Yo sí reconozco los resultados del CNE en Venezuela

Quien sepa el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, el sistema de votación, recuento de votos y comprobación de actas, no puede albergar dudas sobre los resultados emitidos. Desde la Constitución de 1998, tiene el rango de quinto poder del Estado, junto al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral. Su actuación es fiscalizada por los partidos políticos que participan de la vida política del país. Más allá de exabruptos, es una de las instituciones que gozan de mayor prestigio internacional, tanto por su tecnología como los mecanismos para tabular los datos. El CNE es salvaguarda de los derechos democráticos de los ciudadanos venezolanos cuando se trata de ejercer su derecho a voto. Tan fiable como el francés, español o italiano. Cualquier sospecha conlleva sospechar de Francia, Italia, España, Alemania, Holanda o Gran Bretaña. Han sido muchas las elecciones celebradas en la República Bolivariana de Venezuela, donde el CNE ha sido garante de los resultados. Sean regionales, parlamentarias, presidenciales o plebiscitarias, siempre han actuado con rigor. En ocasiones han ganado los partidos opositores, en otras la coalición de gobierno. Pero siempre han respetado escrupulosamente la voluntad expresada en las urnas. No es de extrañar que uno de los juristas más respetados y reconocidos internacionalmente, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, premio Nobel alternativo Joan Garcés Ramón, haya escrito este 29 de julio, en X: En Caracas he presenciado el proceso electoral invitado por el Consejo Nacional Electoral. En los centros de votación y las calles la tranquilidad era manifiesta. El sistema de votación y escrutinio es uno de los más seguros del mundo. En esta dirección se ha manifestado, en diversas ocasiones, el Centro James Carter. Los acuerdos de Barbados firmados en octubre de 2023, entre el gobierno y la oposición, reconocían al CNE como la autoridad electoral, comprometiéndose a no cuestionar sus resultados. Pero como es costumbre, una parte de la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática, no han cumplido lo pactado, traiciona su palabra y al pueblo venezolano.

Desconocer la labor del Consejo Nacional Electoral ha sido su estrategia recurrente. No hay elecciones, a partir del triunfo de Hugo Chávez Frías en 1998, donde la oposición no acuse al CNE de fraude, cuestionando los resultados. Una lógica que tiene más repercusión a nivel internacional que en la propia Venezuela. Se trata de crear una imagen distorsionada, bajo el argumento falso de ser un país sometido a una cruel tiranía. Pero la real es bien otra. Cabría preguntarse qué tiranía es aquella donde los candidatos opositores se mueven libremente por el país, controlan la televisión por cable, hacen uso indiscriminado de las redes sociales y en sus arengas piden la intervención extranjera, alientan un golpe de Estado, llaman a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional y se vanaglorian de tener amigos poderosos que les financian y apoyan en sus demandas. Eso es libertad de expresión y prensa, algo que Chile, por ejemplo, no posee.

Las declaraciones de María Corina Machado, dando ganador a su candidato Edmundo González, son calco de las emitidas tras las elecciones presidenciales de 2013, en las cuales se enfrentaron al candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles y Nicolás Maduro, entre otros. Sin embargo, Capriles, a pesar de haber estampado por escrito que aceptaría los resultados, emponzoñó el proceso, declarándose ganador. En este contexto pidió el recuento de todos los votos emitidos, demandó trasparencia, impugnó y solicitó una nueva convocatoria. El CNE, lo sabía la oposición, no tenía facultad para realizar dicha petición, pero se cambiaron las leyes. El recuento se llevó a cabo contabilizándose todos los votos emitidos. Seguramente, ocurrirá lo mismo en esta ocasión. Esa ha sido la norma. Pero, cuál fue el resultado de tal petición. El 11 de junio, el CNE emitió sus conclusiones, Nicolás Maduro Moros, había ganado, no encontrándose prueba de manipulación, subrayando que el índice de desviación había sido irrelevante, situándose en un irrisorio 0,02 por ciento. Sin embargo, Capriles insistió, abriendo una campaña de odio cuyo objetivo era tomar las calles, declararse en rebeldía, convocar a la desobediencia civil; en el horizonte, desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y aumentar el nivel de violencia, para hacer insostenible el gobierno. Eufemísticamente dicho plan se denominó La salida. Aunque fracasó, se llevó por delante a cientos de venezolanos simpatizantes del gobierno. Ahí cobraron relevancia los cortes de carreta, las barricadas, los asaltos a locales gubernamentales, centros de salud, la quema de autobuses, transportes públicos, etcétera. Pasaron a la historia como las guarimbas, entre sus responsables María Corina Machado.

Estamos en 2024, pero al igual que ayer, el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, plantea dudas necesarias sobre el proceso y pide que se respeten los resultados (sic), no faltó tiempo para que el progresista Gabriel Boric se hiciera eco, declamando que los resultados no eran creíbles. Por su parte, la Unión Europea, gobiernos, partidos de derecha, socialdemocracia, medios de comunicación, redes, niegan legitimidad al CNE y cuestionan el triunfo de Maduro. Eso sí, la única manera de hacer fraude, curiosamente, está en manos de la oposición: piratear el sistema mediante hackers. Los mecanismos de la inteligencia artificial y el big data han sido el arma utilizada para revertir las elecciones. No lo consiguieron, pero lo han intentado. Todos a una. No se trata de pedir el recuento de votos, lo que se busca es anular los resultados expresados en las urnas, y les guste o no, éstos dan ganador al Gran Polo Patriótico y su candidato, Nicolás Maduro. Si la oposición quiere gobernar en la República Bolivariana de Venezuela, deberá primero empaparse de valores democráticos, de los cuales, lamentablemente carece.

Por Marcos Roitman R.

Columna publicada originalmente el 30 de julio de 2024 en La Jornada de México.

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