Solicitan al gobierno que servicios culturales vuelvan a estar exentos de I.V.A

Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE) señala que: “cultura es salud, es educación, es un derecho, y como tal, debe continuar exenta de iva”

“Históricamente los servicios de educación, salud y transporte público, han estado exentos de IVA porque son servicios que remiten a un derecho garantizado constitucionalmente”.

Esta modificación viene de la administración anterior que llega el Ejecutivo actual. Al respecto CICE señala: “Evidencia desprolijidad e indiferencia frente a uno de los sectores laborales más precarizados de la sociedad chilena y que luego de casi 3 años de paralización está tratando dificultosamente de sobreponerse y reactivarse”.

Se ha indicado que el sector Culturas, Artes y Patrimonios debe ser una responsabilidad del Estado de Chile, conservado constitucionalmente como derecho humano, desde su creación hasta la protección de sus trabajadores. “Somos un derecho, un servicio básico, somos trabajo y como tal, exigimos que el desarrollo de nuestra labor, que es sólo beneficio para la comunidad, continúe exento de IVA”, señaló CICE.

En esa línea, CICE, con el propósito de revertir esta arbitrariedad, ha comenzado a reunirse con personeros del ejecutivo, incluido el titular de la cartera de Hacienda, Mario Marcel, frente a la modificación a la Ley 21.420, en la cual se comenzó a gravar a los servicios culturales con IVA, a partir del 1 de enero del 2023.

En este marco, la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE), señaló: “Históricamente los servicios de educación, salud y transporte público, han estado exentos de IVA porque son servicios que remiten a un derecho garantizado constitucionalmente, es decir, el servicio en cuestión no pertenece a la esfera comercial. Por esta razón, las sociedades, agrupaciones, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, estaban en el mismo estadio de servicios que, al no tener un sentido comercial, compartían esta facultad en su mayoría por aportar en el ejercicio de derechos de sus consumidores y – en lo concreto – sus pagadores generalmente están en el ámbito de lo público o pertenecen a entidades de educación, salud y/o servicios básicos exentos de IVA, o bien, dependen de la tan bullada “ficticia” audiencia nacional. Sin embargo, y a raíz de las modificaciones que se realizaron para mantener el financiamiento de la nueva Pensión Garantizada Universal, el sector cultural dejó de estar exento de IVA en conjunto a otros servicios, aún cuando el resultado de su trabajo es eslabón clave para procesos de educación, reparación y rehabilitación social, traspaso de identidad nacional y desarrollo humano de la nación”.

Si bien esta modificación es de la administración anterior, el acuerdo que llega el Ejecutivo actual, “al menos evidencia desprolijidad e indiferencia frente a uno de los sectores laborales más precarizados de la sociedad chilena y que luego de casi 3 años de paralización está tratando dificultosamente de sobreponerse y reactivarse. El sector cultural no cuenta con manufactura donde pueda recargar este valor agregado, ni tampoco puede cobrarsélo a una audiencia históricamente inexistente por la inercia de autoridades que nunca han entendido realmente el desarrollo del fomento y la promoción de las Culturas, Artes y Patrimonios”, señala CICE.

La coordinadora también indica: “Por otra parte, es irrisorio pensar que, con el esfuerzo que se ha hecho para transformar las figuras legales en pos de la formalización del sector, hoy se nos vuelva a obligar a cambiar las personalidades jurídicas para evitar todos los perjuicios que trae esta medida. ¿Cómo se puede pedir confianza en una administración que ni siquiera tomó medidas presupuestarias para contener esta modificación? En el diseño presupuestario 2023 de MINCAP ni siquiera estaba contemplada esta alza en los costos del ciclo productivo a la hora de hablar de Fondos de Cultura 2023. Nos preguntamos con justa razón entonces: ¿Se podrán ejecutar en su totalidad dichas adjudicaciones con esta carga impositiva que no estuvo contemplada en su diseño? ¿Qué se puede esperar entonces, de un Gobierno que, frente a nuestras denuncias por esta situación, gestionadas oportunamente en octubre 2022, respondía en ese entonces y ahora en sus capacitaciones: “no sabíamos cómo funciona el sector”?”

Igualmente, CISE denuncia: “A este sector cultural, que sigue sometido a una concursabilidad miserable y perversa, ese mismo sector que aporta entre un 1 a 3% más que otros sectores de la economía al PIB y que a pesar de ello, no logra obtener un 1% del gasto fiscal, hoy se pretende someterlo a disminuir aún más todos sus ingresos con el pago de un valor agregado que no puede sostener! Una vez más, se pretende que los mismos trabajadores, asuman el costo de la falaz “democratización de la cultura”, porque de no hacerse cargo ellos mismos de este valor agregado, se corta el ciclo reproductivo del modelo sociocultural en Chile, dado que a menor ingreso, menor insumo para su creación, fomento y promoción”, sentenciaron.

Finalmente exigió: “El sector Culturas, Artes y Patrimonios debe ser una responsabilidad del Estado de Chile, conservado constitucionalmente como derecho humano, desde su creación hasta la protección de sus trabajadores. Somos un derecho, un servicio básico, somos trabajo! y como tal, exigimos que el desarrollo de nuestra labor, que es sólo beneficio para la comunidad, continúe exento de IVA”.