Mientras la Organización de Estados Americanos pedía a través de su secretario general Luis Almagro que la Corte Penal Internacional presentara orden de captura contra Nicolás Maduro, un nuevo polo de diplomacia surgía en la región. Brasil, Colombia y México han encabezado el esfuerzo negociador para solucionar la crisis en Venezuela al margen de la OEA, que como el dinosaurio del cuento de [Augusto] Monterroso: cuando despertamos todavía estaba allí. La OEA es una entidad que tiene la especialidad de gestionar las crisis con recetas tan deterioradas como antidemocráticas y sigue apostando por sus statements y declaraciones habituales, que ya no surten el mismo efecto que en tiempos pasados.
¿Qué ha ocurrido en estos días para que Estados Unidos, la Argentina de Milei o la Unión Europea se inclinaran en sus últimas declaraciones por la cautela antes que por la oleada de reconocimientos que apuntaron ellos mismos a Edmundo González?
Lula da Silva tiene un papel protagónico. Es él quién junto a Petro y AMLO impulsaron el diálogo en un momento en el que todo parecía encaminado al escenario “Guaidó 2.0” con la diferencia de que esta vez el autoproclamado sí se ha presentado a unas elecciones contra Maduro.
Lula no solo habló con Macron o con Gabriel Boric, sino que, al menos de momento, convenció a la comunidad internacional de esperar una solución institucional y basada en el diálogo. Se trata de un nuevo eje de la diplomacia latinoamericana que surge en contraposición al viejo estilo de la OEA de derrocar regímenes, impulsar sanciones, bloquear a través de cercos diplomáticos y elaborar imposiciones en función de los intereses del Departamento de Estado.
Tras el anuncio de los resultados electorales la noche del domingo por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que daban la victoria a Nicolás Maduro por un 51% de los votos frente al 44% de Edmundo González Urrutia -que era el candidato opositor respaldado por la líder antichavista María Corina Machado– se desató lo que podríamos Llamar “profecía autocumplida”: la oposición insistió en el fraude electoral y el debate se centró en la presión al gobierno de Venezuela para que mostrase las actas en papel de cada una de las mesas electorales, mientras en una web paralela desde estas fuerzas opositoras se reclamaba un resultado que daba la victoria a González Urrutia con un 73% de los votos -aunque luego matizaron hacia un 67% según decían que iban digitalizando las actas, muchas de ellas adulteradas, en su web– y en paralelo la página oficial del Consejo Nacional Electoral sufría, según sus responsables, un hackeo que dejó inhabilitado el sitio web hasta el día de hoy. Según nuevas evidencias de este hackeo, se detectó en Venezuela una multiplicación por 10 de los ataques distribuidos de denegación de servicio, los llamados DdoS.
El sistema electoral venezolano está digitalizado y por eso hay un doble sistema de chequeo: por un lado están las famosas actas firmadas por los representantes de las mesas electorales, es decir los representantes de cada uno de los partidos candidatos que estaban allí en la jornada electoral, y, por otro lado, las actas digitales que son las que se registran en las máquinas situadas en cada colegio del Consejo Nacional Electoral. Nunca han publicado actas escaneadas mesa por mesa en su sitio web, pero sí que publica desde hace casi 20 años los resultados mesa por mesas digitales pudiendo comprobarse y contrastarse entre ellos.
Los días siguientes vinieron marcados por varios elementos. Uno de ellos, la lucha por el relato.
Mientras Machado agitaba el marco del fraude electoral, las redes desataban una batalla de desinformación, noticias falsas e intoxicación amplificada y la disputa por la calle de la oposición agitó el fantasma de las guarimbas y de los disturbios en medio de llamamientos al posicionamiento de las fuerzas armadas. Los datos sobre muertos y detenidos son difícilmente contrastables ya que no se han entregado pruebas -incluso a día de hoy-, y parece que la normalidad y la cotidianidad han regresado en todo el país.
Recordemos que las elecciones venían legitimadas por los acuerdos de Barbados que prometían respeto a los resultados oficiales y que se puso el acento en la cantidad de misiones de acompañamiento electoral internacionales que siguieron de cerca los comicios, entre ellas el Centro Carter de Estados Unidos, que abandonó el país sin informe alguno y tras un ambiguo comunicado.
