Desde la consolidación de la República de Chile, nuestros pueblos originarios fueron afectados por las distintas normativas que se implementaron por parte del Estado. Tradiciones y patrimonio ancestral sufrieron los efectos del derecho positivo sobre el consuetudinario, que fue arrinconado y restringido por la ley. Qué decir sobre la nefasta persecución de sus creencias, lenguas; así como la discriminación de hombres, mujeres y niños que habitaban, desde tiempos inmemoriales, estos territorios.
El equilibrio en la relación entre uso y ocupación de los espacios, se vio impactado con las nuevas reglas que impuso un derecho de propiedad, desplazando el derecho comunitario, la solidaridad y reciprocidad de la cosmovisión andina fundadas en el “buen vivir”. Sin embargo, la historia ha mostrado casos destacables de liderazgo, coherencia y perseverancia en la reivindicación de justicia de las comunidades tarapaqueñas.
Es así, como en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recepcionó una denuncia de la Comunidad Indígena Aymara de Chusmiza-Usmagama, contra el Estado de Chile –y en favor de los miembros comunitarios– por vulneración de derechos al haber privado a la agrupación indígena de la posesión material y del derecho de propiedad ancestral sobre las aguas de la vertiente denominada Socavón de Chusmiza.
Este mes de enero, se cumplieron 25 años desde que se formó la Comunidad Indígena de Chusmiza-Usmagama, de los cuales dos décadas las han dedicado a la reivindicación de sus derechos. Toda esta lucha, comienza a ver la luz el 11 de junio de 2016, cuando se suscribe el Acta sobre las Bases para alcanzar un Acuerdo de Solución Amistosa.
A más de cuatro años de esta suscripción, solo se ha cumplido la inscripción marginal del derecho de propiedad de las aguas que –si bien es un gran logro comunitario–, se ve opacado por el enorme listado de 43 proyectos, que han generado largas reuniones de revisión para avanzar sólo en la lecturas de informes.
Esto no hace honor a un acuerdo inédito a nivel nacional y que genera precedentes en el valor de la lucha conjunta y cohesionada, la cual debe guiar el trabajo comunitario para que las nuevas generaciones logren disfrutar los espacios ocupados por sus ancestros, entregando a la población nacional espacios prístinos y de mucho potencial productivo, pero de un inconmensurable valor para la vida en la tierra bajo los valores ancestrales.
Por Carolina Quinteros Muñoz
Abogada, MBA
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