La tarea principal de la Convención Constitucional (CC) será elaborar una constitución que sea como un ‘Nunca Más’ a las violaciones de derechos humanos (DDHH). Es necesario e ineludible ante la experiencia social de los pueblos que habitan Chile desde, al menos, unos 48 años. Un círculo vicioso de violaciones estatales de los DDHH de las personas y las comunidades, seguido de impunidad masiva con alguna condena de consuelo a algún desprevenido y menor ejecutor. Años, décadas después, vienen comisiones de verdad que no traen una verdad negociada, justicia en la medida de lo poco posible, reparaciones monetarias y simbólicas tardías y burocráticas y nada de no repetición, del necesario ‘Nunca Más’, porque ese círculo volvió y volvió a repetirse.
La última repetición de ese círculo vicioso de violaciones de DDHH ha sido durante este proceso revolucionario iniciado en la revuelta social de octubre de 2019. Esta violencia institucional ha provocado innumerables víctimas. Decir innumerables es la descripción más ajustada a la realidad puesto que esas víctimas y las violencias que sufrieron fueron mal contadas, ocultadas, disminuidas, festinadas, dudadas por el Gobierno, la derecha e incluso el INDH[1]. La actuación policial y militar en tareas represivas ha sido secundada por una Fiscalía y unos jueces de garantías que priorizan los privilegios de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FFAA) por sobre los derechos humanos de las personas y las comunidades.
Durante el decenio anterior, sea bajo gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría como en los de la Alianza/Chile Vamos, las violaciones de DDHH fueron parte rutinaria del abordamiento de la protesta social y territorial. Desde secuestros, torturas y abusos sobre estudiantes secundarias y secundarios[2], hasta el copamiento militar policial de territorios en lucha por su sobrevivencia como en Aysén y el Wallmapu.
Estas violaciones de DDHH durante las primeras décadas de la transición fueron parte medular de una política de Estado centrada en el extractivismo territorial y humano, complementaria de una educación ideológica que impusiera como sentido común el neoliberalismo.
La transición dio continuidad a la impunidad en las violaciones de DDHH en la dictadura, que apenas tuvo tardías, pobres y dificultosas reparaciones provenientes del Estado. Solo el pueblo estuvo a la altura y reparó al menos la memoria de las víctimas de violaciones de DDHH, es decir, al conjunto de los pueblos que habitan Chile, con una insistencia de marchas, conmemoraciones, creación de monumentos y recordatorios, así como la búsqueda de verdad y justicia judicial que obligaron a incorporar el tema en la reforma judicial que instaló el actual sistema de fiscalías para la impunidad policial y militar.
El eje de todo este círculo vicioso de la violación de DDHH es el militarismo fáctico que impregna la política chilena, herencia de la dictadura y compromiso de la transición. Las FFAA y las policías chilenas aseguraron para sí una impunidad estratégica mediante leyes, compromisos políticos, chivos expiatorios, pactos de silencio y operaciones de “cambio de televisor”. La constitución de Pinochet trasparenta esta política de impunidad otorgando un rol preponderante a las FFAA y a Carabineros. La Constitución de Pinochet amarra la vida política chilena a las FFAA y con ello abre permanentemente el paraguas de la impunidad a la violación de DDHH.
El proceso revolucionario que vive Chile desde octubre de 2019 ha sido, en materia de DDHH, una gran reparación social enmarcada en el lema “No son 30 pesos, son 30 años”, 30 años de violencia hacia los pueblos y violación de sus DDHH. Esa reparación social[3] debe ser refrendada por la CC, a través de una constitución que plantee un horizonte de ‘Nunca Más’, de no repetición, y de seguimiento a una prioridad a la verdad, la justicia y la reparación como paradigmas dentro de una lógica constitucional de DDHH.
Ese ‘Nunca Más’ radica en eliminar todos los privilegios que las FFAA y Carabineros junto con desvincular los conceptos de defensa y seguridad de los conceptos “fuerzas armadas” y “nacional”. Si es que se instalan los conceptos “defensa” y “seguridad” en la CC (lo que no es para nada una obligación) esta defensa y esa seguridad han de ser sociales y humanas, centradas en defender a las personas realmente existentes mediante una vida digna para todos quienes habiten el país y las comunidades que conforman.
Una constitución con una lógica de DDHH, en la cual quede claro que un derecho humano no lo es cuando sirve para quitar o violar cualquier otro derecho humano y que los DDHH son coherentes, complementarios y potenciables entre sí, debe tener al derecho de Objeción de Conciencia[4] como un pilar asegurador de ese ‘Nunca Más’ que será el texto, puesto que permitirá realmente dar posibilidades constitucionales de negarse a cumplir órdenes de cualquier rango que violen los DDHH. Esto además será coherente con el proceso desmilitarizador que también ha sido la revuelta social chilena[5].
De ese modo se hará más cierta la reparación social a quienes perdieron la vida, los ojos y la libertad durante la lucha social que ha sido este proceso revolucionario que aún no termina.
Por Pelao Carvallo
días de We Tripantu en el Cono Sur 22 de junio de 2021.
[1] https://radio.uchile.cl/2021/06/18/la-media-verdad-de-sergio-micco/
[3] https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/27/una-constitucion-desmilitarizada.html
[5] https://www.clacso.org/la-revuelta-social-contra-el-servicio-militar/
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