Para zanjar todo aquello, Maduro acudió a la vía judicial, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, que pidió el pasado 2 de agosto al Consejo Nacional Electoral las actas de escrutinio y de totalización definitiva de las elecciones, para poder investigar y certificar así el resultado real. Para ello se ha establecido un calendario, un cronograma en el que los diferentes partidos tienen que acudir a depositar sus actas en el mencionado tribunal. El primero en hacerlo fue el propio CNE, que consignó ante el tribunal las actas de las 30.036 mesas que se instalaron el 28 de julio pasado, el acta de totalización y también el acta de adjudicación y de proclamación. Pero, además, también presentó las pruebas de ese ataque cibernético. Las actas deberán ser presentadas en 15 días, prorrogables. Edmundo González no se presentó y sus representantes afirmaron en el TSJ que ellos no tienen las actas, a pesar de que existe un sitio web en que las han publicado previamente.
Según la oposición y las actas digitalizadas que según ellos poseen, dicen que en el 80% de ellas González Urrutia habría ganado las elecciones con el 67% contra un escaso 30% de Nicolás Maduro. Según esto, el resto de los candidatos (8 más entre oposición y oficialismo) tendrían en conjunto un residual difícil de justificar o creer de un 2% a repartir.
Hoy parece que los presidentes López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, están empeñados en encontrar una vía política y diplomática que ofrezca una salida a la crisis venezolana. Tiene todo el sentido que sean ellos quienes medien. Brasil, por un lado, es país fronterizo, además de ser una economía líder regional y con un creciente peso mundial; México también, porque tiene una activa cancillería en asuntos de América Latina, entre otras cosas, y, por supuesto, claro está que tenemos a la vecina Colombia, que comparte frontera también con Venezuela y en la que viven 2.800.000 venezolanos y venezolanas.
Tras una reunión el pasado 1 de agosto los tres gobiernos emitieron un comunicado conjunto, en el que estos mandatarios de izquierda coinciden en que el gobierno de Nicolás Maduro ha demorado en la entrega de los cómputos finales de las famosas actas, lo que profundiza el conflicto y genera inestabilidad en la región. Esta mediación es toda una declaración de intenciones que evidencia un nuevo polo diplomático y de mediación alternativa, con una nueva fuerza que apela a la legitimidad para las relaciones en y desde América Latina.
Se destaca el papel que está desempeñando Lula da Silva, impulsando junto a sus homólogos esa postura de diálogo, pero también tendiendo puentes con Macron o con Boric, quien parece el más obediente del imperio, empeñado en demostrar que a él no le afecta nada que venga del ‘régimen’ de Venezuela, tal y como escriben sus últimos tweets, donde se niega a la diplomacia e insiste en la represión gubernamental que, según él, y sin pruebas, ejerce Maduro. Todo esto mientras visita a Emiratos Árabes Unidos, donde toda actitud del Presidente de Chile son muestras de honor y privilegio, porque, sin arriesgar su lógica actual tan cercana a la derecha internacional, lo de ellos “no es represión ni abuso de DDHH”.
Eso sí, los tweets de Boric le han hecho ganarse el respeto y el reconocimiento de destacados liberales, ultraderechistas y opositores a todos los gobiernos progresistas de América Latina, que reconocen la actitud, institucionalidad y altitud de miras del presidente chileno: complejo es mantener moral y valoricamente este equilibrio precario que intenta conservar Boric.
Los presidentes de Brasil y de Chile reunidos en Santiago conversaron sobre las alternativas posibles a desplegar, aunque lo hicieron en un marco de bastante discreción.
Tengamos en cuenta que Lula, además de mantener una línea abierta de diálogo con Maduro, lo está -en contacto cotidiano- con López Obrador y Petro. Lula también ha acogido a la delegación diplomática Argentina, que ha sido expulsada de Caracas por el gobierno de Venezuela tras su negativa a reconocer los resultados oficiales de las elecciones, al igual que otras seis delegaciones: Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
También planea la posibilidad de que haya una mesa de diálogo con estos protagonistas que estamos mencionando y que desde allí se plantee una auditoría internacional al proceso electoral con la participación de especialistas, lo que podría abrir una negociación para nuevos comicios o incluso podría generar el diseño de un proceso de transición.
