Al gobierno de Piñera no le ha quedado otra que abordar parcialmente algunos de los inmensos problemas acumulados tras veinte años de minusvalía institucional de los gobiernos de transición; que precisamente por ello se disolvieron en querellas intestinas.
El más grave, sin duda, es que el país continúa regalando sus abundantes recursos naturales. Diez mineras de cobre, todas extranjeras excepto una menor, han obtenido utilidades por 76.800 millones de dólares entre 2005 y 2009, el equivalente a la mitad del presupuesto del Estado en los mismos años y más de tres veces el total de sus inversiones entre 1974 y 2009. El 2010 sus ganancias andarán cerca de 30.000 millones de dólares.
El resultado es que de acuerdo al Comité de Inversiones Extranjeras, un tercio de todas éstas a lo largo de cuatro décadas se han dirigido a la minería y un quinto adicional a electricidad, gas y agua. En otras palabras, más de la mitad de las inversiones ha ido a parar a sectores basados en recursos naturales que ocupan menos del uno por ciento de la fuerza de trabajo, mientras un ocho por ciento de ésta ha permanecido desocupada en promedio desde el golpe militar.
Al mismo tiempo, se ha desmantelado el sistema de educación pública gratuito y de buena calidad que en 1973 tenía matriculado al 30 por ciento de la población del país. Hoy solo un 27 por ciento estudia en el sistema público y privado, en todos los niveles; el aumento de cobertura se ha logrado solo porque ha disminuido la proporción de jóvenes. En lugar de facilitar el acceso, se ha convertido la educación en un negocio cuyo costo agobia a las familias que deben solventar más de la mitad del total, el 86 por ciento de las universidades y el 100 por ciento de la educación terciaria técnica.
Todo ello ha sido impulsado por una pequeña elite segregada que se ha apropiado nuevamente del grueso de los recursos naturales y deriva sus ganancias principalmente de la renta de los mismos, en lugar de basarlas en la ocupación productiva e innovadora de una fuerza de trabajo calificada, como hacen todos los países capitalistas hechos y derechos, desarrollados y emergentes por igual.
Chile se ha transformado en un coto de caza privado de rentistas, los cuales, como sabe, no son realmente capitalistas sino parásitos de aquellos. Sólo el Estado puede ponerle término, como lo hizo a lo largo del medio siglo de desarrollismo singularmente avanzado y democrático que terminó trágicamente en 1973. Pero no dirigido por gobiernos atados de manos o que, como el actual, ya han demostrado no dar el ancho para resolver este problema.
28 de enero de 2011
Por Manuel Riesco
Economista del Cenda
(*) Esta nota fue publicada en Imaginarios Culturales para la Izquierda, enero 2011.