Una necesaria constitución democrática

Thomas Piketty, autor del difundido libro El Capital en el siglo XXI (2013), ha señalado que en Chile el 1% más rico tiene una de las concentraciones de ingresos más grandes del mundo. Por tanto, Chile es uno de los países más desiguales. A diferencia de los economistas locales, Piketty afirma que sí es posible reducir la desigualdad y al mismo tiempo aumentar el crecimiento. Una desigualdad tan excesiva es incompatible desde la perspectiva del crecimiento, puesto que no es posible que una sociedad crezca si la mayoría no ha podido acceder a las capacidades exigidas por el crecimiento.

Dice Piketty que en los últimos 30 años ha habido crecimiento y poca reducción de la desigualdad. Por tanto, se requieren políticas integradas a través de impuestos progresivos, educación, regulación del mercado del trabajo, rol del salario mínimo y desarrollo de los sindicatos. De no haber redistribución, inversión en las personas y trabajo y salarios decentes, se incrementa la desigualdad. Y la desigualdad es un peligro tanto para el crecimiento económico mismo como para la democracia, puesto que las instituciones políticas son capturadas por minorías subordinadas al poder económico. Las tensiones sociales aumentan cuando se rechaza la distribución del poder.

Joseph E. Stiglitz, quien fuera vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial y Nobel de Economía 2001, tras el estallido social en Chile remarcó la desigualdad del país como la mayor de la OCDE, lo que significa “una disonancia entre la reputación de Chile en el manejo económico, el buen crecimiento y el pobre desempeño en igualdad”. Como ejemplo patente está el sistema de pensiones que “no ha funcionado bien”. Agrega que, dada la gran desigualdad, “el estallido social se veía venir. Me extraña que no haya ocurrido antes. Ha tenido un efecto muy profundo en América Latina y, de hecho, en el mundo entero”.

Entre otros aspectos, Stiglitz aseveró que “la economía de mercado debe funcionar para la gente, debe servir a la sociedad. Y la manera como fue organizada por los “Chicago Boys” no funcionó, no sirvió para la gente, sino al 1%. Esa idea está ahora totalmente desacreditada”. Como observador de la economía mundial, le llamó a “sorpresa que el malestar tardara tanto en manifestarse”, porque en Chile “lo que provocó la explosión podría ser muy pequeño, pero el profundo malestar sembrado está presente. Y nunca se puede predecir cuándo va a explotar. Pero es comprensible por qué debería explotar”. (…) Porque “la desigualdad en nuestras sociedades es una opción política más que una consecuencia económica”. Stiglitz continúa graficando su apreciación del 18 de octubre ironizando que la teoría de los economistas neoliberales se resume en: “si das suficiente dinero a los de arriba, al final llegará a los de abajo”. Pero esto “no es verdad y nunca lo ha sido”.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017) reitera que en Chile el 1% de la población acumula el 25% de la riqueza generada en el país. Es un promedio superior al de América Latina. Ya entonces se avizoraba que “la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública”. A esto se suma la escasa movilidad social: “Si se nace en el 10% más pobre existe una alta probabilidad de que los hijos sean pobres. Una persona en el 10% más rico, tiene una alta probabilidad que sus hijos estén luego en el 10% más rico”. El efecto es la continuación de una baja movilidad y una alta desigualdad, lo que “genera una tensión social”, porque “las desigualdades son diferencias que se consideran injustas, porque vulneran una norma de equidad entre los seres humanos”. Así se configura una sociedad con asimetrías que no son legítimas y en la que “se le exige a la gente que viva de una forma que sólo hace reproducir aún más su sentimiento de un trato indigno”, como cuando las autoridades recomiendan que para ahorrar “hay que levantarse más temprano”. Así se reproduce la desigualdad, que “no es sólo en los ingresos, es la posición territorial, es desigualdad de género, es desigualdad étnica y cultural”. En cambio “una sociedad más igualitaria contribuye a la paz social, al crecimiento económico, al desarrollo económico”.

El citado informe PNUD “Desigualdades: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile” reitera que el distanciamiento entre un grupo social y otro se desarrolló con fuerza durante la dictadura militar que se extendió por 17 años: “el país experimentó una radical transformación económica y social que tuvo efectos significativos sobre la estructura de la desigualdad, porque se redefinieron las reglas de funcionamiento de la economía y de las relaciones entre trabajadores y empleadores”. En ese tiempo también se privatizaron muchas empresas que, en su mayoría, quedaron bajo la conducción de grupos económicos que se fortalecieron durante la dictadura. Entonces, la Constitución de 1980 tuvo como uno de sus objetivos explícitos eliminar las posibles “amenazas” de políticas redistributivas.

En el sector de La Dehesa de la Región Metropolitana, se concentra gran parte de la élite chilena: abundan áreas verdes, viviendas de más de 5.000 m2, centros médicos y colegios con buenos resultados. En otros sectores, familias completas deben convivir en departamentos de menos de 30 m2 y en edificios de hasta 40 pisos, en la periferia de la ciudad.

A modo de explicación del 21 de octubre de 2019, afirmó el PNUD que en Chile “es necesario un nuevo acuerdo social, porque si esto no ocurre, se podrá apaciguar por un día, podrá parar, pero quedará pendiente y volverá a ocurrir”. (…) “Tiene que haber una invitación a un diálogo amplio”.

Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea han sido las únicas comunas de las 346 del país donde se impuso el ‘Rechazo’ a una nueva Constitución en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. El 78% de la población del país se manifestó por una Constitución democrática para terminar con los altos índices de desigualdad y falta de oportunidades. Porque no hay igualdad en un país en el que las universidades tienen los segundos aranceles más altos, después de USA. Y en el que el arancel de las universidades públicas es más alto que el de las universidades privadas. Y es uno de los países con la educación escolar más segregada socioeconómicamente. También según datos de la OCDE, en salud, Chile es el tercer país (entre sus 36 miembros) en el que sus ciudadanos gastan más de su bolsillo: 35,1%. Los ciudadanos de los demás países de la OCDE gastan en salud de su bolsillo un 20,6%. Cepal dice que la mitad de los jubilados de Chile recibe pensiones inferiores a un tercio del promedio de sus 10 últimos salarios.

En este contexto, Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y actual integrante de la Convención Constitucional, coincide con lo antes señalado y lo reitera: “Chile se ha ido tornando, progresivamente, en una sociedad con muchas y permanentes desigualdades. Desigualdades en el acceso a una atención sanitaria oportuna, a una educación pública de calidad, a una vivienda digna y a una previsión justa. Hay también, incluso, una manifiesta desigualdad en el trato que se da a las personas, según sea su situación socioeconómica o su aspecto”. Squella ratifica que “las Constituciones no producen cambios, pero los facilitan, especialmente en cuanto a lo que ella establezca en materia de régimen político y compromiso del Estado, con aquellos derechos fundamentales que tienen que ver con el acceso garantizado a bienes básicos”.

Organismos internacionales, economistas de nivel mundial, académicos nacionales, incluyendo a personalidades de sesgo conservador, con otras palabras dicen lo mismo que los gritos y las consignas de la Plaza Dignidad: la esperanza de que con una nueva Constitución el país cambie para dar espacio a “la hermosa morenidad”.

Por Hervi Lara

Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2021.