Una puerta ante la crisis sistémica

Las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas han permitido posicionar en el debate público el hecho que la educación superior y la educación, en un sentido sistémico, se encuentran en una grave crisis. Han dejado claro que desde el año 2006, momento del último gran estallido social por la educación conducido por los secundarios, los políticos y los empresarios nada han resuelto y avanzado en este tema, sino más bien profundizando las desigualdades y la segregación social que genera el sistema educativo chileno. Además de lo anterior, los estudiantes han instalado con éxito las propuestas para superar esta crisis, las cuales han concitado amplias simpatías y altos grados de identificación ciudadana.

Es precisamente el alto grado de identificación o cercanía que tiene la gente común y corriente a las demandas de los estudiantes, uno de los elementos distintos de esta movilización estudiantil. Esto se ha producido básicamente por el carácter socialmente amplio de las demandas, ya que las problemáticas del endeudamiento estudiantil, el lucro en educación o la falta de democracia en las universidades, son parte de los conflictos que día a día viven y sufren las mayorías. Dicho de otra manera, los problemas estudiantiles son expresiones concretas de los nuevos y pujantes conflictos del Chile post Pinochet, conflictos transversales que se han incubado en las últimas dos décadas fruto de las transformaciones sociales y culturales neoliberales que ha tenido nuestro país.

La existencia de este tipo demandas también se explica por la inclusión de nuevas franjas de la población a la movilización social. Las anteriores movilizaciones estudiantiles, sin quitarles su importancia dentro del proceso de acumulación histórico-social, sólo se circunscribieron al campo de las universidades tradicionales con demandas preferentemente gremiales. Hoy el ingreso de estudiantes de universidades privadas y de educación técnica, incluso todo un sector perteneciente a las universidades tradicionales (rectores, académicos, trabajadores de la educación) que antes no se movilizaban, le han dado materialmente al movimiento una masividad nunca antes vista desde la llegada de los gobiernos civiles a principios de la década de los 90.

A consecuencia del carácter amplio y transversal de las demandas, se ha derribado el  mito que señalaba que el estudiante universitario era un sujeto privilegiado en la sociedad, que tenía un status diferente al resto por su calidad de tal, sin embargo hoy ese estudiante se encuentra igualmente endeudado y precarizado como cualquier otro chileno. A partir de lo anterior, también podemos poner en duda aquella premisa, propia del campo de la izquierda, que niega el carácter de sujeto revolucionario del estudiante, reduciendo su posición a la de ser facilitador de las luchas de otros. Hoy esta franja cada vez más masiva de la población, que día a día ve reflejado en si misma las contradicciones del sistema económico, ha comenzando a tomar conciencia de su potencial y su lugar dentro del proceso transformador de largo aliento presente y futuro.

Todo lo anterior permite afirmar, sin miedo a equivocarse, que el movimiento social chileno, expresado en lo universitario o educacional, ha comenzado a transitar el camino hacia un nuevo despertar.

Sin embargo, para superar el peso de la noche del pacto de la transición de fines de los años 80 que propició en términos políticos la exclusión de los sectores populares de los espacios de decisión del país, no es suficiente todo lo que se ha avanzado.

Hasta ahora el movimiento social ha sido capaz de develar la existencia de una profunda crisis social en educación y proponer diversas medidas para su solución, sin embargo estas demandas o reivindicaciones sociales no han sido acompañadas por una demanda o reivindicación política, la cual altere, rompa y desquebraje la mecánica de resolución de conflictos sociales impuesta por la democracia antipopular instaurada por los bloques hegemónicos, permitiendo así el ingreso de las mayorías a las correlaciones centrales de fuerza, en definitiva, a los espacios donde se toman las decisiones.

Esta ausencia constituye una tarea fundamental para el movimiento estudiantil en el actual momento de la movilización, ya que de lo contrario nuevamente se dejará llano el camino para que los políticos y los empresarios terminen decidiendo por todos, tal cual sucedió el año 2006 con la Ley General de Educación.

