Un mes con Milei. Un resumen ¡Urgente!

Por Enrique Schwartz. Chileno residente en Buenos Aires. Docente Universitario. Universidad Nacional Arturo Jauretche

Javier Milei entró con los tapones de punta como dicen los aficionados del fútbol argentino cuando se refieren a una actitud fuerte, aguerrida que raya en lo prepotente. Producto de su impronta reaccionaria o por un análisis racional de su escaso poder de fuego parlamentario (o ambas) el nuevo presidente de la Argentina decidió consumir su capital político tempranamente con medidas que corren el eje de la convivencia democrática.

Imaginen a Gustavo Petro de Colombia, Cristina Fernández de Kirchner ​o al mismísimo Gabriel Boric inaugurando su mandato presidencial con el despacho de sendos decretos que, prescindiendo del poder legislativo, derogar una cantidad importante de normativas que regulan tu vida cotidiana: ¡Qué atropello! ¡Avasallamiento a las instituciones democráticas! ¡Dictadura! Pues en este caso no. Los medios de comunicación con mayor poder de influencia en la discusión social, solo se han remitido a relativizar las medidas del presidente frente al duro momento que atraviesa la economía argentina, ¡que el mismo gobierno de Milei ha agravado!

La estrategia de shock

Javier Milei es un producto televisivo. Un outsider sin militancia en el espectro de partidos políticos de la argentina, hasta 2021, momento en que pasó de los programas de opinología a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y dos años después a la Casa Rosada: rápido y furioso. Con un discurso violento y grosero construyó su identidad anti-casta política y con ello fue el abanderado, en las últimas elecciones presidenciales, de una promesa reformista que contuvo el hartazgo de una porción importante de la sociedad frente al estancamiento económico espiralizado de la Argentina.

La puesta en marcha de la gestión Milei echó mano, por un lado, a la construcción de una narrativa del desastre y, por otro, a una estrategia de emponzoñar el ágora pública con una serie de medidas de ajuste estructural reñidas con la división de poderes propia de la democracia argentina.

Milei dedicó su discurso de asunción para exponer un raconto dramático de “la herencia recibida”. Lo hizo de espaldas a la Asamblea Legislativa, en un acto de afrenta declarada a la casta política, provisto de una serie de cifras exageradas para anticipar medidas de shock.

«Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo que se jactaba de superávits gemelos, nos deja déficits gemelos por 17% del PBI»… «Esta es la herencia que nos dejan. Una inflación del 15 mil por ciento anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla. Este número, que parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual», «El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación».

Las medidas de shock han sido aplicadas en tres dosis, todas con el objetivo común de reconfigurar el esquema de reglas que históricamente han articulado a los sujetos económicos, sociales y laborales del país.

Primero fue el “Caputazo”. A dos días de asumido el gobierno, en un mensaje grabado, el ministro de economía Luis Caputo le comunicó a la sociedad argentina que “No hay más plata”. Con el remanido recurso explicativo de asimilar el manejo de las finanzas de un país, al que lleva adelante un jefe de hogar, Caputo pasó a puntualisar sus primeras medidas económicas: i) Una mega devaluación del peso argentino de un 118%; ii) Una reducción de ministerios de la Administración Pública Nacional de 18 a 9 y de secretarías que pasaron de 106 a 54; iii) La interrupción de todo el financiamiento de obras públicas nuevas y cancelación de las que aún no comenzaron; iv) Reducción de subsidios estatales a la luz, gas y transporte.

En segundo lugar vino el DNU-70-2023. El Decreto de Necesidad y Urgencia “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” contiene 366 artículos que, en síntesis, eliminan regulaciones para el comercio interior y exterior, recorta derechos laborales, introduce cambios en el esquema de medicina prepaga y de obras sociales, abre la puerta para la privatización de empresas públicas y clubes de fútbol, entre otras medidas. La estructura del texto es complejísima / caótica para entender su magnitud de impacto, debido a la multiplicidad de temas abarcados y su tenor de sustitúyese en el artículo X de la Ley N°Z la frase “…» por la frase “…” distorcionando e introduciendo una serie de inconsistencias al espíritu original de las leyes afectadas. Diversos analistas han señalado que el decreto es un copy-paste de recomendaciones construidas en bufetes de abogados que tienen como clientes a los empresarios más poderosos del la Argentina.

