En distintas ocasiones nos hemos referido al episodio de la clausura del aeropuerto de Los Cerrillos, dando a conocer una serie de anomalías detectadas con ocasión del denominado Portal Bicentenario. En la actualidad, el proyectado megaproyecto inmobiliario en las 245 hectáreas que ocupaba esa base aérea sigue detenido, ya no hay aviones ni hangares, la casa presidencial prevista no se construirá allí, el Minvu ha vendido un solo lote, cuyo comprador es Cencosud (era qué no), y el área verde de 50 hectáreas, materializada con recursos públicos, está terminada, pero la ciudadanía no tiene acceso a ella.
La presidenta Bachelet nunca estuvo muy de acuerdo con esa decisión adoptada por su antecesor y el presidente Piñera. Tan pronto accedió al poder, le pidió a un experto que evaluara la situación porque él, con el resultado de ese estudio, se iba a pronunciar para que allí se desarrollara lo más conveniente para el país.
Ese estudio concluyó a fines de 2010 y, como los ciudadanos de a pié no lo conocemos, estimamos necesario que los lectores estén al tanto de la carta ad hoc entregada por nuestra Fundación el viernes 1º de julio a Rodrigo Pérez, ministro del ramo, en la cual le manifestamos algunas cosas de interés. Si las instituciones llegaran a funcionar, en los próximos días la ciudadanía conocerá in extenso ese documento público y de su lectura cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.
LA CARTA DICE:
“Por diversas razones, una de las cuales de índole ambiental está reseñada en el libro «Hacer Ciudad», nuestra Fundación siempre se ha opuesto al cierre de este aeropuerto y por ello, oportunamente, denunciamos esa antojadiza clausura en la Contraloría General de la República.
El gobierno de Ricardo Lagos, para hacer más fácil el cambio de uso de suelo de sus 245 hectáreas, lo sometió al SEIA de la Ley Nº 19.300 como una simple Declaración de Impacto Ambiental, la que fue rápidamente aprobada por la Corema de la época.
Como ese acto administrativo era abiertamente ilegal, la Federación Áerea de Chile recurrió a los tribunales de Justicia, quienes en primera y segunda instancia declararon la nulidad del acto, con lo cual en la actualidad el uso de suelo de ese territorio continúa siendo de infraestructura aeroportuaria en el PRMS.
Cuando asumió Sebastián Piñera como presidente de la República, expresó a la opinión pública que este asunto lo iba a analizar en detalle y para ello le encargó al ingeniero Benjamín Dávila un estudio, con el cual iba a resolver de qué manera se iba a utilizar mejor ese extenso predio. Nosotros tuvimos la ocasión de reunirnos con Dávila en su despacho privado, ofreciéndole una copia del documento «Análisis del cierre de la base aérea y aeropuerto de los Cerrillos» de los generales de aviación (r) José de la Fuente y Mario Ávila, ambos ex-directores de aeronáutica, ante lo cual dicho profesional nos manifestó que el documento lo conocía.
En atención a que la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido sentencia definitiva sobre la ilegalidad del cambio de uso de suelo de esas 245 hectáreas y porque es deseable que la ciudadanía interesada conozca el estudio del especialista Benjamín Dávila, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos que ordene a sus colaboradores que se suba a la página web de su ministerio el texto íntegro de ese estudio, indicándose asimismo el monto de dinero pagado por el ministerio a su autor.
Esperamos que ello se produzca en el transcurso de los próximos 20 días hábiles, con lo cual se estará honrando la denominada transparencia activa y le quedaremos muy agradecidos si, cuando ello acontezca, su jefe de gabinete nos da a conocer por escrito el link correspondiente”.
Está claro de que en el evento de que este Ministro, del autodenominado Gobierno de excelencia, no proceda en los términos ordenados en la ley Nº 20.285 que garantiza al pueblo a tener conocimiento de toda la información que maneja la Administración del Estado, estaremos obligados a recurrir de amparo al Consejo para la Transparencia. Si esto llegara a acontecer, lo que no quisiéramos, los directivos de este nuevo servicio público le tendrán que expresar al titular de ese Ministerio que la ley existe para ser cumplida, más aún, tratándose de un Gobierno que pregona su nueva forma de gobernar como virtuosa y proba hasta decir basta.
Por Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”
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