La Justicia británica ha condenado este miércoles a ocho años de prisión a un empleado de un restaurante de comida rápida quien comerciaba con bitcóins para traficar a través de la Red oscura enormes cantidades de drogas provenientes de varios países.
«Johnson usó Internet para cometer sus crímenes, dirigió una empresa comercial organizada y comerciaba con criptomonedas en un intento de ocultar su actividad criminal a las autoridades», señala en un comunicado la Policía de Leicestershire.
Paul Johnson, un británico de 32 años de la localidad de Market Harborough (condado de Leicestershire, Inglaterra), se graduó en una facultad empresarial. Después de terminar sus estudios, no consiguió obtener un empleo cualificado y acabó trabajando en un restaurante de KFC.
«Como consecuencia, comenzaste a comerciar cannabis y usaste de manera desafortunada tu inteligencia y, en cierta medida, te volviste adicto al tráfico de drogas», le dijo durante una audiencia en la corte de Leicester Crown el juez Nicholas Dean, citado por el diario local Leicester Mercury.
Una casa, dos autos y 2,5 millones
En diciembre de 2017, la Policía encontró en la vivienda de Johnson tabletas de éxtasis (MDMA), LSD, heroína y ketamina por valor de 9.000 dólares. Además, los oficiales descubrieron en el portátil del sospechoso pedidos de drogas y otras informaciones relacionadas con su negocio ilegal.
Johnson encargaba narcóticos ilegales a proveedores de varios países. Las drogas eran entregadas por correo a tres propiedades alquiladas por el acusado, que luego las redistribuía a sus clientes, también por correo postal. Se estima que este sistema ilícito brindó a Johnson «alrededor de dos millones de libras» (más de 2,5 millones de dólares), según indicó el juez Dean.
Tras ser declarado culpable de narcotráfico y de adquirir y poseer fondos y bienes delictivos (una casa y dos vehículos), el hombre fue condenado a ocho años de prisión.
Su esposa, Lia Johnson, de 28 años y con quien tiene un hijo en común con problemas de salud, fue condenada a una pena en suspensión de dos años de prisión. Además de considerarse que hizo la vista gorda ante las actividades criminales de su marido, la mujer fue encontrada culpable de adquirir y poseer bienes delictivos.
Cortesía de RT
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