Un crimen y un gran bochorno político

Durante la posdictadura se ha consolidado la idea de que el cargo de subsecretario del Interior es uno de los más importantes del gobierno y lo han ejercido, en general, personas dispuestas a hacer “el trabajo sucio” de quienes ocupan La Moneda. Los gobiernos de la Transición destacaron en estas funciones a dos subsecretarios que fueron considerados siniestros por algunos de sus operativos especialmente represivos como, por ejemplo, la eliminación de algunos dirigentes del grupo Lautaro que, estando ya rendidos, fueran emboscados y asesinados.

Subsecretarios de toscas palabras, de difícil relación con la prensa y que parecían imbuidos de muchos poderes, además de una gran continuidad en sus cargos respecto de otros miembros del gabinete presidencial. La explicación radicaba, seguramente, en todo lo que estos sabían, de tal forma que su poder superaba al de los ministros y su grado de confianza en relación a los mandatarios era mucho más intensa que la de otros colaboradores que, en realidad, eran considerados siempre como fusibles que, ante cualquier crisis, pudieran saltar de sus cargos. Por lo mismo, hoy no debe extrañarnos que quien oficiaba como ministro de Justicia haya aceptado una tarea inferior en rango al reemplazar a Manuel Monsalve. Y lo haya hecho con evidente conformidad y entusiasmo.

Del ex subsecretario recién caído existía, sin embargo, mucho mejor impresión que la de sus antecesores. Hasta hace algunas semanas se le daba como seguro candidato a senador por el Partido Socialista. Así como el precario desempeño respecto de la seguridad nacional no se le imputaba para nada o muy poco a él, a quien el país veía, más bien, como un funcionario dedicado abnegadamente a su misión, con excelente acogida por los medios de comunicación e, incluso, por muchos opositores.

Todo esto hasta el lunes 23 de septiembre último, en que debó asistir a una conferencia de prensa para dar información al país sobre el trágico balance de Fiestas Patrias respecto de la cantidad de muertos que ocasionó el jolgorio nacional, la gran borrachera popular con la que se celebra todos los años nuestra Independencia.

Supuestamente aquejado por una migraña, Monsalve la noche anterior prefirió salir a cenar con una funcionaria subalterna de su repartición, a quien indujo a beber tres pisco sour de esos que se conocen como “catedral” en los restoranes peruanos, ya sea por su tamaño como contundencia etílica.

La “migraña” lo obligó a permanecer durante la mañana siguiente en el Hotel en que acostumbraba pernoctar en Santiago, desnudo y al lado de una mujer que declaró haber perdido su conciencia y fue forzada a quedarse en la habitación de la autoridad donde presuntamente sería violada por Monsalve, según investiga ahora la Fiscalía Nacional. Con una carpeta ya muy premunida de testimonios, grabaciones y otros elementos de prueba que sirven para formalizarlo por este y otros delitos. Todo lo cual lo hizo perder su cargo, arrastrar al Gobierno a su peor crisis, arruinar su promisoria carrera política e inducir al propio Presidente de la República, a su ministra del Interior y a otras autoridades del Ejecutivo a cometer una serie de despropósitos políticos, comprobando la increíble falta de criterio y diligencia general de nuestras autoridades.

A pesar de lo que indica nuestra legislación (la Ley Karin), el Jefe de Estado y su ministra del Interior tardaron unas 36 horas en reaccionar y separar del Gobierno al que se sindica como un cobarde abusador sexual. Por lo que hoy el país le pasa la factura por su impericia y, lo peor, por su ánimo de proteger inicialmente a uno de sus colaboradores estrella, haciendo caso omiso de su obligación de haberlo denunciado a tiempo y no después de enterarse por la prensa sobre todo lo acontecido.

Lo que correspondía hacer a un gobierno que presume de “feminista” era atender a la funcionaria abusada por su superior jerárquico. Una joven ingeniera comercial de 32 años, muy exitosa profesionalmente, que venía siendo acosada por el Subsecretario del Interior. Cuestión que ya conocían varios colegas de la víctima en una dependencia pública que tiene sede en el propio Palacio Presidencial. Aunque la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha ofrecido el apoyo de su institución a la funcionaria abusada, ya se sabe que esta le depositó a abogados y profesionales de la salud privados hacerse cargo de su defensa judicial y atención física y sicológica. A pesar de ser una empleada pública también de la confianza del Gobierno y, de paso, del mismo partido político de Monsalve.

Claro. El poder que tienen los subsecretarios del Interior es enorme. De allí los despropósitos del pasado y de este otro que se constituye en uno de los peores delitos contra la dignidad humana, particularmente de la mujer. Automóviles, aviones, gastos reservados, guardias de seguridad y, seguramente, muchos cómplices que siempre les han asegurado impunidad a estos subsecretarios.

Sin embargo, hubo que esperar que en este caso la joven abusada decidiera denunciar tal infamia y que ello haya provocado la peor crisis política de los últimos tiempos, como muchos evalúan. A pasos, por lo demás, de una elección nacional, cuestión que preocupa mucho al oficialismo, como también a la oposición derechista, que ya se refocila por el descenso abrupto de la popularidad de Boric y sus ministros luego de este lamentable suceso.

Muchos explican la horrible actuación del Gobierno en la “juventud” de nuestro Primer Mandatario, como en su falta de experiencia. Especialmente manifestado en una conferencia de prensa que solo sirvió para comprometerlo más con esta crisis y dejar en evidencia su pusilánime actitud inicial frente al infractor. Tanto que el propio fiscal Armendáriz, quien instruye la causa, debe obligarse a tomarle a él y a su ministra declaración por los presuntos delitos añadidos al de abuso sexual y que fueron reconocidos con sus equívocas declaraciones. En que el Mandatario dio cuenta de que Monsalve le habría reconocido que mandó a sus escoltas a revisar las grabaciones del Hotel en que sucedieron los hechos. Con lo cual se puede presumir que intentó obstruir la investigación criminal y violar la Ley de Inteligencia.

En efecto, tanto en esta como en otras oportunidades se ha hecho costumbre atribuir los errores del Gobierno a la falta de experiencia de sus principales integrantes. Sin considerar que tanto el Presidente como sus equipos de gobierno ya se habían desempeñado antes como parlamentarios y otras funciones públicas. Estando todos hoy por sobre los 35 o 40 años edad, en que otros líderes nacionales y mundiales ya habían alcanzado enormes logros, prestigio y adhesión popular.

Baste pensar, al respecto, solo en quienes consumaron nuestros procesos de independencia y hasta se convirtieron en héroes que son venerados hasta el presente, dando curso a profundas transformaciones, cuando no a reputadas revoluciones, en todo el mundo.

Más que la juventud, parecen ser la soberbia y la pretendida superioridad moral de muchos dirigentes las que los condenan al cadalso de la historia.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Columna publicada el 24 de octubre de 2024 en Política y Utopía.

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