¿Un diagnóstico del personal académico o de las Instituciones de Educación Superior?

El 28 de diciembre pasado salió en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que aprueba el Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024. Resulta extraño que el decreto se haya emitido después de transcurrida la mitad del año escolar. Esto nos lleva a pensar que no es un programa anual sino más bien representa el intento de que el siguiente sexenio asuma tal programa como la “continuidad” de las políticas públicas de educación superior.

Es como si el equipo saliente de la Secretaría de Educación Pública le dijera al equipo entrante “Yo no lo pude hacer, ya no me dio tiempo; pero tú lo debes hacer”

En La Nocturna, un programa dedicado fundamentalmente al análisis y discusión de problemas universitarios, se comentaba que nadie dice o escribe sobre el mencionado decreto, y se lanzaron varias hipótesis explicativas.

La primera y quizá más obvia es que tal programa es inviable; simplemente no se puede instrumentar y sólo así se explica la emisión extemporánea del decreto.

La segunda hipótesis es que el decreto es un “buscapiés” para medir la continuidad sexenal.

La tercera es que “nos hicieron inocentes”, pues el programa se decretó el 28 de diciembre.

Lo cierto es que lo tardío de su aparición lo ha vaciado de su contenido político: hay demasiadas preguntas respecto al cómo se piensa llevar a efecto. Sobre todo en lo que concierne a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y al financiamiento de la educación superior.

Específicamente, lo que nos preocupa a los universitarios es cómo harán las autoridades federales y estatales para construir ese “espacio común” con una “visión de estado ampliado” sin transgredir la autonomía de las universidades públicas.

Estos dos conceptos: ‘espacio común’ y ‘visión de estado ampliado’ son empleados a lo largo de todo el documento sin mayor aclaración, como si todo mundo entendiera el uso que están haciendo de ellos, como si todo mundo entendiera su significado.

Esto es realmente preocupante, pues para cada objetivo prioritario (en total cinco) se establecen una serie de acciones puntuales que, de llevarse a cabo, transformarían el estatus y las condiciones laborales de los trabajadores universitarios en detrimento de los genuinos intereses del magisterio de las universidades públicas y autónomas.

Consideremos el objetivo prioritario 3 y las medidas para alcanzarlo.

3.- Fomentar la formación de excelencia de las y los estudiantes mediante la innovación, la mejora continua integral de la educación superior, la revalorización del personal académico, la práctica del deporte, y el impulso de las ciencias, las humanidades y el desarrollo tecnológico”.

Cada objetivo prioritario, en este caso Fomentar la formación de excelencia de las y los estudiantes, va acompañado de los medios para alcanzarlo; y estos medios vueltos fines, van acompañados de las estrategias prioritarias para alcanzarlos.

Estrategia prioritaria 3.1.- Impulsar en las IES la transformación de los modelos educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación de excelencia de las y los estudiantes

Estrategia prioritaria 3.2.- Impulsar procesos de innovación educativa y transformación digital en las IES

Estrategia prioritaria 3.3.- Operar el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), mediante una estrategia progresiva y contextualizada.

Estrategia prioritaria 3.4.- Promover el fortalecimiento de las trayectorias del personal académico en las IES.

Estrategia prioritaria 3.5.- Impulsar el posgrado y la investigación científica, humanística y tecnológica, para garantizar el derecho de la población mexicana a disfrutar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

Estrategia prioritaria 3.6.- Impulsar el derecho constitucional a la cultura física y la práctica deportiva de las y los estudiantes, y de la población mexicana en general.

Centremos nuestra atención en la estrategia prioritaria 3.4 teniendo en cuenta que “La intervención en torno a los cinco objetivos prioritarios del Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024 (PRONES) se articula en 24 estrategias prioritarias, integradas por un conjunto de 149 acciones puntuales, que serán instrumentadas a lo largo de la presente administración para lograr el proyecto educativo de la Cuarta Transformación.”

Las llamadas acciones puntuales de cada estrategia, en total siete en este caso, son:

3.4.1.- Realizar, en el marco del CONACES (Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior) y de las COEPES (Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior), diagnósticos sobre las trayectorias y condiciones de trabajo, de las distintas figuras del personal académico de los subsistemas de educación superior.

3.4.2.- Elaborar, en el marco del CONACES y de las COEPES, propuestas de reformas basadas en criterios de igualdad de género, de étnica (sic), de lingüística y cultural (sic), para el reconocimiento y fortalecimiento del personal académico, y la carrera docente, con la participación de las comunidades de las IES.

3.4.3.- Desarrollar, en el marco del CONACES y de las COEPES, programas innovadores de formación, actualización y capacitación del personal académico y directivo de las IES.

3.4.4.- Fortalecer, mediante la reorganización del programa presupuestario en la estructura programática del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), para la formación y fortalecimiento del personal académico.

3.4.5.- Promover, en el marco del CONACES y de las COEPES, la colaboración interinstitucional de las IES con las escuelas normales y las unidades académicas de la UPN, para fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas del personal académico de los subsistemas universitario y tecnológico.

3.4.6.- Promover, en el marco del CONACES y de las COEPES, la colaboración interinstitucional de las IES con las escuelas normales y las unidades académicas de la UPN, para actualizar y fortalecer los conocimientos disciplinarios del personal académico de las escuelas formadoras de docentes.

3.4.7.- Impulsar, en el marco del CONACES y de las COEPES, el establecimiento de programas sostenibles de retiro voluntario del personal académico y de renovación generacional en las IES, con alcance nacional

Lo que nos interesa es determinar si, efectivamente, tales acciones puntuales están conectadas lógicamente, esto es, si son relevantes para lograr el fortalecimiento de las trayectorias del personal académico.

En lo que respecta a la primera acción puntual, realizar diagnósticos sobre las trayectorias y condiciones de trabajo de las distintas figuras del personal académico de los subsistemas de educación superior, nos parece de entrada confusa, pues las trayectorias son de las personas y no de las figuras, si entendemos por ‘figuras’ las distintas categorías bajo las cuales una institución de educación superior contrata a su personal académico. Esto nos hace pensar que el diagnóstico previsto se hará con base en una revisión de las trayectorias personales a la manera de un censo de población. En otras palabras, las y los docentes deberemos responder ante CONACES lo relativo a nuestra trayectoria académica personal, un organismo cuya conformación queda fuera de nuestra decisión y, en consecuencia, no reúne las características de una autoridad ni personal ni colegiada de una institución autónoma como la nuestra, la BUAP.

En cuanto a las condiciones laborales, éstas varían de figura a figura, de contrato a contrato y de reglamento a reglamento, el reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico (RIPPPA) en el caso de la BUAP. Probablemente, la información recabada para realizar el diagnóstico tenga como fin la homologación de estas condiciones laborales que supuestamente buscan la “equidad” entre los tres subsistemas de educación superior y las personas que los conforman.

Esta “uniformidad” obviamente haría caso omiso de la historia de las luchas sindicales y suprimiría la diversidad propia de las universidades, fincada en la autonomía para decidir su rumbo y cómo lograr sus fines: la docencia, la investigación y la difusión.

Aquí lo que no se deriva lógicamente es que las maestras y maestros del subsistema universitario tengamos que responder ante un organismo que interfiere claramente con la autonomía universitaria, cuyo alcance está sólidamente establecido en la fracción VII del artículo tercero constitucional

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