La cuestiones laborales alcanzadas por el DNU-70 son las que chocan con un actor con capacidad de bloqueo: la CGT. En materia laboral, el decreto introdujo una serie de modificaciones pro-empresas a las que la Cámara Nacional del Trabajo dio lugar, este 3 de enero, al pedido de suspensión por parte de la CGT. Esos artículos hoy no se encuentran vigentes.

Por último -por ahora- se encuentra el tercer dispositivo: proyecto de Ley Ómnibus “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” de 664 artículos que llegó al Congreso de la Nación el pasado 27 de diciembre y contiene reformas en materias económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales. El proyecto de ley será tratado por el Congreso durante sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 31 de enero, y es de especial interés, ya que contiene modificaciones expresas a regulaciones vinculadas a la conservación y protección del ambiente.

¿Agenda ambiental? ¡AFUERA!

La figura de Milei llamó tempranamente la atención del mundo ambiental de la Argentina y el cono sur. En alguna medida nadie esperaba que su discurso conspirativo referido a la Agenda 2030 de la ONU y al Cambio Climático como inventos del marxismo cultural tuviera eco. En el fragor de la campaña electoral un reel en redes sociales mostraba a Milei ejecutando una ‘limpieza de ministerios’ del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí pudimos ver como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible volaba lejos… ¡Afuera! Lo cierto es que el mismo 10 de diciembre, el recorte de ministerios llegó -de 16 existentes en la gestión de Alberto Fernandez- solo 9 sobrevivieron. El Ministerio de Ambiente, así como el de Educación, entre otros, no pasaron el filtro del ajuste a la casta. Una barbaridad.

Ya sin Ministerio de Ambiente (sus funciones pasaron a la órbita del Ministerio de Interior junto con las áreas de Turismo y Deportes) es importante recordar que tanto la Ley de Bosques (ley 26.331; año 2007), como la Ley de Glaciares (ley 26.639; año 2010) contuvieron amplios e intensos debates parlamentarios (en diversas provincias), con la participación de diferentes actores sociales interesados en la temática. Ambas leyes de presupuestos mínimos de protección abrieron paso, a partir de prolongadas manifestaciones ciudadanas y campañas de incidencia en medios de comunicación por parte de ONGs ambientalistas, a una nueva época para la ‘cuestión ambiental’.

En este momento es posible observar, con las modificaciones a la normativa ambiental presentes en el proyecto de Ley Ómnibus, un efecto dominó destructivo de diversos arreglos regulatorios, operacionales y de financiamiento que sostienen el andamiaje de la institucionalidad ambiental argentina. Un retroceso preocupante ¿Qué podemos puntualizar?

Ley de Bosques. En síntesis esta ley implementa un esquema de protección basado en un Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) expresado en un mapa con áreas de alto, medio y bajo valor de conservación. En áreas de alto valor de conservación queda expresamente prohibida la tala o desmonte para el cambio de uso de ese suelo. Le siguen áreas de valor medio que admite un aprovechamiento forestal sostenible, previa autorización de un Plan de Manejo por la autoridad de aplicación jurisdiccional. Y por último las de bajo valor de conservación que mediante un Plan de Cambio de Uso de Suelo aprobado por la Autoridad de Aplicación permite la tala o desmonte parcial o total del área en cuestión.

La modificación presente en el proyecto de ley tiene dos componentes importantes a destacar. Primero: elimina la protección que existía en formaciones boscosas categorizadas como áreas rojas y amarillas. Se habilita, de esta forma, el desmonte total de estos territorios. Segundo: Modifica el esquema presupuestario que cubre al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos: se elimina el mínimo de partida presupuestaria a asignar anualmente (como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional), así como el aporte proveniente de los derechos de exportación. Este aspecto es interesante, ya que al desfondar la ley se producirán una serie de inconsistencias, como por ejemplo: no será posible la compensación dirigida a propietarios privados de bosque nativo que se acogieron a la ley para conservar ese bosque nativo. En definitiva será el incentivo para talar / desmontar y cambiar de uso productivo de aquellos territorios. Esta situación, más que probablemente, llevará a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la consecuente falta de cumplimiento de la Contribución Determinada Argentina (Acuerdo de París).

