¿Medios intocables?

Esta semana se difundió el último Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudio riguroso del estado de la libertad de expresión en cada uno de los países del continente. En lo principal, detalla situaciones de persecución penal, agresiones y detenciones de periodistas y comunicadores. Se trata, por lo tanto, de un enfoque de la libertad de expresión desde el punto de vista de los medios y de los comunicadores.

No obstante la probada seriedad del Informe, parece ser que no se atiende suficientemente la posición de los demás titulares del derecho a la libre expresión – toda persona-, ni se abordan vulneraciones al derecho social a la información cometidas por los propios medios de comunicación. De este modo, no existen referencias a prácticas de silencio informativo sobre asuntos de interés público, ejecutadas en contextos de alta concentración de la propiedad de los medios, como ha podido verificarse en Chile en determinadas contingencias.
Queda la impresión que en estos informes se descartara de plano que los medios de comunicación puedan ser agentes que atenten contra estos derechos.

En otro plano, algunas conclusiones llaman la atención. En el capítulo sobre Argentina, dentro del apartado “Agresiones, detenciones, amenazas” se incluye el siguiente párrafo:

“La Relatoría Especial recibió información concerniente a comentarios hostiles de parte de altos funcionarios de Gobierno hacia periodistas y medios de comunicación. El 31 de octubre el entonces ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, habría atribuido a los periódicos Clarín y La Nación la intención de “generar climas extraños(…) en forma permanente” y habría calificado a ambos medios como “enemigos del Gobierno y enemigos del conjunto de los intereses argentinos”, en una entrevista ofrecida a Radio Continental acerca de las críticas al Gobierno por medidas para frenar la demanda de dólares” (pág. 25).

Resulta dudoso, a lo menos, tomar nota de estas declaraciones como virtual atentado a la libre expresión. No es un misterio que en algunos países se libra una fuerte lucha política entre los gobiernos progresistas y poderosos grupos mediáticos, ni que las operaciones políticas de estos últimos sean muy habituales. En este contexto, decir que ciertos medios son “enemigos del Gobierno….” podrá calificarse de justo o injusto, pero sólo refleja la intensidad del conflicto.

Cabe afirmar también que la libertad de expresión como derecho no excluye a las autoridades, por lo que no parece exigible que deban inhibirse ante la hostilidad de los grandes medios.

La CIDH, en sus conclusiones, exhorta a las autoridades a “evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos”(pág. 356).

Un llamado no muy equilibrado, si consideramos, por ejemplo, el caso ecuatoriano, donde un medio conservador pretendió estigmatizar al presidente Correa como “dictador”, imputándole haber ordenado disparar a civiles, en medio del frustrado golpe de Estado de 2010.

Por Luis Cuello