Venezuela: Terapia de choque

Venezuela: Terapia de choque para estatizar y disciplinar la vida cotidiana de la población.

Con el argumento de contar con mayor eficacia para revertir las consecuencias de las copiosas lluvias de finales del 2010, las cuales han dejado un saldo de más de cien mil damnificados, el presidente Chávez ha solicitado a la Asamblea Nacional le sea concedida una nueva ley habilitante que le permita gobernar, expeditamente por la vía ejecutiva, durante un período de 12 meses.

Esta solicitud, sin embargo, viene acompañada de la exigencia a la propia Asamblea Nacional para que apruebe de manera extraordinaria, sin un amplio debate nacional que pudiera justificar los adjetivos “participativo” y “protagónico”, una serie de leyes que incidirán en el disfrute de los diferentes derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución de 1999.

El paralelismo anterior no es casual. Después de contar con un período, entre los años 2006 y 2008, de control casi total de los espacios de poder en el territorio nacional y un inusitado caudal de ingresos económicos por el alza internacional de los precios del petróleo, el proyecto político bolivariano se enfrenta al escenario, por lo menos formal, de tener que lidiar con una Asamblea Nacional con un importante sector controlado por los partidos políticos de oposición y, por otro lado, las consecuencias de una crisis económica que le impide desplegar, con el mismo énfasis, los mecanismos clientelares de años atrás.

Después de una década de gobierno y con una agenda que ha priorizado la oferta ideológica sobre la resolución de los problemas concretos de la gente, la relación cualitativa entre los amplios sectores de apoyo popular y el presidente Chávez se ha transformado. El sustento, que anteriormente era de una fidelidad incontestable, se ha problematizado hasta niveles que han hecho tambalear el caudal de votos que pudieran asegurar la reelección en el año 2012. El descontento ha alcanzado cuotas tales que el año 2010 cierra como uno de los mayores lapsos de conflictividad en el país, registrándose, según el conteo de la ONG en derechos humanos Provea, más de 9 manifestaciones al día, de las cuales casi el 80% son por reivindicaciones sociales: falta de vivienda, ausencia de servicios básicos, malas condiciones de trabajo, entre las principales.

La respuesta gubernamental ha sido el llamado a la “radicalización” de su proyecto político, de cara a lo que el propio Presidente de la República ha denominado el inicio de la campaña electoral. Lo paradójico de esta agudización es que interrumpe el hilo constitucional de una Carta Magna que, por lo menos durante los primeros cinco años de su mandato, se convirtió en el proyecto político, traducido para las mayorías, defendido por el bolivarianismo en el poder. En su lugar se está promoviendo un indefinido y nebuloso proyecto, denominado “socialismo del siglo XXI”, que en sus contornos más definidos resemantiza los viejos tics de la matriz sociopolítica venezolana del siglo anterior: proyecto de modernización basado en la extracción y comercialización de recursos energéticos y un sistema político basado en la dominación carismática y populista, con fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas.

EL TERRENO DE LA LEGALIDAD

Nada más contrario a cualquier interpretación de lo que debe ser la “democracia participativa y protagónica”, una de las consignas del bolivarianismo, que el mandato por vía habilitante, lo cual además inmortaliza en el anecdotario la realización de elecciones para la selección de representantes al parlamento. Si a esto sumamos la promoción de un ambiguo y contradictorio “Parlamento comunal”, también por la vía del decreto desde las nuevas élites, condena al ostracismo al poder legislativo y refuta en los hechos la estrategia del “equilibrio de poderes” que motivó buena parte de la concurrencia a elecciones el pasado 26 de septiembre.
Sin embargo, lo más contradictorio del conjunto de leyes “del poder popular” promovidas en la actualidad es que instalan el elemento jurídico como principal legitimación de las iniciativas sociales en el país.

Como lo ratifican al unísono las aprobadas Ley Orgánica del Poder Popular y ley del Consejo Federal de Gobierno, Ley de Comunas y las propuestas de Ley de Cooperación Internacional, y la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, es la institucionalización legal de las organizaciones populares lo que efectivamente las ratificaría como tales, y no su propio y sostenido trabajo en el tiempo, su legitimación como actor social por su propia dinámica y beligerancia. En las diferentes propuestas el poder ha establecido categorizaciones para el trabajo en el campo popular, reconduciéndolo e institucionalizándolo hacia su concentración en los consejos comunales y comunas, que sobradamente han demostrado su escasa independencia y limitada autonomía.

Durante buena parte del siglo XX los estados tenían la capacidad de poder ejercer una represión abierta y directa contra su disidencia interna. En la actualidad el cumplimiento de formalidades democráticas, como el respeto a los derechos humanos, forma parte de las negociaciones bilaterales de acuerdos económicos. Ante la creciente imposibilidad de esconder o maquillar las desapariciones y otros procedimientos de represión abierta, debido a la presencia de un constante y dinámico flujo informacional estimulado por las nuevas tecnologías, los estados actuales han hecho de lo jurídico y la realización de ritos electorales una de las fuentes de su legitimación ante la comunidad internacional.

Dentro de la nueva gobernabilidad construida por los gobiernos progresistas en América Latina, en donde se encuentra Venezuela, la intención de todas estas iniciativas seudolegales es arrinconar al terreno de la ilegalidad a los sectores sociales críticos y refractarios de estos nuevos proyectos de dominación. El incumplimiento de las leyes, en una era caracterizada por la lucha antiterrorista, permite que la represión contra las y los actores sociales incómodos sea políticamente correcta.