Por último las provincias no recibirán recursos para implementar sus programas de asistencia técnica, formación y capacitación para cumplir con sus leyes jurisdiccionales de bosque nativo. Desfinanciar es destruir una política que había mostrado efectos moderadamente positivos en la trayectoria de deforestación en la Argentina.

Ley de glaciares. Vale la pena recordar que la Ley de Glaciares tiene sus antecedentes en el año 2007 cuando, la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Marta Maffei elaboró y presentó el primer proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Área Periglaciar”, Ley 26.418, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y por mayoría en el Senado en octubre de 2008. La “Ley de glaciares” fue vetada mediante el decreto presidencial 1837/08. La argumentación, por parte del poder ejecutivo de entonces, fue que esta ley tendría una repercusión negativa en el desarrollo económico y en las inversiones, principalmente mineras, que se llevan a cabo en las provincias cordilleranas. Producto del veto presidencial, la discusión adoptó un carácter mediático inédito, multiplicándose los debates y acciones encabezadas por movimientos sociales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en las provincias cordilleranas.

Ante esta particular sensibilidad en la opinión pública, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Miguel Bonasso avanzó con una nueva propuesta de Ley, prácticamente idéntica a la Ley vetada. Y por otro lado, en la Cámara de Senadores, el senador oficialista Daniel Filmus avanzó con un texto consensuado con gobernadores y funcionarios de provincias cordilleranas dando origen a un proyecto de ley que logró media sanción de esa Cámara. Para julio de 2010 el Diputado Bonasso cerró un acuerdo con el Senador Filmus, lo que posteriormente se llamó “Acuerdo Filmus – Bonasso”: un texto que incluía aportes de ambos proyectos. Finalmente en septiembre de 2010, el acuerdo logró convertirse en ley nacional, con 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención. En julio de 2012 entró en plena vigencia la Ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Una muestra de la forma en que funcionan las instituciones democráticas en la Argentina. Hasta ahora.

En el artículo 502 del proyecto de Ley Ómnibus se excluye de la protección al ambiente periglacial, tal como está contemplado en la norma original ¿Qué significa esto? La habilitación a posibles proyectos mineros en esas zonas. En términos figurativos con esta modificación Milei borró de un plumazo casi 5 años de discusión, debate y aprendizaje social sobre la importancia estratégica de los glaciares y áreas periglaciares.

Tiempo, futuro y pasado

Toda interpretación del momento que se atraviesa es de corta duración. En los hechos, hasta ahora acaecidos, podemos marcar que se transita un sendero de hiperajuste sobre gran parte de la población para inflingir un shock de temor e incertidumbre que permita avanzar en transformaciones radicales del funcionamiento de la sociedad argentina ¿Objetivo? Que sea imposible la repetición de nuevas experiencias populistas. Nada nuevo si se amplía el rango temporal de análisis. Javier Milei es un emergente del clásico diagnóstico de las élites liberales criollas: el mercado es el asignador más eficiente de los recursos (filosofía política individualista) siendo las causas de las dificultades económicas la distorsión de los precios relativos internos introducidos por la política de fomento a la industrialización nacional y el sobredimensionamiento del Estado. Miradas similares, con matices, se pueden rastrear en los planes económicos de Krieger Vasena (1967), Martinez de Hoz (1976). El laboratorio de la historia económica argentina nos muestra qué destino tuvieron aquellos ciclos.

La avanzada libertaria sobre las cuestiones ambientales muestra que asistimos a un momento de agresión abierta a los principios de prevención, progresividad, equidad intergeneracional y sustentabilidad ambiental presentes en el art. 4 de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675). Las nuevas regulaciones, que desarticulan mecanismos de protección ambiental de los bienes comunes, son un diseño a medida de intereses económicos que buscan explotarlos sin límites. No es que Javier Milei y los grupos de poder que se encuentran tras su gobierno no entiendan la gravedad de estas medidas. Todo lo contrario, lo comprenden muy bien y han elegido ese camino: incrementar las desigualdades sociales y ambientales en la Argentina.