El Gobierno está pronto a enviar un proyecto de ley con miras a permitir los cultivos transgénicos para consumo interno. Adicionalmente, en el Congreso, se tramita la ley de obtentores vegetales, que busca resguardar la propiedad intelectual de las semillas genéticamente modificadas, entre otros.
Tales iniciativas no sólo atentan contra la soberanía alimentaria, sino que constituyen una verdadera sentencia de muerte para nuestro país, como ya ha ocurrido en Argentina o Paraguay.
En Argentina, que reconvirtió gran parte de su agricultura para producir soya transgénica, la tasa de abortos espontáneos experimentó un aumento del 400%. Tragedia aparte es el aumento exponencial de los niños nacidos con malformaciones congénitas y daños neurológicos producto de la fumigación con el herbicida asociado a estos cultivos, el Roundup Ready, elaborado en base a glifosato, tal como se muestra en la foto que acompaña a este texto (ver al final de la columna).
Adicionalmente, los científicos y médicos han dado la alerta sobre el daño que pueden producir estos “alimentos” para el consumo de la población en el largo plazo, particularmente en niños y mujeres embarazadas.
Estudios independientes realizados con animales de laboratorio alimentados con productos transgénicos muestran, entre los efectos negativos comprobados, riesgos de infertilidad, desregulación inmune, envejecimiento acelerado, desregulación de genes asociados con síntesis de colesterol y regulación de insulina, cambios en el hígado, riñones, bazo y sistema gastrointestinal, entre otros.
En otras palabras, existe la experiencia empírica y la evidencia científica que muestran el daño que ocasionan estos cultivos a la salud de la población, la agricultura y el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno pareciera desconocerlo por completo.
Por supuesto que nada de lo señalado más arriba aparece en los folletos promocionales de las empresas responsables de estos productos. Tampoco se menciona nada de esto en los seminarios organizados por estas empresas, a los que acuden regularmente el ministro de Agricultura, subsecretarios y multitud de funcionarios públicos; y también parlamentarios.
Para conocer la realidad, basta con cruzar la cordillera, conversar con los médicos rurales y revisar las estadísticas oficiales; también revisar la información científica disponible y publicada por científicos independientes y al servicio de la verdad, no de transnacionales.
Así como hay abogados al servicio de narcotraficantes y médicos que practican abortos, también hay científicos dispuestos a ocultar, enmascarar y segar la información, creando confusión y dando la impresión de que la “ciencia” respalda toda esta aberración e irresponsabilidad sin límites.
El destino de nuestra soberanía y seguridad alimentaria y la salud de toda la población de Chile están en juego, con muy poca repercusión en los medios de comunicación, que abordan todo tipo de noticias, menos éstas.
Si los poderes que nos representan -legislativo y ejecutivo- no han hecho nada o menos que nada al respecto en los últimos 10 años, ¿qué será de nuestro futuro como país?
Por Iván Andrés Santandreu
Biólogo