían colaborar en este sentido. Por ejemplo, un sistema de internalización de costos en el caso de las generadoras, o bien, el establecimiento de programas de eficiencia energética e incentivos a la inversión en tecnologías de autoabastecimiento mediante fuentes de ERNC para el sector privado. Esta situación ha permitido el funcionamiento de un sistema que facilita la maximización de utilidades por parte del sector privado, aún cuando éste externalice de manera directa sus costos.
Entonces ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de esta termoelectricidad barata? La respuesta a esta pregunta resulta evidente. Está claro que ni los pobladores de las comunidades de Coronel, Huasco y Puchuncaví, ni los pescadores artesanales y menos aún la biodiversidad y ecosistemas del país se encuentran dentro del selecto grupo de beneficiados, aún cuando sobre ellos recaen los múltiples costos socioeconómicos y ambientales que implica la lógica de crecimiento actual del país, sustentada en gran medida por la operación de este tipo de proyectos.
Por Rodrigo Bórquez N.
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