Para que esto no pase otra vez, el movimiento estudiantil debe tomar la iniciativa de construir una demanda política unificada o común, en conjunto a otros sectores movilizados (profesores, ambientalistas, trabajadores del cobre, etc.), la cual tenga como norte involucrar a la sociedad en la definición democrática de la educación que Chile quiere para su futuro y, de esta manera, trisar la democracia de los acuerdos de la asamblea de la burguesía. Es bajo este alero que la idea de convocar a un plebiscito nacional en educación, que se impulsa actualmente desde www.lamayoriadecide.cl, es una de las expresiones concretas de esta demanda o reivindicación política común. Una posible mesa de negociación por si sola no es una fórmula que responda o se haga cargo de las condiciones políticas antes expuestas. Incluso más, la clase política que sería representada por el Gobierno no da garantía o seguridad alguna de que las demandas estudiantiles se cumplirían efectivamente.

El escenario social antes descrito, se entrelaza con un escenario general-político el cual debemos considerar para desarrollar los desafíos propuestos y que, como se verá, hace más urgente, apremiante y exigente nuestra apuesta.

Las multitudinarias movilizaciones de este año han coincidido con uno de los peores momentos de la clase política en las últimas décadas. Las encuestas recientemente publicadas evidencian el profundo desgaste y falta de credibilidad que tiene la gente hacia los políticos. En efecto, la Concertación sigue sin tener un proyecto político diferenciado al de la derecha y todo indica que así se mantendrá. Su principal y única apuesta es aprovechar cada uno de los yerros de Piñera y del Gobierno para con ello alfombrarle el camino a Bachelet, que desde algún lugar del mundo, les permitirá volver al gobierno. La derecha mientras tanto, pese al desembarco hace algunas semanas de sus peces gordos a la conducción del Gobierno, sigue hundida en sus conflictos transversales provocados por las fricciones entre los sectores liberales y conservadores (a propósito de los temas valóricos, medioambientales, educacionales, caso La Polar, entre otros), los cuales le han impedido articular una agenda política unificada y ordenada.

Este desgaste ha quedado más patente para los chilenos porque lo conflictos sociales recientes, tanto ambiental como estudiantil, han permitido iluminar la oscura y pestilente cloaca de la relación entre política, o mejor dicho políticos, y lucro, negocios y dinero. El país ha podido observar y entender, que este completo y extendido circuito de relaciones e intereses económicos, es el que ha impedido en las últimas décadas impulsar los cambios que las mayorías requieren para un vivir más justo y feliz.

Este escenario, clase política en baja-movimiento social en alza, da a ambos actores una oportunidad para impulsar apuestas políticas de intereses totalmente antagónicos. Los primeros, ven detrás del conflicto educacional una oportunidad no sólo para reafirmar su consenso de clase respecto a educación a través del «Gane», sino también una chance para efectuar un reordenamiento o reacomodo general que permita fortalecer el modelo de resolución de conflictos sociales y con ello la ansiada gobernabilidad o paz social. En definitiva, actualizar los marcos del pacto de la transición, ya sea con acomodos a nivel del centro político (acercamiento hacia el gobierno de sectores tecnocráticos y conservadores de la Concertación) o bien con incorporaciones de nuevos actores desde la izquierda (entrada a una alianza de centro-izquierda del PRO y el PC).

Lo segundo, el movimiento social a través de las luchas ambientales, educacionales, de los trabajadores del sector minero y de otras luchas sectoriales que puedan encontrarse actualmente en ebullición, con unidad y sin sectarismos, debe concentrar sus esfuerzos hacia la creación de una demanda política unificada que busque trisar la democracia antipopular de la asamblea de la burguesía y permita la inclusión del pueblo chileno en la toma de decisiones del país, en las correlaciones centrales de fuerza como un actor político protagónico. El escenario nos abre una oportunidad cierta para constituir al movimiento social en alternativa política para el futuro de nuestro pueblo y país y de esta manera construir una democracia real, directa, inclusiva y de mayorías.

Por Jorge Sharp