MUERTE AL INTERNACIONALISMO

El pensamiento socialista construido durante la modernidad, muchos años antes de la aparición del internet, defendió el argumento de la artificialidad de las fronteras y que la única patria del proletariado era la humanidad. Salvo la Unión Soviética, todas las experiencias revolucionarias promovieron la necesidad de una revolución a escala planetaria que catalizara que el hombre dejara de ser un lobo para otros hombres –o mujeres-. Un revolucionario de aquellos años sentía como suyos los males padecidos a kilómetros de distancia, y algunas de las páginas más bellas de la lucha por la igualdad humana fueron producto de estos desprendimientos.

Esto parece cosa del pasado. Bajo el argumento de la defensa de nociones que habían sido superadas en otras latitudes como burguesas –la soberanía, la autodeterminación…- en Venezuela se está condenando a muerte al internacionalismo. Tanto la Ley de Cooperación Internacional como la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional hacen una prohibición expresa de la solidaridad y cooperación que caracteriza las actuales redes sociales de lucha contra la globalización, el capitalismo y respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esta última reglamentación es especialmente peligrosa. Define a las organizaciones políticas como “aquellas dirigidas a promover la participación de los ciudadanos en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular”, por lo que su espectro de acción abarca la totalidad de las iniciativas sociales del país. Este reglamento prohíbe expresamente que las organizaciones políticas reciban recursos de organizaciones del exterior o que inviten al país a personas extranjeras que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”.

Algunos podrían pensar que este tipo de normativas sólo afectarán a organizaciones que puedan calificar como de “derecha” o “golpistas”. El objetivo de la ley es asfixiar a todos los actores no estatales y tendrá consecuencias tan particulares para el desarrollo del propio pensamiento revolucionario, cuya naturaleza crítica y cuestionadora es su razón de ser. Objetivamente prohíbe que Venezuela vuelva a ser , por ejemplo, sede de eventos como el Foro Social Mundial, que a pesar de su cooptación en su edición del año 2006 mostró grietas por donde asomaron duras críticas al Socialismo del Siglo XXI en curso. Las iniciativas sociales y populares que deseen participar en redes de lucha regionales o mundiales, como la IV Internacional o Social Watch para poner dos ejemplos disímiles, deberán entrar en el terreno de la ilegalidad y clandestinidad. Ya no podrán recibir donaciones para imprimir sus publicaciones o realizar sus actividades de parte de activistas de izquierda o anticapitalistas del llamado primer mundo o no podrán asistir a eventos internacionales, salvo si es pagado de su propio pecunio.

NORMALIZANDO LA CENSURA

En el año 2006 se realizó una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, castigaba el cierre de calles por parte de manifestantes. En su momento los sectores de apoyo al gobierno bolivariano aprobaron la medida con el argumento de la lucha contra el golpismo. Lo que no preveían era que dicha medida se revertiría, rápidamente, contra los sectores que históricamente han hecho del cierre de calles su principal herramienta de presión por sus derechos: Los sectores populares. Hoy, más de 2.500 personas están siendo sometidas a los tribunales por haber participado en una manifestación que “obstaculizó el derecho al libre tránsito”, y como lo han denunciado los propios voceros progubernamentales, más del 70% de estas personas son afectas al bolivarianismo.

Esta misma situación será la consecuencia de la aprobación del “Proyecto de ley de reforma de la ley de responsabilidad social en radio y televisión”, que entre sus novedades se encuentra las regulaciones al uso de internet. Entre los tipos de mensajes que no estarán permitidos en ningún horario se encuentran categorías discrecionales como “aquellos que pudieran incitar o promover y/o hacer apología del delito”; “aquellos que pudieran constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”; “aquellos que estén destinados a desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos”; “Aquellos que puedan incitar o promover el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”. En la normativa se establece que el gobierno restringirá, “sin dilaciones” la difusión de estos mensajes.

Esta norma tiene como objetivo silenciar a las voces críticas del gobierno venezolano que hacen uso de internet, en un contexto de alta polarización de los medios de comunicación, y en donde los autodenominados medios alternativos y comunitarios se han convertido en apéndices de las políticas de la nueva hegemonía informativa estatal, dándole la espalda a las verdaderas luchas populares.

Con la excusa de la emergencia el proyecto chavista ha profundizado sus intenciones de disciplinar a la población en el cumplimiento de su rol en la economía global, que no es otro sino suministrar de manera segura y confiable recursos energéticos al mercado mundial, y por otro lado la estatización de todos los órdenes de la vida cotidiana, un dispositivo –el Estado– que históricamente ha sido denunciado como administrador de las desigualdades y usurpador de las capacidades de los hombres y mujeres libres y solidarias. ¿Estará el proyecto bolivariano catalizando su propio fin agudizando sus contradicciones y alejándose del centro político? Sólo la lucha de los y las de abajo, en los próximos meses, podrá confirmarlo.

Para un análisis de la Ley del Consejo Federal de Gobierno

Para un análisis de la Ley de Comunas

Martes, 14 de diciembre de 2010

Por Rafael Uzcátegui

Periódico El Libertario