A propósito de la implementación de una base militar en el Fuerte Aguayo de Concón, supuestamente para entrenamiento de operaciones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y financiada por el Ejército de USA, tal como sucede en muchos países de América Latina, es válido preguntarse por la estrecha relación entre las violaciones de los derechos humanos como medio de imposición del sistema económico que hoy impera en el mundo.
Milton Friedman, ideólogo de la economía de mercado, en “Capitalismo y libertad” (Madrid, Rialp, 1966), afirma que las únicas funciones del Estado consisten en la “protección de nuestras libertades, contra los enemigos del exterior y los del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos”. En otros términos, asigna al Estado funciones policiales y militares, porque cualquier otra variable sería una interferencia injusta en las leyes del mercado, para así desarrollar la absoluta libertad de movimiento de las grandes empresas y para la anulación del gasto social. Esto se traduce en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada, incrementándose las distancias entre ricos y pobres, además del desarrollo de un nacionalismo agresivo que justifica gastos de defensa y seguridad.
Ratificación de lo anterior es una investigación del Senado de Estados Unidos, en 1975, sobre la intervención en Chile, poniendo al descubierto que la CIA había entrenado al Ejército de Pinochet en formas de “controlar la subversión”. (Comité Selecto para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Relativas a las Actividades de Inteligencia, Senado de USA, Covert Action in Chile 1963-1973, – 18-12-1975, pág. 40).
Por su parte, el Informe de la Comisión de la Verdad, BRASIL: NUNCA MAIS, publicado en 1985, indica que oficiales del ejército asistieron a “clases de tortura” impartidas por la policía militar, realizándose “demostraciones prácticas” con prisioneros a los que se torturaba. Una de las primeras personas en introducir esta práctica en Brasil fue Dan Mitrione, un agente de policía norteamericano, quien “recogía mendigos de las calles y los torturó en sus recintos para que la policía local aprendiera diversas formas de crear en el prisionero la contradicción suprema entre el cuerpo y la mente”. Más tarde, Mitrione pasó a organizar la formación de policía en Uruguay. Su lema era ”El dolor preciso en la cantidad precisa”. (Galeano, Eduardo, “Memoria del fuego”, volumen 3, Madrid, Siglo XXI, 2006). También en Brasil, en 1964, los militares tuvieron especial cuidado en “limpiar” el sector sindical, pues temían una resistencia a sus programas económicos basados en bajar los salarios y en la privatización de la economía. (BRASIL: NUNCA MAIS).
En Argentina, dice el INFORME SÁBATO que “una gran parte de las operaciones contra los trabajadores se realizaron el mismo día del golpe o inmediatamente a continuación”. En este país, el 81% de los 30.000 desaparecidos tenían entre 16 y 30 años. “Estamos trabajando ahora para los próximos veinte años”, dijo un torturador argentino a una de sus víctimas.
En “The Nation” del 28 de agosto de 1976, Orlando Letelier escribió el artículo “Los Chicago Boys en Chile”, en el que afirmó que “la violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten –y a menudo condenan- como un fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políticas clásicas de absoluto libre mercado que han sido puestas en práctica por la Junta Militar”. Y agregó que “el plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración por todo el país, el encarcelamiento de más de cien mil personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión. (…) Represión para las mayorías y “libertad económica” para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de una misma moneda”. El 21 de septiembre, a menos de un mes después, Letelier fue asesinado por los sicarios de Pinochet, financiados por grandes empresarios. Alguna relación tenía con la aseveración del Informe Rettig en el sentido de que, hasta 1976, el 80% de los prisioneros políticos de Chile eran obreros y campesinos. Se trata de alcanzar una “armonía interna” entre el impulso de extirpar algunos sectores de la sociedad y la ideología fundamental, que es la economía de mercado.
A las víctimas que se rinden en la tortura, en la jerga fascista se les llama “quebrados”. Los “capataces” de las transnacionales y de sus secuaces nacionales, buscan que la sociedad se quiebre y quienes no se quiebran en las torturas, se quebrarán por la “miseria planificada”, que cobra tantas o más vidas que las balas. Al decir de Gandhi, “una guerra económica es una especie de tortura prolongada”.
Es esto lo que explica que el escritor argentino Rodolfo Walsch, posteriormente a la publicación de su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, fue detenido, su cuerpo fue quemado y arrojado a un río. Manteniendo la distancia moral, hago mío lo que Walsch afirmaba con valerosa claridad, diciendo que escribía “sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Por Hervi Lara B.
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)