Las autoridades ucranianas dijeron que la minería de criptomonedas no requiere actividad reguladora de los organismos gubernamentales de supervisión u otras regulaciones de terceros.
En su manifiesto sobre activos virtuales publicado el 7 de febrero, el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania declaró que la minería no requiere regulación por parte de las autoridades estatales, ya que esta actividad está regulada por el propio protocolo y los miembros de la red.
La contribución del regulador a la industria
La agencia destacó además que contribuirá al desarrollo e implementación de tecnologías descentralizadas, así como a establecer entornos de prueba para su evaluación y verificación, y la evaluación de los riesgos potenciales para el mercado.
La agencia se comprometió a promover la interacción entre el mercado financiero y los activos virtuales y su desarrollo efectivo, las mejores prácticas internacionales sobre tributación de activos virtuales, así como establecer mecanismos efectivos para prevenir el abuso y el delito de las empresas y las fuerzas del orden.
La exploración activa de criptomonedas en Ucrania
Ucrania parece estar explorando activamente la moneda digital y el espacio blockchain, en los últimos meses. A fines de enero, el Ministro de Finanzas de Ucrania habría dicho que el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania (SFMS) sería la autoridad responsable de rastrear las fuentes de origen de los fondos en las criptobilleteras de los ciudadanos. Por lo tanto, el SFMS podría no solo descubrir el origen de las criptomonedas sino también detectar cómo se han gastado esos fondos.
En diciembre pasado, el gobierno de Ucrania aprobó la versión final de una ley de lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales según las pautas del GAFI.
La nueva ley incluye algunas pautas sobre cómo el Gobierno tiene la intención de monitorear y regular el comercio de criptomonedas. Una de las pautas se centra en las criptotransacciones individuales con un valor inferior a 30,000 hrivnia (USD 1,300), de las cuales el gobierno solo recopilará la clave pública del remitente con el fin de realizar un seguimiento financiero.
Cortesía de Ana Alexandre Cointelegraph
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