Varios medios progresistas de Estados Unidos, entre ellos Common Dreams y Business & Human Rights Resource Centre, destacan la franca falta de justicia en un caso en que empresas estadounidenses operaron directamente en coordinación con fuerzas militares colombianas en contra de población civil. Después de una década de lucha por justicia, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este reciente lunes 14 de diciembre a favor de la empresa Occidental Petroleum y el subcontratista de seguridad AirScan Inc. en un caso de acusaciones de violación a los derechos humanos. El ataque coordinado con bombas de racimo, de 1998, causó la muerte de 19 civiles inocentes, y dejó una veintena de heridos. Se habría planeado para atacar supuestas tropas guerrilleras que operaban en el área.
La decisión ratificó el fallo de la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos. En rigor, las familias de las víctimas no podrán continuar con sus casos que apelaban al amparo de legislaciones estadounidenses que protegen a las víctimas de tortura y de abusos en el exterior, entre ellos el Alien Tort Claims Act, o ATCA (ley federal de reclamos por daños a extranjeros), y el Torture Victim Protection Act (Ley de Protección a las Víctimas de Tortura).
El ATCA fue una de las principales herramientas que las víctimas buscaban para apoyar su causa. Este cuerpo legal facilita la iniciación de demandas contra empresas estadounidenses por violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, no es de amplio conocimiento público el hecho de que la propia Corte Suprema agregó en 2013 restricciones a este cuerpo legal originado a fines del siglo XVIII. Las nuevas medidas hacen más difícil demandar a empresas de Estados Unidos por abusos de derechos humanos. Occidental, AirScan y otras, han usado esta reforma a la ley para evitar su responsabilidad legal en diversas ocasiones.
Tanto la International Labor Rights Fund, junto al Center for Human Righs de la escuela de leyes de la Northwestern University han apoyado a las víctimas de este caso. Según los detalles de la demanda, en diciembre de 1998 la Fuerza Aérea de Colombia recibió fondos directamente de la empresa petrolera Occidental para proteger el oleoducto de la zona de Caño Limón. Ese organismo militar procedió a bombardear la zona de Santo Domingo. Se usaron helicópteros Blackhawk, también estadounidenses, recibiendo coordenadas directamente de la empresa de seguridad AirScan, que funcionaba bajo contrato de Occidental. Ciudadanos estadounidenses en aviones provistos por Occidental ayudaron en la operación militar. Existía, además, un militar colombiano colaborando directamente en la coordinación de las tropas del Estado colombiano y la empresa.
Occidental es conocida por las acusaciones de numerosos abusos de derechos humanos, incluyendo sus operaciones de extracción de petróleo en los territoritos del pueblo U’wa. El fallo de la Corte Suprema deja en punto muerto la demanda bajo los tribunales de Estados Unidos. Una causa también fue abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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