No podemos prever qué se mueve entre bambalinas de esas negociaciones. Pero sabemos que hablamos de una mediación a tres bandas (México, Colombia, Brasil ) versus una organización que ha pretendido ser durante décadas el sumo inquisidor árbitro y referente para la región latinoamericana y que debería estar un poquito preocupada. La Organización de los Estados Americanos, ese escuadrón de la gendarmería estadounidense liderado por el secretario general, Luis Almagro, quien ya empezó a denunciar la manipulación más aberrante y a reclamar que se reconocieran las actas manipuladas que había publicado la oposición en esa página paralela. Tras estas aseveraciones, la Organización de Estados Americanos pareció haber reciclado sus viejos comunicados sobre Venezuela y se volvió a pronunciar en la misma línea que niega toda soberanía posible al gobierno bolivariano.
El organismo convocó una sesión extraordinaria en Washington, donde presentó una resolución que exigía “una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes, para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”. Si es la misma verificación independiente e integral que llevaron a cabo en Bolivia (realizada por ellos y desmentida tras el golpe también por ellos) en 2019, pues no vamos bien: aquel informe ‘independiente’ presentado por los expertos de la OEA, que avaló la tesis de fraude electoral de Evo Morales y el posterior golpe de Estado con víctimas mortales, para decir después que todo era una “falsa alarma”.
Y tal vez precisamente por eso esa resolución de la OEA fracasó, porque no contó con los apoyos necesarios de países como Brasil, Colombia, Bolivia y Honduras, entre otros, que se abstuvieron de votar. México directamente ni participó de la votación. Se preguntarán ¿cómo votó Venezuela sobre un asunto de alto impacto de su política interna? Pues es que a Venezuela ni se le pidió el voto, porque desde hace seis años Venezuela no es parte del organismo. Fue en 2018 cuando la OEA consideró la reelección de Nicolás Maduro como ilegítima y empezó el proceso de suspensión del país de la entidad; comicios en que la oposición no solo llamó a la abstención a sus votantes, sino que ni siquiera se presentó, enorme dato que no le impidió al organismo desconfiar de los resultados.
La OEA, que hoy agrupa 35 estados, nació en abril de1948 con una serie de propósitos llenos de buenas intenciones. La sede central de la organización se situó nada menos que en Washington, a pocas calles de la Casa Blanca, algo que no parece precisamente una casualidad. En su carta fundacional hablan de fomentar paz y justicia en los Estados miembros, de defender la soberanía de los estados, de consolidar la democracia representativa, o de erradicar la pobreza. Muy hábiles con los eufemismos de la paz, la solidaridad o la colaboración, pero sabemos cuál vendría a ser el objetivo real de una entidad creada en Estados Unidos: promover los intereses de la potencia hegemónica frente a la temida Unión Soviética, cuya «nociva» ideología se propagaba por el mundo, para lo que el llamado a la acción estaba en contrarrestar la «amenaza» bolchevique.
Por décadas la OEA se dedicó a legitimar sangrientos golpes de Estado, con el argumento de salvaguardar la paz para luchar contra el comunismo internacional. Cuba fue expulsada en 1962 por marxista leninista, pero la Organización convivió en paz, solidaridad y armonía con la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet o el Paraguay de Stroessner, sin ni una pequeña amonestación a los genocidas y dictadores de nuestro Cono Sur. La tarea es defender la soberanía de los Estados miembros siempre y cuando sea la soberanía “que me gusta a mí” y al Departamento de Estado.
Habrá que esperar que esta nueva alianza entre AMLO, Lula y Petro tenga un efecto positivo en la diplomacia latinoamericana, tan mancillada por organismos como la ya mencionada OEA, reconocidos por fomentar y legitimar dictaduras y golpes de Estado en todo nuestro continente. Será interesante ver qué sigue en esta narración geopolítica, que supera el escenario electoral y bélico; sin escrúpulos y abarrotado de historias de traición y tremendas luchas de poder (dignos de cualquier novela negra).
Por Amanda Durán
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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